Seguridad jurídica, clave para todos

Si se pueden resumir las peticiones de la Industria de la Radio y la Televisión al presidente Enrique Peña, a los partidos integrantes del Pacto por México y a las autoridades regulatorias que la rigen, son: reglas claras para todos los jugadores, preservar la libertad de expresión y seguridad jurídica para las inversiones en una industria altamente competida y con fuerte presión por la innovación y cambio tecnológico a la que está sujeta día a día.

Pareciera, por lo dicho por el presidente Peña Nieto, durante la clausura de la 55 semana de la Radio y la Televisión organizada por la CIRT, que el mensaje comunicado por el presidente de la Cámara, Tristán Canales (reelecto por unanimidad), fue coincidente con el que expresó el Presidente.

Salvo por un punto: hasta ahora, la inquietud que persiste es porque no se conoce qué es lo que interpretan los hacedores de las leyes secundarias, de lo que la industria de radiodifusión (televisoras y radio) considera fundamental para competir, para que se emparejen los terrenos de competencia en un entorno convergente con telecomunicaciones.

Competir no es el problema, pero algunas veces se considera que peticiones de requerimiento técnico de la industria (como el que se mantenga la separación de frecuencias de radio en 800 Khz y no se reduzca a 400 MHz, en la transición de AM para la frecuencia modulada), parecieran ser barreras de entrada a competidores que distan mucho de ser realidad.

La realidad de los radiodifusores de provincia es diferente de la de lo que están en la zona metropolitana, y aunque las reglas deben ser generales, el conocimiento de los mercados que se buscan legislar incluyendo el de contenidos, es clave para preservarlos. Por cierto, subieron como vicepresidentes

La única certeza que tiene hoy la industria es que en el Congreso hay una sugerencia de legislación emitida por Canieti, y dos propuestas de ley secundaria, la impulsada por la Amedi y retomada por el senador panista Javier Corral y, con la que se identifica a Juan Molinar, integrante del Pacto y director de la Fundación Rafael Preciado y, la segunda introducida a finales de octubre por Purificación Carpinteyro, y que se considera propuesta del PRD, aunque algunos perredistas en el senado simpatizan mucho con la de Corral.

La del Presidente es una promesa que estará por llegar, pues el secretario Gerardo Ruiz Esparza y su subsecretario Ignacio Peralta confirmaron que fue enviada al Pacto por México, porque se pretende que sea una ley concertada.

Pero hasta ahora, es una ley concertada entre políticos, no precisamente con regulados.

Vea el caso del must offer y must carry. El que se sujete solo a DTH y no se incluya a cableras, de entrada, produce un terreno disparejo. Dish debiera tener la posibilidad de retransmitir tanto como Proyecto 40 de ser retransmitido, pero en ambos casos, el paso del contenido debiera tener una contraprestación porque el generador de éste último es el que realiza una inversión importante y, las audiencias pueden tener muchos medios de distribución para acceder a los contenidos, pero los masivos son por los que el pleito abunda.

Y mire. En mi opinión, la polémica ha crecido porque el IFT interpretó lo que establece la Constitución que es clara al señalar el derecho y la obligación para unos y otros, en función de la cobertura sobre 50% del territorio nacional. Hoy en su interpretación dice que no tomarán en cuenta zonas despobladas y pueden tener razón, pero para variar, no tomaron en cuenta el mercado y, si el Pacto y los legisladores se equivocaron, pues son ellos, los que pueden corregir en la secundaria y arropar, tanto en criterio como en tiempos al órgano regulador.

Insisto. El gran problema que han tenido hasta ahora los reguladores, incluyendo al pleno del nuevo IFT, que preside Gabriel Contreras, y los legisladores de todos los partidos, es que siempre lo hacen pensando en empresas, no en consumidores y mercados.

Por último, nadie duda que el transitorio de la Ley Convergente de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrá tener una dispensa de tiempos, que haría correr prácticamente todos los calendarios de la iniciativa constitucional, si el Congreso en pleno lo aprueba, y que la discusión podría irse a un extraordinario, ya que está lista, pero no habrá entrada hasta que nos e alcance acuerdo en la política, un tema crucial en la sucesión del PAN a favor de Gustavo Madero.

Los acuerdos se están dando. El martes pasa la financiera la segunda lectura en el Pleno del Senado, ya salió la de Transparencia con toda la dispensa y regresa a Diputados y, buscan presionar para que entre la constitucional de energía, que lleva prioridad.

De Fondos a Fondo

Ayer en la inauguración del XX Congreso del Comce, que preside Valentín Díez Morodo, el empresario dio un fuerte espaldarazo al proceso de negociación del TPP y Alianza Pacífico, pues al abrir la posibilidad para que Francisco de Rosenzweig, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, pudiera platicar con todos aquellos que traen preocupación, sobre que incluye y que no incluye la negociación de ambos acuerdos.

Los integrantes del Comce, Concamin de Francisco Funtanet y Cancintra de Rodrigo Alpízar, les quedó claro que en el TLCAN no se reabre con la negociación del TPP, sino que se utiliza este último mecanismo para incorporar temas como el de propiedad intelectual, empresas del Estado que producen o subsidian bienes, y automotriz reglas de origen en cadenas de suministro, que no se incluyeron en el TLC porque no eran tema de comercio exterior en 1993.

Hoy estará el Presidente y también el secretario Ildefonso Guajardo, y será clave para pulsar qué tanto se está curando la cicatriz respecto de los temas fiscales, el ánimo con el que el empresariado los reciba.