David Páramo

Análisis superior

David Páramo

9 Dic, 2013

Día de vergüenza

Hoy debe ser recordado como un día lleno de vergüenza para la democracia, el Poder Legislativo y, también, para el sector de las telecomunicaciones. Se cumplen los 180 días que el Congreso, avalando los designios del Pacto por México, se dio constitucionalmente para tener lista la regulación secundaria al sector de las telecomunicaciones.

A lo largo de estas semanas en las que he insistido en esta columna de la gravedad del incumplimiento he recibido una gran cantidad de mensajes, directos e indirectos, de que no es para tanto, que unos días (meses) más no cambian las cosas, que es mejor hacerlas bien que rápido.

No han faltado aquellos quienes repitan en privado los argumentos que otros legisladores han utilizado en público, como decir que hay una gran congestión legislativa, que los proyectos eran muy “chafitas” y que al final del día son mucho más importantes las reformas estructurales de gran calado que las regulaciones secundarias.

Ante todos estos supuestos argumentos hay una pregunta: ¿Quién decidió los plazos y, peor aún, en contra del sentido común los puso en un transitorio de la Constitución?

La respuesta es muy sencilla: los iluminados del Pacto por México.

De una manera irresponsable los “elegidos” del Pacto por México se alocaron de una manera irresponsable. En su afán de señalar que todo urge para el país decidieron que 180 días era una fecha mágica, en la cual todo podría solucionarse en el país. Lo mismo para hacer las leyes secundarias del sector de las telecomunicaciones que para que la Comisión Federal de Competencia Económica hiciera un estudio de competencia del sector financiero (que se han encargado de ir posponiendo ante las lagunas legales del propio ordenamiento) o una serie de reglas para la Condusef.

No hay ningún razonamiento atrás de 180 días. En muchos casos se han dado cuenta de que el tiempo es excesivamente corto, pero los del Pacto por México tenían prisa, no ganas de hacer las cosas bien, de mostrar que estaban trabajando y moviendo al país.

De hecho, ahora ese es uno de los pretextos para no cumplir con lo mandado por la Constitución: Se trata de temas muy complejos, dicen. ¿Cuándo se volvieron complejos?

Seguramente no lo hicieron en los últimos días ni mucho menos cuando ignoraron las advertencias de legisladores prudentes como Javier Lozano. Debieron haber pensado antes de legislar.

Sanciones

Hoy se llega a la fecha y según parece los únicos que más o menos tomaron en serio lo que ordenó la Constitución fueron los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habrían entregado su propuesta de reglamentación secundaria al Pacto por México (¿todavía existe?) en tiempo y forma, pero los políticos decidieron que simple y sencillamente eso no aplicaba y que sería mejor esperar, quizá a febrero.

Y aquí es donde comienza la lista de responsables que, por lo menos, deben ser exhibidos públicamente: en la primera parte deben estar los iluminados del Pacto por México que fijaron este compromiso. Tipos como Santiago Creel, Juan Molinar Horcasitas, Javier Corral y hasta el colado de Mony Sacha de Swaan (quien presumía de haber ayudado a los panistas en la elaboración de la iniciativa) y algunos otros que desde la mesa de los iluminados un día sí y otro también presumían de lo que estaban haciendo sin escuchar las voces de quienes advertían una y otra vez sobre el peligro de legislar como se estaba haciendo.

Pero no son los únicos, ahí están las dirigencias de los partidos políticos que mandaron callar a los legisladores que interpusieron objeciones. Les acusaron, entre otras cosas, de vendidos a las empresas dominantes y de conflictos de interés que sólo existían en su imaginación.

En el sector de las telecomunicaciones todos los que son críticos suelen ser tildados de vendidos a alguno de lo que pomposamente gustan de llamar los poderes fácticos, cualquier cosa que eso sea.

Pero también están los legisladores que hicieron un trabajo muy pobre en cuanto a legislar, puesto que más parecían una oficina de partes del Pacto por México. Realmente hay muy pocos ejemplos de legisladores que cumplieron con este trabajo, desgraciadamente.

Ninguno de los responsables del incumplimiento constitucional serán sancionados con algo que no sea el cuestionamiento público; sin embargo, se trata de una violación a la Constitución que sí tiene víctimas.

Inversiones

Los promotores de la llamada reforma a las telecomunicaciones gritaron a los cuatro vientos y hasta hicieron anuncios promocionales de que terminarían con los monopolios. Además de esos anuncios está la desesperada declaración de Gabriel Contreras, quien asegura que el IFT ya encontró a dos agentes dominantes.

No explica, porque no puede hacerlo, bajo qué criterios técnicos o jurídicos llegarían a esta determinación, puesto que existen dudas sobre el marco jurídico con el que están actuando.

Si no hay reglas secundarias, algunos dicen que se deben quedar con las anteriores que eran para la Cofetel. Como sea se trata de una laguna legal que debilita cualquier tipo de decisión que pudieran tomar.

Lo único que busca generar es la idea de que están tratando de mover a esta comisión sin que en los hechos tengan elementos para hacerlo. Más bien deberían trabajar en tener listo el estudio de dominancia, que según la Constitución debe estar listo antes del 9 de marzo y, según declaraciones de sus funcionarios, no las tendrán listas.

Otro de los elementos que se plantearon con la llamada reforma a las telecomunicaciones fue una supuesta lluvia de inversiones. Hasta el momento ninguna empresa ha anunciado programas de inversión, porque simple y sencillamente sería una imprudencia hacerlo porque no se conoce el marco jurídico.

Empresas como Nextel y Telefónica han dado muestras más que sobradas de interés en invertir en el país para aumentar su participación de mercado; sin embargo, la realidad es que no pueden hacerlo no por falta de compromiso, sino porque no tienen una visión clara del éxito de su negocio.

Moraleja

La Junta de Gobierno del Banco de México ha señalado que uno de los principales riesgos de la economía para el año próximo es la posibilidad de que se sobrevalore el impacto que tendrán las reformas estructurales.

Si la de telecomunicaciones no tiene rápidamente una legislación secundaria, será la primera de las reformas de este sexenio que tenga un impacto infinitamente menor al planteado, lo que disminuye el poder transformador de Enrique Peña Nieto y su administración.

 

 

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