La cursi izquierda

Luego de que los senadores de la llamada izquierda mexicana, cualquier cosa que sea eso, no pudieron impedir con sus discursos ridículamente histriónicos y llenos de frases huecas la aprobación de la Reforma Energética a partir de ayer inició una fase más violenta de las protestas.

Diputados y diputadas desquiciadas tratando de secuestrar a sus compañeros de formas cada vez más agresivas. Usando las curules como si fueran una suerte de barricadas, encadenando puertas trataron de impedir que la democracia siguiera su curso. Curiosamente, a estos grupos de izquierda les parece pacífico tomar este tipo de acciones en las cuales se trata de impedir que los representantes populares, electos tan democráticamente como ellos, cumplan con la obligación que les dieron los votantes.

Las transformaciones siempre son difíciles y dolorosas. Quien es sacado de su zona de comodidad evidentemente se siente incómodo y hasta molesto. Hace unas semanas las que fueron incomodados por los cambios fueron las clases medias y altas del país.

Hubo, en términos generales, un debate de altura en el cual se trataron de privilegiar los argumentos ante un cambio en la política fiscal para la iniciativa privada.

Prácticamente todos los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, dieron muestras claras que podrían no estar de acuerdo con los cambios fiscales (algunos recurrirán las medidas a través de juicios de amparo), pero que se habían tomado de una manera democrática.

Eso ha permitido una excelente comunicación entre las autoridades de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, con la iniciativa privada para ajustar la aplicación de las medidas fiscales.

Antidemocracia

Con la propensión a la cursilería (entendida como algo que pretende ser sublime y termina en ridículo) que tienen muchos de los representantes de izquierda, afectos a las consignas y no a los argumentos, no pudieron explicar cuál es su verdadera oposición a la llamada Reforma Energética.

Ni se planteó ni aprobó la privatización de la renta petrolera o la privatización del petróleo o cualquier absurdo de ese tipo. Mucho menos se está volviendo al porfiriato ni otras jaladas que sólo algunos muy lerdos pueden confundir con argumentos. Vamos, Dolores Padierna dijo que regresarán los latifundios y las tiendas de raya… ¡Chale!

No plantearon, en ningún momento, alternativas viables para modernizar la industria energética de México. Su líder espiritual y autonombrado experto petrolero Cuauhtémoc Cárdenas ciertamente planteó algunos puntos netamente operativos que deben estar en la legislación secundaria y que, de hecho, son similares a los que han planteado expertos internacionales, así como legisladores del PRI, PAN y Partido Verde.

Los amigos del lugar común no se cansan de repetir que “el diablo está en los detalles” y, son precisamente, las legislaciones secundarias los detalles de los cambios constitucionales.

En la reforma constitucional que ya aprobaron los senadores y pronto harán los diputados establece, por ejemplo, que Pemex y CFE deberán ser empresas productivas del Estado.

Se trata de una definición bastante etérea, puesto que requiere una gran cantidad de definiciones que comienzan por la semántica. ¿Productivas en cuanto a que producirán o que tendrán que ser rentables (como sinónimo de productividad) o que cada vez tendrán que hacer más con menos?

Y es precisamente en este sentido que los senadores bien pudieron felicitarse y descansar porque habían cumplido con su trabajo, como dijo el presidente de la llamada Cámara alta, Raúl Cervantes, en cuanto a la aprobación de la Reforma Energética.

Sin embargo, cometen un gravísimo error si consideran que aquí termina su trabajo o su responsabilidad. Con la misma intensidad deben trabajar en las leyes secundarias, puesto que los cambios a la Constitución plantean, de un modo u otro, una aspiración y no necesariamente el camino para lograrla.

Muerta

Un ejemplo que deben ver con preocupación es el de la Reforma a las Telecomunicaciones y la competencia.

A pesar de que hace prácticamente seis meses fue promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la realidad es que no sólo no ha mejorado al sector de las telecomunicaciones, sino que hoy por hoy frena la inversión y la competencia.

Se pensó que la reforma promovería una mayor competencia. Ni una sola de las prácticas abusivas del sector han desaparecido, antes algunas empresas han aprovechado los huecos para agandallarse hasta de los derechos de autor, como es el caso de las transmisiones que hace Dish de la programación de las dos principales empresas de televisión abierta.

Empresas como Nextel están teniendo que tomar decisiones bastante duras, puesto que no pueden determinar cuál será el futuro de su negocio puesto que si no hay regulación secundaria. De hecho, la empresa encabezada por Peter Foyo y Telefónica México han exigido definiciones puntuales sobre la dominancia y hasta el momento no han sido atendidas.

El hipster presidente del Instituto Federal de Comunicaciones, Gabriel Contreras, puede seguir haciendo declaraciones muy positivas sobre el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones; sin embargo, hasta el momento no ha logrado mandar una sola señal positiva para el mercado.

Si se hace una rápida revisión de lo que ha pasado en estos seis meses en el sector, ha crecido el número de amparos, es decir, la litigiosidad sigue en apogeo; ninguna empresa ha anunciado planes de expansión ni nuevas inversiones; la falta de uso de bandas como la de 700 ya implica un importante costo de oportunidad que puede contarse por decenas de millones de dólares.

En este punto es muy difícil encontrar a alguien dentro del sector de las telecomunicaciones que considere que la reforma ha traído beneficios. Hoy por hoy debe ser puesta en la lista de esas grandes ideas que no han funcionado como la llamada reforma laboral, que no ha servido para generar empleos, puesto que el número de afiliados al IMSS ha decrecido en este año y, peor aún, las malas prácticas de patrones se mantienen.

Los legisladores no deben creer que el trabajo termina con los cambios constitucionales, sino que deben ser igual de acuciosos en las leyes secundarias puesto que, como se demuestra, la falta de una regulación secundaria es incluso peor que no haber hecho los cambios legislativos.