David Páramo

Análisis superior

David Páramo

2 Dic, 2013

¿Les alcanzará el tiempo?

A partir de hoy quedan 14 días en el calendario para tener lista la reforma energética, que, sin lugar a dudas, es la más importante de todas las que han sido planteadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los iluminados del Pacto por México.

No es exagerado establecer que una verdadera reforma como la que requiere el país podría detonar inversiones del orden de  50 mil millones de dólares anuales, puesto que permitiría al país tener un sector energético similar al que tiene el resto de las naciones del mundo. Pasar de principios del siglo pasado al siglo XXI es una necesidad verdaderamente urgente para la nación.

El que el Partido de la Revolución Democrática se haya levantado de la mesa del Pacto por México plantea, lejos de lo que se cree, una gran oportunidad para lograr una verdadera reforma energética, no sólo un conjuntito de cambios, como ocurrió en 2008.

De entrada, es necesario dejar claro que la figura del Pacto por México, que hoy cumple justamente un año, es un error político con las mejores intenciones. Es comprensible el incentivo del gobierno federal de mostrar capacidad de llegar a acuerdos con los perdedores de la elección; sin embargo, el costo es verdaderamente alto por haber abandonado las instituciones a favor de una figura muy exótica.

Legisladores del PAN y PRD, en público se han quejado de que son presionados a avalar a lo que llegan un grupo de iluminados. Los del PRI suelen cuidarse de que no se escuchen opiniones, en este sentido, de su boca.

En una democracia, más vale la pena entenderlo de una vez: no existen los acuerdos por unanimidad. Los votantes dan a los políticos una representación y son ellos quienes deben llegar a acuerdos en los canales establecidos por la Constitución, y no por ocurrencias que usan unos y otros para buscar una legitimidad que les dieron las urnas.

Si, como se asegura, PRI y PAN están muy cerca en la negociación de las reformas política y energética, con figuras como las comisiones, pues entonces que las presenten esta misma semana en el Congreso de la Unión para que sean aprobadas a la mayor brevedad.

Ojalá que la visión de los líderes de los partidos políticos llegara más allá de sus oficinas y comprendieran que sobre sus acuerdos y cálculos electorales está la necesidad de promover mayor prosperidad para las personas.

¿Sí o no?

En la más reciente “reforma” energética, la de 2008, se acordó construir una refinería en Tula, Hidalgo. Hasta el momento, casi nada se ha hecho. Tardaron años en construir una barda perimetral y, supuestamente, en abril terminarán los trabajos de ingeniería básica que le fueron concesionados a ICA-Fluor Daniel.

Sin embargo, el futuro de esta obra sigue siendo total y absolutamente incierto. Los diferentes funcionarios de Pemex hacen declaraciones que van en el péndulo de decir que sigue pendiente la construcción de esta refinería, puesto que aún la paraestatal está haciendo análisis de cómo sería mejor invertir el dinero, lo que ocurrirá hasta el segundo trimestre del año.

Tras hacer una breve pausa, aseguran que está pendiente la reforma energética (modelo 2013) y que eventualmente les podría dar la posibilidad de construir la refinería con un socio privado.

Otra vez. Los políticos hacen las cosas sólo para buscar el lucimiento personal, generan expectativas y luego se hacen interpretaciones absurdas de la realidad.

Seamos muy puntuales. Cuando el Congreso aprobó la construcción de la nueva refinería, jamás lo condicionó a que Pemex lo considerara rentable, prudente o pertinente. En segundo término, de ninguna manera lo hizo sujeto a la aprobación de la siguiente reforma energética.

Sería sólo un excelente ejemplo de cómo se hacen muchas de las “reformas” en el país, si no fuera por el retraso y marginación que genera el prurito de la administración de Pemex (incluída la previa) por cuidar las inversiones.

Ya que andan tan cuidadosos en este sentido, pues entonces deberían estar viendo cómo realizar la inversión que tiene la paraestatal en Repsol. No sólo porque el valor económico ha sido de cero en nueve años, sino porque la administración de esta petrolera cree que su socio mexicano sólo le sirve para resolverle problemas con el populista gobierno argentino, sino para que Antonio Brufau y la administración se burlen todo el tiempo de su accionista.

Prensa vendida

Luego de que Telefónica México, presidida por Francisco Gil Díaz, presentó una denuncia en contra del ex presidente de Cofetel, Mony Sacha de Swaan, acusándolo de uso indebido de información a la que tuvo acceso cuando era servidor público, es muy posible que este hombre, que como vive juzga, acuse a la prensa vendida.

Seguramente también difundirá infundios a través de las redes sociales en contra de quienes le muestran a la sociedad quién es Mony Sacha.

IFT descubre

Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son algo así como niños de cuatro o cinco años a los que casi todo les asombra. Resulta que algunos de ellos se han dado cuenta, o algo así, de que no hay reglas claras para el must offer y must carry.

Aseguran que no se puede decir qué parte tiene razón entre los que, al grito de “gracias a la reforma a las telecomunicaciones”, se agandayaron selectivamente las señales de las dos más grandes empresas de televisión abierta, Televisa y Televisión Azteca, que acusan de violaciones a derechos humanos que, como debería saber Gabriel Contreras, incluyen al autor.

Los miembros del órgano regulador de las telecomunicaciones hicieron algo mucho más grave que reconocer que no tienen la menor idea de cómo actuar, puesto que, entre otras cosas, los iluminados del Pacto por México decidieron que no era momento de cumplir con la Constitución, que obliga a los legisladores a tener las leyes secundarias a la reforma antes del 9 de diciembre, sino que volvieron a demostrar que no tienen ganas de ser un árbitro real.

Si los comisionados del IFT se asumen como árbitros reales, lo menos que podrían hacer es tomar decisiones con el limitado marco jurídico en el que operan.

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