Asamblea de GAP, se recrudece el pleito

Como ya se anticipaba, la asamblea de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), convocada por Germán Larrea, presidente de Grupo México, se realizó ayer ante la protesta de los accionistas mexicanos y españoles que tienen el control de la empresa.

Grupo México se apresuró a decir que su asamblea es legítima, que representaron la mayoría de los votos que no son de control y lógicamente lograron su objetivo de aprobar que no se renueve el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (CATT), el próximo 25 de agosto, con lo cual Larrea busca dejar fuera a Aeropuertos Mexicanos del Pacífico.

Para Larrea, adquirir el control de GAP se ha vuelto una obsesión aunque habría que preguntarse si es compartida por todos los accionistas de GMéxico y si están de acuerdo en que se utilicen los recursos de la empresa en la costosa y prolongada batalla jurídica que lleva ya más de dos años porque inició cuando Larrea impugnó los estatutos de GAP que le impiden presentar una oferta hostil o take over por el control de este grupo aeroportuario.

Desde luego GAP emitió su propio comunicado desconociendo la validez de esta asamblea y la no renovación del CATT, por lo que sus resultados serán impugnados legalmente y se recrudecerá el pleito.

En forma paralela, se espera que próximamente la SCJN defina si tiene o no razón Grupo México para impugnar los estatutos de GAP, que se determinaron desde la privatización de los grupos aeroportuarios y su posterior colocación en la BMV.

Larrea está acostumbrado a ganar sus batallas y tiene un excelente equipo de abogados que venció a la otrora Comisión Federal de Competencia, ya que a pesar de que no fue autorizada la fusión de Ferromex con Ferrosur, logró ganar el juicio en tribunales al parecer por una falla de la CFC en los procesos de notificación.

Lo que tendría que hacer Larrea es explicarles a los accionistas minoritarios de GAP el por qué es tan importante para GMéxico tener el control del grupo aeroportuario, qué sinergias pretende aportar y qué beneficios —si es que los hay— habría para los usuarios tanto de los servicios portuarios como ferroviarios al convertirse en la empresa multimodal más grande de América Latina.

El problema, desde luego, es que a Larrea no le gusta dar la cara en público y, como se recordará, ni siquiera lo hizo para darles una palabra de aliento a las familias de los 62 mineros que fallecieron en su mina en Pasta de Conchos, Coahuila en 2006.

Contreras defiende consulta pública del IFT

Gabriel Contreras,  presidente del IInstituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), defiende el procede de consulta pública sobre must carry y must offer que concluye el próximo 19 de diciembre. Contreras reconoce que es un tema muy técnico por las reglas para la televisión vía satélite porque la Constitución establece que la obligación del must carry y must offer aplica sólo para los medios que cubren más de 50% del territorio nacional. Entre los múltiples puntos a resolver está para comenzar la definición de territorio nacional.

Contreras asegura que la consulta pública no busca retrasar la toma de decisión del pleno del IFT sobre un tema tan polémico y las impugnaciones de las televisoras a la transmisión de las señalas por parte de Dish que subió las señales de TV abierta desde que entró en vigor la nueva ley de telecomunicaciones el pasado 10 de septiembre.

Las consultas públicas son muy utilizadas en otros países como Estados Unidos y el Reino Unido y de acuerdo con Contreras, a fines de enero, 20 días hábiles después de que concluya la consulta sobre el must carry y must offer, el pleno podrá ya emitir una resolución.

Asegura también que trabajan a marchas forzadas para concluir el 9 de marzo con la agenda establecida en la reforma de las telecomunicaciones aunque, ya sólo faltan 90 de los 180 días que se fijaron en la Constitución.

Nueva directora de Competencia Económica

Y aunque Contreras se mantiene optimista, la realidad es que sí hay un retraso importante en la implementación de la ya de por sí apretada agenda que debe cumplir el pleno del IFT antes de que venza el plazo.

Entre las medidas que evidentemente muestran un rezago está la puesta en marcha de la nueva Unidad de Competencia Económica, porque uno de los principales cambios en la reforma de telecomunicaciones es que todos los temas en materia de competencia en el sector serán ahora responsabilidad del IFT y no de la Comision Federal de Competencia Económica.

Sin embargo, el pleno del IFT se tardó en integrar la nueva área de competencia y en nombrar a su titular.

Apenas esta semana comenzó a trabajar Georgina Santiago, directora de la Unidad de Competencia Económica y quien deberá —entre otros puntos relevantes— establecer las reglas para los operadores preponderantes en sus mercados.