Quedan 20 días

El periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión está a 20 días de terminar y se ve muy complicado que pueda cumplir con la ambiciosa agenda que planteó el Presidente de la República y que el 1 de septiembre le llevó a decir que no venía a administrar el país sino a transformarlo para lo que se dio 120 días.

Tristemente el saldo sigue siendo limitado.

Entre las llamadas reformas está la fiscal, que no implicó cambios a la Constitución, pero sí el regreso a una forma de usar el gasto público como motor de la economía. Más allá de los miedos, habrá que esperar a ver cuál es su impacto en la economía, que dependerá del uso del gasto público. Adicionalmente se tendrá que medir el impacto de los cambios a las leyes de transparencia en el gasto público de estados y municipios.

La educativa. Sí implicó cambio a la Constitución y tiene leyes secundarias por lo cual sólo habría que esperar para que cambien las políticas y formas de operación de retrógradas como los de la CNTE.

La de telecomunicaciones. A no ser por la creación del IFT y de la Comisión Federal de Competencia Económica, esta llamada reforma de gran calado no tiene ninguna aplicación práctica, pues no tiene regulación secundaria y no la tendrá, pues los legisladores ya decidieron violar la Constitución y mandar el tema a febrero con una gran cantidad de pretextos a pesar de que ellos se impusieron el plazo del 9 de diciembre.

La reforma financiera podría ser aprobada hoy por el pleno del Senado, luego de que las tres comisiones que la tenían en la Cámara alta ya la votaron a favor. Esta reforma comenzaría a tener impactos hacia la segunda mitad del año próximo, toda vez que se tiene que reestructurar la forma de operar de la banca de desarrollo.

Las medidas para agilizar la recuperación de garantías son, sin duda, un muy importante incentivo para que los bancos puedan disminuir las tasas que cobran por sus créditos.

Hay dudas de que la reforma político-electoral pueda ser aprobada, pues el PRD también le encontró utilidad como una manera de evitar entrar a la energética, a la cual abiertamente se oponen.

Se tienen grandes dudas de que a pesar del trabajo que se realiza en comisiones no sólo se rompa el chantaje del PAN sino que se pueda llegar a la aprobación de la reforma energética que, dicho sea de paso, es totalmente fundamental.

Por el bien de México, más valdría que los legisladores dejen de perder el tiempo y cumplan con su responsabilidad, pues de lo contrario viviremos otra época de gran esperanza y mucha desilusión.

Caídas

El presidente y director general de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, volvió a demostrar que lo suyo no es hacer declaraciones, pues termina
generando problemas al mercado.

Aseguró que no habrá una caída más en los sistemas de la BMV en lo que resta del año, luego de que se han presentado seis en lo que va de 2013. Nuevamente volvió a restar importancia al hecho diciendo que la última se trató de un problema puntual (que tuvo cerrado al mercado por cinco horas) y que la meta es tener una mínima cantidad de interrupciones.

A juzgar por los hechos recientes, la realidad es que, sólo los pocos días para que termine el año serían motivo de que se cumpla la promesa del funcionario señalado jurídicamente por daño moral.

Tuitazos

Mony Sacha de Swaan tradicionalmente se ha sentido víctima de una suerte de campaña en su contra y, ya que como vive juzga, cree que hay intereses pecuniarios en quienes cuestionan su trabajo.

Este hombre, víctima de las redes sociales, va a tener que dar muchos tuitazos en contra de la Auditoría Superior de la Federación, que le está investigando por la asignación de contratos a sus cuates no sólo sin licitación sino en condiciones dañinas para el erario.

En esta columna puntualmente señalamos muchas de las que ahora son líneas de investigación por parte de la ASF. Habrá que ver si ahora Mony Sacha no sale con que alguien le está pagando a quienes lo investigan.

En la mira

El caso de Mony Sacha de Swaan no es el único bajo investigación. La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Julián Olivas Ugalde, tiene bajo investigación a Alejandra Sota Mirafuentes, quien fue la vocera de Felipe Calderón. Los cargos, como verá, no son como para presumir. Se le señala por peculado y tráfico de influencias. La SFP confirmó que tiene abierta una investigación contra la ex coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia y está en la fase de acopio de pruebas para determinar si hubo una actitud deliberada de la ex funcionaria para entregar contratos desde Los Pinos a sus amigos y ex compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). De acuerdo con información que posee la SFP y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Sota encabezó un grupo de amigos y colegas universitarios que se habrían coludido durante el sexenio pasado en beneficio de una sociedad llamada Defoe, Experts on Social Reporting y de la empresa Milenio Consultores. Ambas firmas eran propiedad de José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria, quienes fueron sus compañeros. Incluso, Nares Feria fue subdirector de Opinión Pública en la Presidencia, es decir, su subordinado. A las dos empresas se les habrían entregado, según las primeras informaciones, 45 millones de pesos durante tres años, desde mediados de 2009 hasta noviembre de 2012. ¿Ven? No tiene colita que le pisen, es colota.

Despojo

El drama de Mexicana de Aviación sigue en dos pistas. La primera de ellas tiene que ver con los avances jurídicos en contra de Gastón Azcárraga y la segunda con el fideicomiso de capitalización de la base de mantenimiento MRO.

Si usted es un lector asiduo de esta columna y tiene buena memoria, recordará que antes de que la línea aérea se fuera a concurso mercantil, le advertimos sobre prácticas que rayaban en el delito sobre el manejo de fideicomisos y recursos.

En los días finales de la administración de Azcárraga este hombre no dejó pasar una sola oportunidad de tomar dinero de la empresa y desviarlo no sólo a favor de grupo Posadas sino a sus cuentas.

Están los fideicomisos constituidos para garantizar los últimos créditos que recibió la línea aérea. A pesar del maquillaje que le habían puesto a sus estados financieros, los acreedores le pidieron que garantizara estos financiamientos con el cobro de la venta de boletos a través del uso de tarjetas de crédito.

Hoy hay firmes evidencias por parte de la autoridad judicial que apuntan a que Azcárraga habría despojado a la línea aérea de los fondos que hoy están en concurso mercantil.

La segunda tiene que ver con el fideicomiso de capitalización de MRO. Hay dos vertientes: una que es poco relevante al final del día y que tiene que ver con la posición de Tenedora K, pero que ha atraído demasiados reflectores.

La segunda es determinar si la capitalización que acordaron GAP, Bancomext, Banorte y el AICM será suficiente para liquidar a más de ocho mil 500 trabajadores de la línea aérea o si será en forma parcial.

Algunas estimaciones señalan que el pasivo laboral ronda los 300 millones de dólares, mientras que la base de mantenimiento difícilmente llegaría a una capitalización de 120 millones de dólares.

Ha llegado el momento de que se den explicaciones por parte de quienes pretenden la capitalización y dejen de generar falsas expectativas a los trabajadores, quienes deben ser el centro de cualquier acción.