¡IEPS o giga IVA, una buena solución fiscal!

Dicen que los “sectores dañados” en la negociación del paquete fiscal que llega este lunes a la Cámara de Senadores, que preside el priista Raúl Cervantes, esperan poder convencer a los legisladores del PRD para que se sumen a los corderistas del PAN y den marcha atrás a los “monstruitos” fiscales que fueron incluidos en la fase final de negociación fiscal sobre alguna parte de la cadena de consumo.

La esperanza muere al último, pero creo que el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, conoce muy bien cómo los argumentos que se presentaron a los equipos de Luis Videgaray, titular de Hacienda, fueron modificando muchos de los elementos que pudieron distorsionar actividades económicas completas, incluyendo la de vivienda, automotriz o maquila de exportación.

Yo siempre he entendido el IEPS como un giga IVA, porque es un impuesto indirecto ligado al consumo (está ligado a la venta de productos, bienes y servicios en el país, no a la producción) y, de pilón, desde su surgimiento en 1980 con López Portillo, se le ha utilizado como el gran compensador del IVA, con el argumento de que se gravan productos y servicios que generan alguna clase de daño físico o ambiental y generan gastos importantes para el Estado.

El problema es que al no contar México con un presupuesto base cero, difícilmente se puede transitar al esquema que permita hacer transparente el destino preciso de cada peso recaudado. No sabemos cuánto de lo que recauda el IEPS de cerveza o al alcohol se va a financiar y con qué efectividad el alcoholismo en México, por ejemplo.

Desde 1995, cuando la roqueseñal nos recetó el primer aumento del IVA, dejando fuera a alimentos y medicinas, se generó la percepción de que habría que eliminar el tratamiento desigual, dejando sólo una canasta básica exenta. Hoy el equipo de Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos, lo exploró, pero siempre es difícil separar la capilaridad de ese impuesto. Sin embargo, ¡la del IEPS no!

Por eso lo que sale de Diputados no es un monstruito, sino un ejercicio que puede diferenciar, con cara de impuesto por la salud o por el ambiente, nuevos productos que tarde o temprano tendrán que transitar al IVA, como debiera ocurrir con medicinas, cuando hay esquemas de subsidios tan amplios como conocidos.

Con el CCE al fin, el acuerdo más importante es que no hay ya IETU ni IDE, pero a cambio no hay tratamientos especiales ni regímenes preferenciales, como siempre lo habían solicitado los especialistas tributarios y voces partidistas y en el Congreso de la Unión.

Está lejos quizá de ser la reforma perfecta, pero va en el camino correcto, como apuntó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y, mire, Videgaray tiene ya el ojo en el gasto y su reto no solamente será explicar y convencer con más detalle en qué se van a gastar los recursos y cómo se cuidará la calidad y transparencia del gasto, sino en cambiarle la neurona con visión estructural a quienes gastan el dinero para que lo enfoquen a crecer la economía y mejorar la eficiencia del servicio público y no la burocracia o el bolsillo de sus “amigos y familiares”.

De Fondos a Fondo

Esta semana, además, la distracción se irá a otro frente: la secundaria de Telecomunicaciones y RadioDIfusión que está lista y ha preparado el Pacto por México. Usted sabe que la diputada Purificación Carpinteyro presentó su iniciativa el miércoles de esta semana y, dicen por ahí que podría ser la de la izquierda negociadora.

Ahí el compensado será el PAN, de Gustavo Madero; dicen por ahí porque el que ha estado muy activo es Juan Molinar en la revisión de la propuesta. 

Por cierto, ayer MVS, de Joaquín Vargas, le puso fin a su “me la estoy pensando” y a través de Alejandro Mayagoitia, representante de los concesionarios de la banda de 2.5 GHz, y presidente de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), avaló la negociación a la que llegaron con Ignacio Peralta, el subsecretario de Comunicaciones, justo antes de que el IFT, cuyo pleno preside Gabriel Oswaldo Contreras, se constituyera. Así que el expediente se fue en los que entregaron el lunes pasado con todo y espectro.

Más de 70% de la tierra en México no está titulada, y de las 28.6 millones de viviendas/hogar del país, más de 50% no tienen escritura, o la escritura de la propiedad no está a nombre del que la ocupa. De ese tamaño es la irregularidad o el desafío de la Sedatu, que encabeza Jorge Carlos Ramírez Marín, pero también la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong.

Fíjese que Manuel e Ingrid no sólo dejaron una gran afectación en el país a mediados de septiembre, sino que tuvieron un efecto negativo sobre la promoción activa de la titulación en el país que llevan a cabo los notarios asociados en la Asociación Nacional del Notariado de México, que preside Javier Pérez Almaraz.

De ahí los notarios del país integrantes de la ANNM extendieron en octubre el Mes del Testamento, programa que cumple 11 años, pero que ha inducido positiva, aunque incipientemente, la formalización de la propiedad en México y cuyo único problema —en mi opinión— es que el programa siempre se politiza o se burocratiza, porque se liga a programas de adultos mayores o a entregas masivas, que hacen que muchos de quienes se inscriben en el programa no terminen el proceso de registro e inscripción notarial. 

En lo que resta del mes, seguirá costando menos de 50% del arancel promedio en el Estado de que se trate y, a nivel nacional, el arancel —que por cierto no fijan los notarios sino los estados— ronda tres mil 300 pesos por testamento y, en lo que resta de octubre, baja a mil 500 pesos.

Considere que estarán participando las más de cuatro mil 500 notarías colegiadas, pues la nueva estructura de la ANNM, además de muy incluyente porque integra a los presidentes de las 32 entidades federativas del país, afilia a más de tres mil 300 notarías en forma individual.

El programa ha sido bueno, porque sólo en el Distrito Federal, bajo la jefatura de Miguel Ángel Mancera, el número de escrituras regularizadas a partir del programa de testamentos subió de 30 a 34% entre 2005 y 2010, lo que muestra que 65% sigue sin titularse.