Contra la confusión

Luego de que fuera aprobada la reforma financiera es muy fácil cometer el error de creer que las medidas para disminuir el riesgo de crédito se confundan con criminalizar a los deudores.

Uno de los más grandes pendientes del país es la educación financiera, puesto que contrariamente a la creencia popular esta falta de conocimiento no sólo se concentra entre las capas más bajas de la sociedad, sino que daña a prácticamente todos los mexicanos, incluidos los que generalmente están bien informados.

Así, es necesario ir a los fundamentos.

Primero. Deber no es malo. En un país que vive bajo el continuo síndrome de Pedro Infante suele creerse en consejas populares como “gracias a Dios no le debo nada a nadie”, “si quieres dormir tranquilo no tengas deudas”.

El crédito es quizá la mejor forma de hacerse de bienes, pues permite tener el acceso a un satisfactor en el presente asumiendo una obligación de pago. Si usted se pregunta por qué, por ejemplo, durante los últimos años la construcción de vivienda y el número de mexicanos con acceso a una vivienda creció la única explicación es porque tuvieron acceso al financiamiento.

Dicho sea de paso, quienes están pagando un bien ya son sus propietarios. Digo, por aquello de la creencia popular de que “la casa será mía cuando la acabe de pagar”.

Segundo. Se confunde el ser deudor, deber o tener un crédito (por aquello de la semántica) con no cumplir la obligación
que asumió de pagarlo.

Luego de la aprobación de la reforma financiera han surgido muchos que creen que se va a castigar a los deudores: ¿neta? Si usted es de los que lo cree debería cuestionar su sentido común.

El corazón de la iniciativa es aumentar el crédito, es decir, que haya más deudores y que paguen menores tasas por los financiamientos. Más allá, porque alguien querría castigar a las personas por tener acceso a mejores condiciones de vida.

Las mentes muy primitivas o populistas como Dolores Padierna confunden deber con deber y no pagar. Se trata de dos asuntos total y absolutamente diferentes. En México los índices de cartera vencida son muy bajos por las medidas prudenciales que han tomado los bancos por voluntad y a las que son obligados por las autorices financieras.

En ningún momento se trata de castigar a los que deben. De hecho, el sentido de medidas como la radicación de personas o la retención de bienes tienen como principal objetivo favorecer a las personas que hoy pagan un crédito en tiempo y forma, más de 95% de los mexicanos, y quienes hoy no pueden hacerlo por las altas tasas de interés.

Esta legislación permite discernir entre aquellos que no pagan porque tienen un problema, para lo cual los bancos han establecido una gran cantidad de redes de protección, y aquellos que buscan evadir su responsabilidad siguiendo consejas populares por demás falsas como “escóndete de los acreedores, al fin te borran del Buró de Crédito a los seis años” o “al fin, ya ni pienso volver a solicitar crédito”.

Bueno, también se refiere a empresarios que al estilo Gastón Azcárraga o Luis Orvañanos destruyen las garantías para dañar aún más a los que confiaron en ellos y los financiaron.

Tercero. Hay una idea absurda de que los bancos cobran, caprichosamente, mucho por los servicios que prestan. Sin embargo, no se considera el costo de captación, el riesgo de crédito y la obligación de proteger el patrimonio de los accionistas y, más importante, de los depositantes del sistema financiero.

En la medida que los bancos toman menos riesgo de crédito las tasas de interés tienden a disminuir como lo han demostrado las sociedades de información crediticia o el mayor conocimiento de los clientes.

Si lo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobado por los legisladores es correcto, entonces tenderá a disminuir el costo del crédito, más gente tendrá acceso a él y por lo tanto en las antípodas de castigar a los deudores se les estará premiando.

Preocupaciones

Es total y absolutamente irrelevante el estado de ánimo de Pablo Azcárraga.

Lo que sí importa es la situación financiera de Grupo Posadas, la demanda que presentó en contra de esta empresa su hermano Gastón Azcárraga y las investigaciones judiciales que, como hemos detallado en este espacio, hay en contra de quien fuera presidente de Mexicana de Aviación hasta su caída en concurso mercantil y sus principales administradores.

Si él está preocupado o no es un tema absolutamente personal, si cree que las historias son inventadas por la prensa, también es su problema.

Los hechos ahí están y tanto su hermano como él deben responder por ellos ante los acreedores.

Reconocimiento

Finalmente se ve una primera luz en torno al fideicomiso de capitalización de la base de mantenimiento MRO de Mexicana de Aviación.

El director general de Bancomext, Enrique de la Madrid, indicó que sólo se compensará parcialmente a los ocho mil 500 trabajadores de la línea aérea.

Cuando los acreedores de MRO que son Bancomext, AICM, Banorte y GAP (que juntan 92% de la deuda) anunciaron el acuerdo de capitalización se dio a entender que los recursos servirían para liquidar a los ocho mil 500 trabajadores de lo que fue la principal línea aérea del país. En esta columna sostuvimos en todo momento la imposibilidad, puesto que el valor de MRO rondaría los 120 millones de dólares y los pasivos laborales tres veces más.

Así las cosas, la posición de los sindicatos de la industria aérea retoma un punto: si se saca la base de mantenimiento de la masa del concurso mercantil se perdería el único activo valioso y no se cubriría la liquidación en términos de ley. ASPA, ASSA y los sindicatos de trabajadores de tierra como el grupo de personal de confianza tienen la ilusión de recuperar aunque sea parcialmente la fuente de trabajo, lo cual se haría imposible con este convenio.

Tristemente el desorden que dejó la administración de Gastón Azcárraga todavía está muy lejos de ser corregido por quienes han estado a cargo de las diferentes etapas del concurso mercantil.