David Páramo

Análisis superior

David Páramo

6 Nov, 2013

GEO debe morir

Los directivos de GEO, en particular Luis Orvañanos, confunden sus buenos deseos con la realidad nacional.

A pesar de que, como informamos con meses de antelación, la empresa incumplió con el pago de bonos garantizados con los pagos que los trabajadores hacen al Infonavit, siguen diciendo que están cerca de llegar a un acuerdo con sus acreedores que les permita ir a un concurso mercantil preconcertado.

De entrada, los acreedores (tanto bancarios como tenedores de bonos) no están para cumplirle los caprichos a la directiva de GEO, sino a quienes les confiaron sus recursos, así que resulta ridículo hablar de buena voluntad cuando, en realidad, quienes han incumplido son los de GEO.

En un segundo término hasta el momento la constructora de Orvañanos no ha podido presentar un plan que le permita salir de sus problemas financieros. El esquema de construcción de vivienda con el que se desarrollaron ha perdido toda viabilidad y sus garantías se han venido destruyendo.

La construcción de vivienda ha dejado de ser una prioridad gubernamental como lo fue durante el gobierno de Felipe Calderón que, incluso, tomó medidas adicionales para evitar su caída tras la crisis financiera internacional de 2008-09 manteniendo un agresivo programa de subsidios. Así que esperar que el año próximo o el siguiente se recupere la construcción de vivienda es absurdo.

Peor aún, el modelo de GEO no aplica luego de que la Sedatu, encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín, cambió las reglas de operación para la vivienda. Las grandes reservas territoriales lejos de áreas urbanas, que durante mucho tiempo fueron las garantías de GEO, han perdido gran parte de su valor y de ahí que no tengan elementos reales para buscar una salida que no sea la quiebra.

Los incumplimientos no sólo generan malestar dentro de los bancos y otros acreedores, sino que darán pie a las acciones legales. Quizá sería bueno que la familia Orvañanos se viera en el espejo de los Azcárraga de Grupo Posadas. Gastón Azcárraga no únicamente reventó a Mexicana de Aviación, sino que se ha encargado de llevarse entre las patas a la cadena hotelera.

En próximos días los problemas de la familia Azcárraga trascenderán el ámbito de los tribunales y podrían implicar una gran cantidad de acciones legales.

Suman

Aeropuertos y Terrenos, así como Nuevo Grupo Aeroportuario enviaron un comunicado a la juez Edith Alarcón en el que se suman al acuerdo que ya tienen otros acreedores de Mexicana de Aviación como AICM, Banorte y Bancomext.

Adicionalmente piden que se les hagan precisiones en torno al proceso que han llevado tanto los bancos como la juez y piden que se aumente el capital de la base de mantenimiento, conocida como MRO.

Van mucho más allá al solicitar que ahora ellos también sean considerados como peritos en la valuación que se está realizando sobre los activos de la base de mantenimiento.

Si bien esta información debe ser vista como un buen paso hacia delante, todavía existe una gran cantidad de temas que no han sido resueltos y que, en determinado momento, podrían implicar que el salvamento del único activo de lo que alguna vez fue el grupo aeronáutico más importante del país.

Mal fin

Sin el apoyo que tuvo en su nacimiento El Buen Fin se enfrenta este año a la prueba que mostrará si llegó para quedarse o sólo fue una buena idea de empresarios y el gobierno de Calderón que irá rápidamente al cajón de lo que pudo haber sido.

A unos días de que inicie la versión mexicana del Black Friday de Estados Unidos el interés y conocimiento de las personas sobre su puesta en marcha, así como las ofertas que ofrecerán las empresas amenazan con terminar con esta idea.

Prácticamente nadie ha realizado publicidad y, peor aún, parecería que los comerciantes rápidamente se dieron cuenta que la mexicanización de una idea que responde a condiciones particulares la economía de Estados Unidos, como es que las ofertas se dan al día siguiente del Día de Gracias que es la fiesta familiar más importante de aquel país, simple y sencillamente no jala.

De entrada, hay evidencias de que sólo se están adelantando ventas que de cualquier modo se realizarían en diciembre, es decir, no hay una ventaja superior de hacerlo como fue planteado. En segundo término, la mayoría de los negocios optaron por esquemas de meses sin intereses antes que descuentos y promociones para sus clientes. Las ofertas son sustancialmente menores de lo que debería esperarse o las que algunas cadenas realizan de cara a sus ventas especiales de fin de año.

El desinterés no sólo se da entre las cadenas comerciales, sino también dentro del propio gobierno federal. De hecho, lo único que podría considerarse como promoción de este fin de semana de consumo es el dicho de la dirigencia de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, según el cual se les adelantará 50% del aguinaldo para que lo puedan gastar.

Entre los consumidores tampoco hay un gran entusiasmo por este proyecto, que básicamente ha incentivado la venta de electrodomésticos. De hecho, será una demostración más de que el INEGI tiene razón en sus mediciones sobre la confianza del consumidor, la cual se ha venido desplomando durante todo el año y aún se espera una mayor baja de cara a la entrada en vigor de las nuevas medidas recaudatorias.

¿Dientes?

Los miembros del pleno del Ifetel publicaron cuál debe ser el perfil del encargado de la Unidad de Competencia de este instituto, quien ganará 146 mil 500 pesos mensuales más prestaciones.

Quien sea contratado en este puesto tendrá que determinar si Teléfonos de México es dominante en los sectores de telefonía fija y móvil, así como proponer al pleno los elementos que tendrían que considerarse para cumplir con su comisión.

Tristemente en el instituto que encabeza Gabriel Contreras es de lo poco que ha hecho en estos meses, puesto que parecería que están en una estrategia clara de abdicar de sus responsabilidades como lo es su intento de no expresarse sobre la contraprestación que se debe pagar por la banda de 2.5 GHz, una pelota que han tratado de endosar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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