Se compromete Videgaray a estimular crecimiento económico

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2014, que no tuvo cambios radicales a la propuesta que envió el presidente Enrique Peña Nieto, ya que sólo se le recortaron 12 mil 728 millones de pesos, podemos concluir que al menos en este 2013 el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha resultado mejor político que economista, porque la economía sigue de capa caída y, de acuerdo con un análisis de Monex, el PIB crecerá este año sólo 0.5%, muy por debajo de la meta de 1.7% que aún no baja oficialmente la SCHP, pero tendrá que hacerlo en este mismo mes.

Videgaray se comprometió, sin embargo, a que el nuevo paquete económico el PEF 2014 y la reforma hacendaria permitirán que la economía retome su ritmo de crecimiento y la meta de aumento del PIB aprobada en los criterios económicos para el año próximo es de 3.9% y aun los análisis más pesimistas del sector privado coinciden en afirmar que creceremos entre 3.5 y cuatro por ciento.

El presupuesto de 2014 de cuatro billones 476 mil millones de pesos es el más alto aprobado en la historia con un crecimiento importante de 8.8% en términos reales en relación a este año y la meta del gasto público tendrá un enfoque social, incluidas las partidas para la pensión universal y el seguro de desempleo, que son reformas constitucionales y aún no se aprueban en el Congreso.

Un factor clave para el crecimiento es el aumento que se otorgó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y su titular, Gerardo Ruiz Esparza, tendrá que ponerse las pilas para acelerar el gasto en inversión. La SCT, de hecho, tendrá un presupuesto de 118 mil 832 millones de pesos y es la Secretaría que registró el mayor incremento en su presupuesto en relación al año pasado con 37.7 por ciento.

Desde luego, entre los retos de Videgaray está que ahora sí se ejerza el gasto a partir de enero y no se presenten los rezagos que se presentaron este año y que son una de las causas del mal desempeño de la economía.

Otro reto es que realmente haya medidas de austeridad en el gobierno federal que este año brillaron por su ausencia, a pesar de que se había anunciado a principios de año un programa en todas las dependencias públicas. Y se espera también un esquema transparente de rendición de cuentas del gasto público, sobre todo en los programas sociales, en los que se gastará más en 2014.

Reconoce Mercedes Juan su error en cifras de violencia

No es usual que los funcionarios públicos reconozcan que se equivocan y mucho menos que pidan disculpas por su error, pero ayer la secretaria de Salud, Mercedes Juan, reconoció que se equivocó, y en forma garrafal, al asegurar que el costo de la inseguridad en México es de entre 8% y 15% del PIB, cifra en verdad estratosférica si se compara con la meta de recaudación de la tan criticada reforma hacendaria, que es de sólo 1.5% del PIB. Lo que más sorprendió de las declaraciones de Mercedes Juan, quien se basó —dijo— en reportes del Banco Mundial y la OMS, que incluyen también costos de atención médica, es que la última encuesta del INEGI sobre el costo de la inseguridad en México, que se publicó en octubre pasado, estimó un costo de 215 mil millones de pesos o 1.3% del PIB.

En un comunicado, la secretaria de Salud reconoció que se equivocó, ofreció una disculpa por la confusión que generaron sus declaraciones y reconoció que las cifras oficiales son las de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que realiza el INEGI.

Avanza concurso de MRO

Aunque el Sindicato de Sobrecargos, ASSA, que encabeza el reelecto Ricardo del Valle, se opuso al acuerdo de acreedores para concluir el concurso mercantil de MRO, la base de mantenimiento de Mexicana de Aviación, la juez Edith Alarcón decidió aceptar la propuesta de la mayoría de los acreedores.

Banorte, Bancomext, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que representan 92% de los acreedores de MRO, accedieron a capitalizar sus pasivos para canalizarlos a un Fideicomiso en favor de trabajadores y jubilados de Mexicana y sus subsidiarias. Estos acreedores manifestaron su aprobación a la decisión de la juez, lo que permitirá que la empresa salga del concurso mercantil.

Al respecto, Del Valle ha señalado que los sobrecargos insisten en que Mexicana reanude operaciones, pero para los acreedores gubernamentales lo principal era garantizar que haya recursos para pagar, aunque sea parcialmente, la liquidación de los ocho mil trabajadores de Mexicana que, después de 38 meses sin operaciones, no tienen ninguna opción de sobrevivir y sólo falta que la juez declare la quiebra y el fin del concurso mercantil.