Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

29 Nov, 2013

Ordenamiento en el crecimiento de la red de estaciones de servicio

En 1992 había tres mil 221 gasolinerías en el país, en septiembre de 2011 ya se contaba con una red de nueve mil 843 y actualmente se calcula que son alrededor de diez mil 500, lo que ha significado un crecimiento superior a 205 por ciento.

Este aumento impactó al sector gasolinero, aglutinado en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la famosa Onexpo, que preside Cirilo Tapia, al disminuir las ventas promedio en más de un 30 por ciento.

Si se considera que en 2000, con cuatro mil 950 estaciones de servicio las ventas promedio mensuales por gasolinero oscilaban los 781 metros cúbicos y actualmente se estiman en 420 metros cúbicos por estación de servicio, el decremento es de 48 por ciento.

La falta de criterios en el ordenamiento de nuevas estaciones de servicio ha generado que el ingreso por estación de servicio se vea sustancialmente disminuido.

La rentabilidad se sustenta en mayores volúmenes de venta, es decir: a mayor volumen de venta mayores ingresos; sin embargo, el enfoque que hasta el día de hoy se le ha dado a la franquicia no estimula mayor venta por estación de servicio.

Aunado lo anterior, los costos fijos de la operación de la gasolinería se han visto afectados por los procesos inflacionarios de alrededor de 60% en el periodo 2000 a septiembre de 2013, lo que da una clara idea de cómo se ha desgastado la economía del empresario gasolinero.

La anterior situación debe ser valorada por el franquiciante, ya que se afecta directamente al mantenimiento preventivo y correctivo, lo que a su vez incide en la imagen de la estación hacia el consumidor final.

De por sí esa imagen se empezó a deteriorar aceleradamente en el gobierno de Vicente Fox, cuando Francisco Gil Díaz, como secretario de Hacienda, estableció los pagos con tarjetas bancarias a fin de restringir el uso del efectivo por la venta de combustible.

Vino un linchamiento público, en donde al tema del supuesto lavado de dinero se anexó al del fraude en el despacho de la gasolina. Los famosos litros que no eran de a litro y que derivó en los sistemas volumétricos en la administración de Felipe Calderón.

En ese sexenio la presión ya no fue tanto a nivel de la Secretaría de Hacienda, sino en la de Economía, con Gerardo Ruiz Mateos, pero más marcadamente con la gente de Bruno Ferrari y su director general de Normas, Christian Turégano, vía la introducción de nuevas NOM.

Se comprobó que la falta de un ordenamiento de la red de nuevas estaciones de servicio puso en riesgo la calidad del despacho y propició la concentración de un mayor número de gasolinerías en las grandes urbes.

Lo que la Onexpo no quiere es multiplicidad de disposiciones estatales y municipales, y que se mantenga el equilibrio ecológico para evitar consecuencias ambientales. De igual forma, hacer a un lado criterios sobre las distancias mínimas entre estaciones de servicio.

Por años trataron de convencer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), y particularmente a su ahora ex presidente, Eduardo Pérez Motta, que no era sano permitir el establecimiento de una nueva gasolinería muy cerca de otra para fomentar una dizque competencia.

Al final de cuentas se generó una canibalización de estaciones de servicio que empujó a la insolvencia a muchos franquiciatarios de Pemex, en el mejor de los casos, y a la quiebra y cierre, en el peor, a otros más.

Onexpo no se opone al otorgamiento de nuevas franquicias, pero sí requiere de un ordenamiento en el crecimiento de la red que promueva la instalación de nuevas en aquellos lugares en que realmente sean necesarias.

Pesos y dimensiones

En el tema de la NOM de pesos y dimensiones, el panel de expertos que analiza el asunto ya tiene las recomendaciones, pero dado que los resultados son adversos a la Asociación Nacional de Transportistas Privados (ANTP), la SCT quiere equilibrar.

Era lógico una conclusión en ese sentido: de los nuevo expertos del panel solo tres simpatizan con el gremio de Javier Altamirano. Se dice que la recomendación del peso va por las 66.5, como le informé, que es el peso que está establecido en el Reglamento de la Ley de Autotransporte para la configuración del doble articulado o full, y que se fue incrementando por especificaciones adicionales hasta llegar a las 74.5. Posteriormente, en negociación con el entonces secretario Luis Téllez, se les otorgaron las 4.5 toneladas para llegar a 80 y se denominó full diferenciado.

Al interior de la ANTP y de las compañías hay una fuerte división en cuanto a seguir presionando en quedarse en las 80, aunque la mayoría sugiere aceptar la recomendación para fijarla en 75.5 y no arriesgar a que la dependencia de Gerardo Ruiz Esparza lo deje libre y a la presión de Canacar, Conatram y Amotac que podrían maniobrar para toparlo a 66.5.

Y por si faltara algo, el lobbying de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados es tal, que existe el compromiso de su presidente Juan Carlos Muñoz con algunos legisladores de que si el panel de expertos no se pronuncia en las 66.5 toneladas, la Comisión aceptaría otra iniciativa en el sentido de prohibir la circulación de los fulles bajando el peso.

De igual forma existe el compromiso del PRI y  PAN de estimular lo propio en la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, que preside Javier Lozano, el cual aceptó la solicitud de tregua que le pidió el subsecretario Carlos Almada, de no dictaminar la iniciativa que tiene del entonces senador Arturo Zamora y actual secretario de gobierno de Jalisco, la cual restringía la circulación de este tipo de vehículos a través de la disminución del peso y dimensiones.

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