David Páramo

Análisis superior

David Páramo

29 Oct, 2013

Que lo amarren (II)

Juan Pablo Castañón, lejos de comprender la situación, está radicalizando su posición no sólo en contra del gobierno sino también en contra de los legisladores.

El líder nacional de Coparmex inició una campaña en todos los centros patronales del país que tiene como objetivo “exhibir” a los legisladores que votaron a favor de la iniciativa hacendaria del gobierno (que será votada hasta hoy), puesto que la consideran altamente nociva para México.

El líder de la iniciativa privada ha ido subiendo la presión con el paso de los días. Pasó de asegurar que 90% de la iniciativa fiscal no servía a tomar argumentos que en un extremo y otro son muy parecidos a los que emplean Gustavo Madero y Andrés Manuel López Obrador a decir que lo aprobado es muy nocivo para el país.

La posición del primero es explicable sólo por su pequeña estatura como dirigente de Acción Nacional y porque sólo tiene los ojos puestos en perpetuarse en la presidencia de ese partido al que tanto daño le ha hecho. La del segundo es una suerte de locura, ahora resulta que está en contra de algunos de los que fueron temas de sus dos fracasadas campañas a la Presidencia de la República.

Hay quienes han entendido que la posición del líder de Coparmex es la de toda la iniciativa privada; sin embargo, no es así puesto que el pleno del Consejo Coordinador Empresarial optó por una posición muchísimo más constructiva y, comprendiendo el derecho del Presidente de presentar esta iniciativa, trabajó en perfeccionar lo enviado por el gobierno federal.

Es excesivo decir que hay un rompimiento del Presidente con la iniciativa privada. Es con Coparmex y la administración de Enrique Peña Nieto ha dejado suficientes símbolos para que no haya duda como no ir al foro anual de Coparmex en Acapulco a pesar de estar en esa localidad.

Si hay incomodidad de prácticamente toda la iniciativa privada que, sin duda, es hasta cierto punto lógica. La política seguida por los últimos tres gobiernos federales fue particularmente proclive a las demandas de la iniciativa privada y se le privilegió sobre otros sectores de la economía con la esperanza de que su florecimiento fuera el gran motor del bienestar económico.

Sin embargo, es un despropósito lo que hace el presidente de Coparmex.

Le convenga o no, el gobierno de Peña Nieto y la composición del Congreso de la Unión se acordó por la mayoría de los mexicanos que acudieron a las urnas.

Es un gobierno legal y legítimo que tiene la obligación y el derecho de conducir al país en materia económica de común acuerdo con el Congreso de la Unión.

Puede ser duro salir de la zona de comodidad en la que estaba la iniciativa privada, pero también es un hecho que no están promoviéndose locuras o irresponsabilidades al estilo de Argentina o Venezuela. Vamos, no es el gobierno que habría prometido Andrés Manuel López Obrador.

Que si realmente se cree en la democracia, como siempre lo ha dicho Coparmex, se debe construir sobre esta nueva realidad fiscal. Se debe trabajar en que, efectivamente, cumpla los objetivos que se plantean y que son de bienestar económico.

Los impuestos no son fáciles ni populares, pero es un hecho que algo se debe hacer puesto que de acuerdo con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, mientras que los países de la OCDE la recaudación supera 26% del PIB en México se encuentra en rangos de diez por ciento.

La iniciativa del presidente Peña Nieto busca aumentar la recaudación para impulsar el gasto por lo menos a niveles de otras naciones de América Latina. En naciones como Chile, Colombia o Brasil el gasto público ronda de 25 a 40% del PIB y en México no llega a 20%, lo que genera una gran cantidad de rezagos.

Así las cosas, es necesario que Coparmex y su líder reflexionen sobre su posición. En una democracia es mucho mejor ponerse del lado de quienes construyen y no los que todo revientan porque se les pide un sacrificio. Se tiene que exigir rendición de cuentas y un uso adecuado de los recursos.

Quizá lo que deberían preguntarse los miembros de la Coparmex es qué tanto les conviene el panismo radical de Castañón o su intento de quedarse un año más al frente de este sindicato patronal.

Reflectores

Absolutamente nadie puede estar en contra de que se realicen foros que tienen como principal objetivo dotar a los legisladores de elementos para la toma de decisiones; pero, lo menos que se puede pedir es que los hagan bien y no para atraer reflectores para uno u otro legislador.

Muy posiblemente usted haya visto que ayer se convocó al inicio de un foro que tiene como objetivo hablar sobre las regulaciones secundarias en el sector de las telecomunicaciones. De hecho, ayer mismo participó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien hizo un recuento de los temas que fueron aprobados en los cambios a la ley del sector.

Hasta ahí todo estaba perfecto; sin embargo, a la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Alejandra Barrales,  “se le olvidó” invitar a los miembros de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado de la República.

Hay varias lecturas sobre el tema:

Primera. Que la ex secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación quería todos los reflectores para ella.

Segunda. Que “se equivocó la asistente” al momento de mandar las invitaciones.

Tercera. Que los perredistas quieren “capturar” la regulación del sector de las telecomunicaciones luego de que se dieron cuenta que la llamada reforma al sector poco o nada sirve para regular las prácticas monopólicas. Por el contrario, hasta fortalece al grupo dominante en la telefonía que, por cierto, es más de diez veces más grande que el de la televisión. Claro, aun cuando menos llamativo.

Cuarta. Que simplemente no puede ver ni en pintura al presidente de la comisión de telecom en el Senado, Javier Lozano Alarcón.

Sea como sea, la realidad es que el hacer foros en los cuales se parecería que se tratan de robar banderas es simple y sencillamente un error provocado, quizá por el exceso de ambición.

Responsabilidad

Ahora que la aprobación de la reforma fiscal se encuentra en su último tramo en el Senado, conviene recordarle a nuestros legisladores de la responsabilidad que tienen con los mexicanos, particularmente con los más pobres, porque sin lugar a dudas la baja recaudación tributaria en el país hace inviable el cumplimiento de los derechos sociales fundamentales.

La debilidad fiscal del Estado ha sido producto de decisiones políticas de partidos y legisladores que, sin embargo, hoy tienen
en sus manos la oportunidad de asumir su responsabilidad y enfrentar los intereses económicos de grupos particulares que por décadas se han beneficiado de un régimen tributario a modo.

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