IMSS: compras consolidadas, sigue práctica de la OCDE

Cuando uno se equivoca, corrige. Ayer le comenté mi enorme sorpresa por la forma en que se realizó la asignación de la licitación de fármacos del ISSSTE, que dirige Sebastián Lerdo de Tejada , a favor de Fármacos Especializados de José Antonio Pérez, que no sólo supone mayor costo al propuesto por el segundo postor (Nadro) sino impone el contar con un Centro Nacional de Distribución en la zona centro del país de 25 mil metros cuadrados para realizar a partir de ahí la distribución.

Bueno. Esta licitación nada tiene que ver con el sistema de Compras Consolidadas que ha comenzado a realizar el IMSS, que dirige José Antonio González Anaya, y mea culpa fue no haber consultado con la institución antes de escribir mi opinión sobre el tema en comento.

Este programa, debo subrayar, y conforme a prácticas de la OCDE, incluye diez licitaciones y se ha realizado sólo la primera sobre material quirúrgico, no medicamentos. Por lo que Antonio Berúmen, director de Administración del IMSS, no pudo participar en el proceso de licitación del ISSSTE y, por lo mismo, la percepción de los participantes en esta licitación del “manejo” a favor de “amigos” que se le atribuye no es verídica.

Las subastas de las compras consolidadas de medicamentos y material de curación que lidera el IMSS en el presente año por un importe conjunto con las demás instituciones de salud del sector gobierno por 43 mil millones de pesos, por lo que pude constatar, no incluyen en ningún caso requisitos como el tener un Centro de Distribución de determinado metraje, pues en el caso particular del IMSS, la institución utiliza su propia infraestructura de distribución de medicamentos.

A reserva de que sigamos licitación por licitación, seguramente podremos verificar que, a diferencia de años anteriores, en la presente administración se han tomado acciones adicionales para fomentar la competencia real entre los proveedores de medicamentos y material de curación en el país y obtener los mejores términos en precio y calidad para las instituciones y gobiernos estatales participantes. Evidentemente habrá perdedores y habrá quien se sienta raspado, porque la práctica implicará competir y garantizar la entrega oportuna a precio adecuado de los materiales y medicamentos de que se trate cada una de las diez licitaciones, que además cuentan con tres testigos sociales, así como con la asesoría y soporte de la Secretaría de la Función Pública y de la Cofecoe, cuya presidenta, Alejandra Palacios, fue una de las investigadoras que más se adentraron en la falta de competencia y cómo resolverla, en el mercado de compra de medicamentos en las entidades de gobierno. Eso me consta.

Y como dice el dicho. Mejor rectificar e informar verazmente que dejar la laguna. Por lo que toca a la licitación del ISSSTE, bueno, la práctica es la misma del sexenio pasado y, por ende, las dudas y creencia de que le falta transparencia persisten. Siempre habrá un granote en el arroz.

De Fondos a Fondo

El cabildeo es una actividad favorable para mejorar el proceso de información e integración de leyes en México y en el mundo. ¿Por qué satanizarla y, más aún, pretender con una iniciativa de ley que más que transparentar la actividad, lo que pretende es acotarla con un registro limitado que alguien pueda decidir.

Si la iniciativa de la diputada Merilyn Gómez Pozos (PT, aunque ellos dicen que no milita), presentada el 29 de abril de 2013, avanza por presión “panista”, según han dejado correr en el PRI y el PRD-PT, pues en parte es una reacción a las denuncias periodísticas sobre el caso PwC, y el supuesto documento en el que ofrece “bajar” cualquier artículo contenido en la iniciativa de reforma hacendaria propuesta por la SHCP de Luis Videgaray, por una cantidad en pesos o en dólares.

Mire, sacar de la enfriadora la iniciativa, que es un mal refrito de la que presentó en su momento la diputada, a la que le atribuyen una gran empatía personal con el diputado Villarreal, pero pretende llevar lo que prevalece en el reglamento a ley sin que en ningún caso se trate de un ejercicio de transparentar el cabildeo. De hecho, la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo (Procab), que preside Raúl Rodríguez Márquez, ha pedido por todos los medios que se regule la actividad del cabildeo permitiendo el registro abierto de colegiados que firmen y suscriban el código de conducta (autorregulación) que se han impuesto, pero al imponer un registro caprichoso y además no permitir que servidores públicos puedan cabildear, es tanto como decir que nadie del equipo del secretario de Hacienda debió estar defendiendo y cabildeando cada una de las propuestas del Ejecutivo, porque es algo indebido.

Es cierto, el caso PricewaterhouseCoopers fue muy curioso porque se percibe que lo aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de José Isabel Trejo con 30 votos a favor, pareció mostrar que la empresa cabildera de las refresqueras tuvo un mayor poder de convencimiento que aquella que representa los intereses de las compañías de alimentos denominados chatarra.

Esto porque la mayoría legislativa en la comisión conformada por el PRD, el PRI, el PVEM y Nueva Alianza (no el PAN) aprobó el impuesto de un peso por litro a las bebidas con contenido de azúcar y con el IEPS 5% a 9% a los alimentos chatarra. Es decir, transfirieron el gran impuesto original para evitar el consumo de refrescos a otras compañías que están involucradas en el tema de la obesidad. O sea, ¿es reacción al cabildeo y no a la racionalidad económica y financiera del impuesto?

Pues honestamente sí necesitan que el cabildero les explique y les provea de información para que tomen decisiones racionales estos legisladores, no impuestos-castigo contra productos específicos porque los representó una empresa de cabildeo.

Por supuesto, la reacción del Consejo Coordinador Empresarial de Gerardo Gutiérrez Candiani no se hizo esperar, pues consideró a este gravamen a la comida chatarra como un madruguete legislativo de última hora y sin sustento alguno.

Sin embargo, los cabilderos de los refresqueros, así como la presión social de los productores y sindicatos azucareros, fueron mucho más eficientes en la práctica que los empresarios para explicar a los diputados que los refrescos no son la única causa de obesidad en México. Así, también hay botanas, confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, dulces de frutas, entre otros muchos que, por supuesto, son una bomba azucarada para quienes los consumen.