IFT, a marchas forzadas para cumplir agenda

Los siete comisionados del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que preside Gabriel Contreras, trabajan a marchas forzadas para poder cumplir con la apretada agenda que quedó establecida en la Constitución al aprobarse la reforma financiera.

Técnicamente el plazo es de 180 días a partir de que el IFT inició operaciones el pasado 10 de septiembre, lo que implica que en menos de cinco meses el Pleno tendrá que determinar cuáles son los agentes preponderantes en radiodifusión y telecomunicaciones y regularlos con reglas asimétricas, lo que incluye la desagregación del bucle de Telmex y la revisión de su título de concesión; integrar toda la información para un registro público de concesiones y estamos hablando de más de tres mil; verificar el cumplimento de las obligaciones previstas en las concesiones y emitir las bases para la licitación de las dos cadenas de televisión abierta; la red pública compartida a mayoristas; las bases de licitación de la banda 700 MHz.

En forma paralela, el IFT tiene que resolver los más de dos mil expedientes de temas pendientes que recibió tanto de la otrora CFC en materia de competencia y de la SCT, como son las propuestas de sanción que emitió la Cofetel, pero que no podía imponer directamente a los concesionarios por no ser autónoma.

Además, el IFT tendrá también que licitar —fuera del plazo de los 180 días— los 130 MHz de la banda 2.5 ghz que rescató la SCT y fijar la contraprestación para el uso de la banda 2.5 GHz que tendrán que pagar los concesionarios encabezados por Joaquín Vargas que conservaron gratuitamente 60 MHz de esta valiosa banda, pero que no podrán utilizar para ofrecer servicios de internet y migrar al régimen de concesión única, hasta que paguen la contraprestación.

La gran duda, desde luego, es saber si se logrará terminar con la apretada agenda antes del 10 de marzo de 2014, cuando vence el plazo de los 180 días.

Manejará IMSS seguro de desempleo y pensión universal

Un acierto, sin lugar a dudas es la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de que sea el IMSS, que dirige José Antonio González Anaya, el encargado de manejar tanto el seguro de desempleo como la pensión universal, que son el componente social de la reforma hacendaria.

Esto implica que una vez reformada la Constitución para la pensión universal no será ya la Secretaría de Desarrollo Social la que maneje los recursos del programa 65 y Más que otorga cerca de 600 pesos al mes a los adultos mayores de 65 años y ahora se pagará a todos los mexicanos que no tengan acceso a ninguna otra pensión.

Estamos hablando de un presupuesto muy importante de más de 44 mil millones de pesos que maneja hoy la Sedesol, pero el hecho de que ahora lo opera el IMSS le dará mayor transparencia y se evitará cualquier suspicacia sobre su uso político, porque el IMSS paga hoy más de tres millones de pensiones al mes en más de 80% vía electrónica y, además, es un órgano tripartito en el que participan el sector privado, el obrero y el gobierno federal.

Desde luego, 600 pesos es una pensión muy baja, pero la meta es subirla gradualmente a por lo menos la mitad de un salario mínimo.

Roberto Alcántara; Miguel Barbosa

Esta semana el Premio Naranja Dulce es para Roberto Alcántara, presidente de VivaAerobus porque anunció inversión por cinco mil millones de dólares para la compra de 52 aviones Airbus lo que le permitirá incrementar y modernizar su flota. Desde luego, en Airbus brincan de contentos porque es el mayor pedido realizado por una aerolínea latinoamericana.

Lo que sorprende es que el anuncio del pedido de VivaAerobus se presentó justo al mismo tiempo que la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), que preside Andrés Conesa, y la Asociación Sindical de Pilotos (ASPA), que encabeza Carlos Manuel Díaz, realizan un intenso cabildeo en el Senado para tratar de revertir el IEPS a la turbosina propuesto en la reforma Hacendaria, que ya fue aprobado por los diputados.

El Limón Agrio de la semana es para Miguel Barbosa, líder del PRD en el Senado, por la propuesta del PRD de crear un nuevo impuesto para grandes empresas, regresando al IETU de cinco por ciento. Una de las pocas ventajas de la reforma hacendaria de Enrique Peña Nieto es precisamente que desapareció el IETU, un impuesto que nació, en efecto, como un gravamen mínimo o de control, pero en la práctica se tradujo en una doble contabilidad para empresas y personas físicas que cobran por honorarios. El IETU es un impuesto acreditable contra el IVA y es un doble absurdo pretender reactivarlo con una tasa de 5% cuando era de 16% y después de que la propia SCHP decidió desaparecerlo por su ineficacia como impuesto de control y optó por desaparecer regímenes especiales y modificar la consolidación fiscal.