Nuevas facultades al IMPI para perseguir piratería en línea

El martes pasado se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal.

Es un refrito de la fallida ley SOPA (Stop Antipiracy Act) de Estados Unidos, que, en caso de aprobarse, va a tener un gran impacto, especialmente en las empresas prestadoras de servicios de internet como Google y Yahoo!, y en el caso de México, Telmex, de Carlos Slim, y Cablevisión, de Emilio Azcárraga.

De las modificaciones propuestas, destacan las siguientes:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Miguel Ángel Margáin, podrá ordenar a los proveedores de servicios de acceso a internet la suspensión del acceso a sitios que, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes, pongan a disposición del público obras protegidas por la Ley de
Derechos de Autor.

Se podrá ordenar al proveedor del servicio de internet para que proporcione la información correspondiente a la localización del recurso uniforme del sitio, mediante el que se cometan las presuntas infracciones.

La iniciativa también adiciona dos capítulos a la Ley de Propiedad Industrial, especialmente el denominado del “aviso preventivo”. El IMPI tendrá facultades de notificación a cualquier presunto infractor de materia de derecho patrimonial de autor o derecho conexo, lo cual podrá hacer de oficio o a petición
de parte.

Asimismo, el IMPI podrá solicitar información al proveedor del servicio, respecto de un posible infractor, misma que deberá de ser entregada en un plazo máximo de
tres días.

La iniciativa de modificación a la legislación de propiedad intelectual, que involucra a la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal, no va a resolver el problema de la piratería en internet; son buenos deseos, porque en la práctica será muy difícil implementarla.

Equivocadamente se cree que los proveedores de servicios de internet, como Telmex, Televisa, Iusacell, de Ricardo Salinas, Megacable, de Enrique Yamuni, o Telefónica, de Francisco Gil, tienen la información de quiénes son los administradores de los sitios web.

Esa información la maneja NIC México y sería dicho organismo quien, en todo caso, podría revelarla y quien también podría cerrar el acceso a un sitio web.

Digamos que los proveedores de servicios de internet suministran la carretera, y que la empresa que dirige Óscar Robles es la que provee los medios para transitarla.

Otro obstáculo que se dará en la práctica, en caso de aprobarse las modificaciones como fueron presentadas a la cámara, es la aplicación de las sanciones, debido a que NIC México no verifica la dirección física de las personas que obtienen un nombre de dominio, razón por la cual será prácticamente imposible detener y aplicarle sanciones al responsable.

La carretera digital está en constante movimiento y es imposible detenerla; los piratas siempre encontrarán en la red una forma de escabullirse de la aplicación de la ley.

Los patrocinadores de esta iniciativa quieren trasladarle al IMPI y a los proveedores de servicios de internet la responsabilidad de perseguir a los infractores y de aplicarles las sanciones.

La solución es simple: ofrecerle a los consumidores más y mejores alternativas legítimas, a un precio que esté al alcance de los mercados que quieren atacar.

Si bien hay coincidencia en que la piratería es un problema mayúsculo, también se cree que ésta no es la mejor forma de combatir la piratería en línea.

Viene golpe al transporte

Tal y como se lo adelanté, el viernes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer el resultado de la recomendación del panel de expertos que meses atrás elaboraban las recomendaciones de la Norma Oficial Mexicana 012, que aborda, entre muchas cosas más, el peso y dimensión de los vehículos pesados de carga. Este cuerpo planteó un peso de entre 66.5 y 75.5 toneladas.

Le decía que incluso la mayoría optó por el rango más bajo y la dependencia de Gerardo Ruiz Esparza terminó haciendo público el más alto. Hacia finales de la semana pasada, se desplegó un fuerte cabildeo de las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) para impedir que se publicara tal recomendación.

La instrucción del gremio fue que los directores de las empresas llamaran al subsecretario de Transporte, Carlos Almada, para ejercer presión, cosa que al final no les resultó. Los más activos eran Bimbo, de Daniel Servitje; FEMSA, de José Antonio Fernández Carvajal; Lala, de Eduardo Tricio; Kimberly-Clark, de Claudio X. González; Modelo, de Ricardo Tadeu; Cemex, de Lorenzo Zambrano; Holcim, de Eduardo Kretschmer; Peñoles, de Alberto Baillères; Jumex, de Eugenio López Rodea; Alfa, de Armando Garza Sada, y PepsiCo, de Pedro Padierna.

Lo dicho: el sector privado perdió la batalla frente a las poderosas cámaras y asociaciones de autotransportistas del sector público. Este fuerte revés, que podría implicar gastos de entre mil y dos mil millones de pesos por empresa, entre readecuaciones para cumplir la nueva normatividad, y pérdidas por dejar de utilizar intensivamente camiones articulados con doble caja, también fue el resultado de un pésimo manejo político.

Se menciona, por ejemplo, la postura siempre beligerante del presidente Javier Altamirano, así como de los directores encargados del rubro de logística y transporte en FEMSA y Bimbo, Alejandro Theissen y Leonel Carrasco, respectivamente.

A todo esto, no se descartan los amparos, pese a que las partes suscribieron un acuerdo en el que respetarían las recomendaciones del panel. Y, por otro lado, que los del sector público presionen políticamente para bajar el peso a las 66.5 toneladas, como siempre fue su intención.