IFT avanza aún sin regulación

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre.- Pese a la falta de la regulación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “cuenta con un marco jurídico sólido” para aplicarlo en el cumplimiento de los mandatos que le ordena el cambio a la Carta Magna, afirmó Gabriel Contreras, presidente del órgano regulador.

Comentó que el importante cúmulo de obligaciones que le impuso la reforma constitucional tiene un plazo para ser cumplido y que “no nos queda otra”, por lo que los integrantes del Pleno del IFT trabajan intensamente para cumplir tales metas utilizando el marco jurídico aplicable; es decir, cumpliendo con la obligación de aplicar en forma directa los preceptos de la Constitución y, en lo que no se oponga a la Carta Magna, aquéllos que están vigentes de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.

Agregó que “desde luego que la nueva legislación nos dará luz sobre algunas cosas que son importantes desarrollar; pero ahora tenemos un marco jurídico sólido, por el cual tenemos que actuar y es lo que estamos haciendo”.

Vencimiento

Contreras ha mantenido y exteriorizado firmemente tal convicción desde tiempo antes, cuando se advertía que el Congreso incumpliría con la emisión de la ley reglamentaria del cambio constitucional, tal y como ocurrió ayer, 9 de diciembre, en el Poder Legislativo una vez más incumplió con mandatos que se autoimpone.

Contreras ha sostenido que en el IFT se trabaja para cumplir, y que cumplirá en temas para los que cuenta ya con 90 días, de los 180 días que se le otorgaron mediante la reforma constitucional (que vence el 9 de marzo), como la emisión de las bases de licitación de dos cadenas digitales de televisión abierta y  la definición de agentes preponderantes.

El presidente del IFT reconoció que es una preocupación de cualquier inversionista que haya reglas claras para que fluya la inversión, pero que México es un país muy atractivo para los capitales y un mercado con mucho potencial.

Contrastes

Sin embargo, no todos piensan de la misma forma y para  Jorge Fernando Negrete, director general de Mediatelecom Policy & Law, el incumplimiento del Congreso tiene consecuencias cuantificables que incluso afectarán el quehacer del IFT.

Por ejemplo, mencionó que por cada mes que México no explota la banda de 700 megahertz, el país pierde 30 millones de dólares, según el estudio “Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina”, elaborado por las asociaciones especializadas GSMA y Achiet; además de que se retrasan las políticas para abatir la pobreza digital y promover la inclusión digital.

Adicionalmente agregó que la falta de la regulación secundaria sí afectará al IFT y lo debilitará en diversos aspectos como:

“La incertidumbre y cuestionamiento a las resoluciones del IFT. Recientemente, el regulador notificó a las empresas Televisa y América Móvil el inicio de una investigación para declararlos agentes económicos preponderantes, pero lo hizo sin legislación secundaria. Esa y otras decisiones de la autoridad (como la consulta pública en torno al must-carry y must-offer) se tornan frágiles porque no están claramente definidos los criterios para declarar dominantes a los operadores. La legislación secundaria podría ir en sentido contrario al de las resoluciones de la autoridad.

“Hoy el IFT carece de las herramientas legales y técnicas para definir la agenda regulatoria de la reforma constitucional. Una resolución (sin ley secundaria) puede ser recurrida mañana (cuando se definan los términos de la regulación).

“Es un trato injusto y discriminatorio para los comisionados del IFT, pues se les exigirá el cumplimiento de los plazos que señala la Constitución.

“Retraso en la licitación de frecuencias para nuevas cadenas de televisión abierta, pues no están definidos en el ordenamiento único convergente los criterios para acceder a la multiprogramación”, indicó.

Efectos

1.- Los inversionistas podrían desconfiar del país, ya que no se respetaron los plazos para la aprobación de ley secundaria a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.

2.- El incumplimiento de la aprobación de la ley secundaria de telecomunicaciones desencadenará una serie
de litigios, y mantendrá detenidos varios proyectos de inversión.