David Páramo

Análisis superior

David Páramo

6 Dic, 2013

Muy pequeña diferencia

Atrás de los gritos de los políticos y su gran capacidad para generar escándalos, la realidad es que la distancia entre las iniciativas de PAN, PRD y PVEM es tan pequeña, que la línea entre las propuestas de unos y otros son casi invisibles.

Cualquiera de los partidos podría signar la de los otros y de ahí que se podrán poner de acuerdo este fin de semana o el próximo lunes, en el Senado de la República y los diputados podrán cumplir holgadamente con la ratificación de lo enviado por la llamada Cámara alta.

Tras el telón político de defensa del petróleo incluso también pueden encontrarse vasos comunicantes con lo que, por escrito, ha presentado el PRD. Sin embargo, preferirán pelear hasta el último momento en aras de un mejor posicionamiento político que reconocer aquellos puntos en los que sí coinciden.

PRI

Es necesario analizar, sin estridencias, qué propone cada uno de los partidos para comprender porque, luego de las grillas, podrán llegar a un acuerdo en tan pocos días.

El PRI propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. En el primero lo que se pretende es eliminar la exclusividad de la nación en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

El cambio a la Constitución establece que podrá haber contratos con particulares en transmisión y distribución de energía eléctrica.

No propone modificaciones en la estructura de gobierno o de organización de Pemex ni en su régimen fiscal. Tampoco prevé cambios en la administración de la Comisión Federal de Electricidad.

Como lo dijo en su momento el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se trata de volver al espíritu original de la expropiación petrolera y no a los cambios que después fueron hechos por otros presidentes y no por Tata Lázaro como cree gran parte del imaginario popular.

PAN

Acción Nacional plantea un paquete de cambios que tiene una mayor aceptación entre la iniciativa privada, puesto que su esquema plantea condiciones que dan una mayor seguridad jurídica.

De hecho, en el debate en comisiones mucho se ha dicho que los priistas están dispuestos a tomar los argumentos del PAN puesto que mejoran la capacidad de obtener inversión privada.

En concreto, la iniciativa del PAN propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para darle autonomía total a Pemex y a CFE, es decir, que operen directamente como empresas de propiedad estatal. Se trata de darles autonomía de gestión con gasto independiente.

Este esquema es, en cierto sentido, similar al que se utilizó en la reforma financiera para la banca de desarrollo a la cual se le permite una mayor libertad de gestión.

Proponen sacar del Consejo de Administración de Pemex al sindicato. Un punto que se ve difícil entre otras cosas porque Carlos Romero Deschamps tiene una gran influencia en la comisión de energía del Senado.

Crear el Fondo Mexicano del Petróleo para garantizar que la renta petrolera se mantenga en manos del Estado. Este punto es fundamental porque desmiente a la secta de Morena que una y otra vez ha dicho que se pretende “privatizar” la renta petrolera.

Proponen dotar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de autonomía para que regule la explotación y extracción de hidrocarburos.

PRD

El PRD ciertamente no propone cambios a la Constitución, sino que concentra todas sus baterías en las leyes secundarias. En los últimos días causó cierto revuelo una propuesta de Diego Fernández de Cevallos, en la cual el panista también habla de poner énfasis en la legislación secundaria.

Es un hecho que las regulaciones secundarias son fundamentales para darle operatividad a una ley. La llamada reforma a las telecomunicaciones es letra muerta, mientras los legisladores no cumplan con su obligación de hacer las leyes secundarias que, de acuerdo con la Constitución, deberían estar listas el próximo lunes.

El PRD no prevé ningún cambio a las facultades de la CFE para transformar, distribuir y abastecer electricidad; no obstante, propone convertirla en una empresa pública con fines productivos dotada de autonomía presupuestal y de gestión, es decir, un esquema similar al del PAN. También propone la modificación de su Junta de Gobierno.

En cuanto a Pemex, plantean que cambie de un órgano desconcentrado a uno descentralizado y que, en un lapso de cinco años, disminuya el porcentaje de utilidades que le entrega al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.

Si quiere verlo de una manera mucho más esquemática:

Los tres principales partidos pretenden una menor carga fiscal para Pemex, así como dotarla de una mayor autonomía de gestión.

En la forma de contratación es donde está el matiz entre PRI y PAN. Mientras que el primero habla de utilidad compartida, el segundo va por un esquema de concesiones. No le extrañe que como parte del trabajo en comisiones se acerquen más a la posición del PAN y así sea aprobado por los legisladores.

Diferencias

En la disputa entre los accionistas de control de GAP y Grupo México hay una oposición de disposiciones que, sin duda, continuarán afectando la operación de uno de los grupos de aeropuertos más importantes del país.

Cuando se privatizaron los aeropuertos se establecieron en las reglas que un grupo con 15% de las acciones tendría el control de toda la empresa. Se buscaba dar certidumbre sobre la operación de la empresa del grupo.

La empresa de Germán Larrea ha venido aumentando su participación accionaria dentro de GAP, pues se trata de una empresa que tiene buenos flujos y un gran potencial de crecimiento que le lleva a tener una participación prácticamente del doble que el grupo de control.

A partir de ahí consideran que pueden hacer una suerte de compra hostil a través de la Bolsa Mexicana de Valores y tomar determinaciones corporativas como cancelar el contrato de mantenimiento con el grupo de administración.

En términos estrictamente jurídicos hay una contraposición de normatividades: la que da sustento a la operación de GAP y la que regula a las operaciones de empresas cotizadas en el mercado de valores.

La solución de este conflicto no sólo será complicada, sino muy lenta; sin embargo, los grupos de accionistas deben tener mucho cuidado de no dañar la operación de GAP en aras de su control.

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