Habría sanciones por ley secundaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el Congreso de la Unión no cumple  con el plazo para emitir la regulación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores deben fincar responsabilidades contra los presidentes de las comisiones legislativas encargadas de discutir y dictaminar las iniciativas presentadas, consideró la diputada Purificación Carpinteyro.

En entrevista con Excélsior, la legisladora perredista, integrante de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, así como la de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, se refirió así al rezago que existe en el análisis y aprobación de esa norma, cuya fecha límite de emisión es el próximo 9 de diciembre.

La ex subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comentó que desde hace un mes fue presentada la iniciativa de Ley Reglamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PDR) a las comisiones respectivas y agregó “me extraña mucho que no se haya convocado para su discusión y análisis”.

En tal contexto, advirtió que en el caso de que no se cumpla con la emisión de la regulación secundaria en tiempo y forma, el PRD ya alista interponer los recursos legales correspondientes ante el Poder Judicial.

Ante las observaciones de legisladores en el sentido de que las cargas de trabajo del Congreso impedirán que la regulación secundaria salga conforme el mandato de la reforma constitucional, Carpinteyro consideró que sí existe el tiempo suficiente para que la norma sea emitida, ya que además los sectores de las telecomunicaciones y de la radio y la televisión “están sobrediagnosticados”.

La legisladora del PRD consideró que a estas alturas del año muchas empresas ya tienen listo su plan de negocios y de inversiones para el 2014, aunque reconoció que aquellas empresas que podrán ser notificadas como agentes preponderantes son las que estarían en incertidumbre.

El camino del fuero

Sin embargo, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), Gerardo Soria, consideró que tal denuncia no procedería.

Ello debido al fuero de que gozan los legisladores en su conjunto y que, en todo caso y en primer lugar “tendría que pasar por el tamiz del juicio político dentro del propio Congreso”, en donde, dijo “es difícil pensar que los legisladores se juzgarían a sí mismos”.

Soria consideró que, de la misma forma, aun cuando se discutieran y analizaran las iniciativas de Ley Reglamentaria propuestas por la diputada Purificación Carpinteyro Calderón y el senador Javier Corral Jurado, no pasarían debido a que “son propuestas tendenciosas”.

Cuenta atrás

Tanto el senador Javier Lozano Alarcón, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República, como  Gerardo Soria, consideran que la regulación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones “no puede admitir improvisaciones” dado que reglamentará mandatos en uno de los sectores que mayor dinamismo da a la economía del país.

Sin embargo, pese a que Lozano consideró que el objetivo ha sido sacar tal regulación en tiempo y forma, Soria observó que en estos momentos no hay el tiempo suficiente para emitirla.

Legisladores, directivos de empresas de telecomunicaciones, analistas e incluso integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, coincidieron que la mayor preocupación en estos momentos es que se desconoce quiénes están trabajando en el diseño de tal reglamentación, si en verdad se está haciendo y menos “la ruta que seguirá”.

Inconformidades

Lozano ha hecho público su desacuerdo con la reforma constitucional al considerar que “los genios de Pacto Rector” manosearon el mandato al incluir temas que bien pudieron ser parte de una Norma Oficial Mexicana (NOM), por lo que toda la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia es más grande que la propia Carta Magna.

Lozano ha advertido que la reforma sólo habrá cumplido su cometido si se logra que cada vez mayor número de mexicanos tengan acceso a más y mejores servicios, a más y mejores contenidos, con menores precios.

Aunque reconoció que se debe garantizar el nivel necesario de certidumbre jurídica para los inversionistas en competencia, para los nuevos entrantes, pero incluso para los dominantes.

La industria considera urgente que sea emitida le ley secundaria, ante la previsión de que la inversión en el rubro caiga 30 por ciento este año.