Repsol, caso pendiente para Pemex

Aunque el gobierno español, representado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, firmó un principio de acuerdo para resolver el conflicto derivado de la nacionalización de 51% de YPF con el gobierno argentino de Cristina Fernández, el precio final fijado en cinco mil millones de dólares para cubrir la indemnización, no salva el conflicto porque Repsol, de Antonio Brufau, demanda garantías reales (activos petroleros o de gas) y no acepta los títulos de deuda del Tesoro argentino.

La negociación la está revisando Isidro Fainé, el vicepresidente de Repsol, porque La Caixa avaló la propuesta del gobierno español y la de Pemex, que son los accionistas más importantes de Repsol.

De entrada, el convenio implicará que la petrolera española tenga que reconocer una pérdida de dos mil millones de dólares, dado que tenía registrada la posición nacionalizada en YPF en siete mil millones de dólares, pero lo que los negociadores buscan es que las garantías que se incorporen para sellar el acuerdo sean sólidas.

De hecho, dicen que en la búsqueda de respaldo, en Pemex, se analiza emular lo que hizo México en 1995, cuando los fondos de estabilización financiera y la reestructura de la deuda soberana emitida fue garantizada con los flujos de pago de las exportaciones de Pemex.

Eso mismo podría ocurrir con la petrolera nacionalizada, pues la administración de Brufau no deja de subrayar que el riesgo de default de Argentina es muy elevado, considerando el proceso que ha perdido contra los fondos buitre en Estados Unidos y el estancamiento de las negociaciones de reestructuración con el Club de París.

Para Pemex, que dirige Emilio Lozoya, la resolución del conflicto es clave, dada la mediación que ha ejercido el gobierno del presidente Enrique Peña con Argentina y el gobierno español para concluir la disputa de forma amigable, pero en especial porque el acuerdo apoyado por Pemex ha facilitado la revalorización de las acciones de Repsol, que estaban por el suelo, y también permitirá que la empresa elimine un activo que lastra su balance.

Y, por cierto, PMI Comercio Internacional de Pemex, que dirige José Manuel Carrera Panizzo, entra formalmente este lunes al astillero español Hijos de J. Barrieras (Astillero Barreras de Galicia), que encabeza José García Costas, tras concretarse la inversión de 5.1 millones de euros por 51% del capital.

La inversión tiene un objetivo estratégico, pues le permitirá apoyarse en la industria naval en España y el acuerdo que implica en materia de transferencia tecnológica para reactivar la industria naval mexicana y, de manera conjunta, facilitar en el mediano plazo la construcción de buques especializados para traslado de líquidos del petróleo o gas licuado.

De Fondos a Fondo

Con aquello de que el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió que le darían “revisión con lupa” a todas las políticas y acciones de gobierno en que se invertirán los recursos públicos, seguramente ya comenzaron a ponerle la lupota a los Planes Sectoriales 2013-18 de las dependencias, que fueron publicados en el DOF el viernes pasado.

Están el de Relaciones Exteriores, Sedena, Sedesol, SEP, SCT, Sagarpa, Energía, Turismo, STPS, y, si me permite,  me parece que son tan generalistas como el Plan Nacional de Desarrollo.

Para muestra, un botón. Por ejemplo, el programa de Relaciones Exteriores, que encabeza José Antonio Meade, propone que la representación de México en el exterior no sólo debe reflejar “aquellas facultades exclusivas de la Ser, sino también la vasta tarea de coordinación que implica el ejercicio de la política exterior del país”, y con ello establece como su primera prioridad el “…promover a México como un destino atractivo tanto para las inversiones como para los visitantes, como un socio comercial confiable y valioso y como una plataforma de acceso a otros mercados. También nos exige trabajar para que el mundo reconozca a México como un país dinámico que, por sus valores y su riqueza cultural, despierte el respeto de otras sociedades”.

Sin conocer el programa sectorial de la Secretaría de Economía, supongo que su prioridad no se traslapa con la de Ildefonso Guajardo en materia de promoción de México como destino de inversión, pero más aún con Turismo, que encabeza Claudia Ruiz Massieu, pues la promoción se vuelve tan clave como la difusión de México como un país dinámico, moderno y no sólo plagado de guerra contra narcos.

Cierto, me dirá que para eso existen los “gabinetes de coordinación”, pero la verdad es que, desde la integración de “sus planes sectoriales”, deberían conocerse con claridad quién se debe coordinar con quién y para qué, porque, en la práctica, uno de los principales problemas del gobierno del color que quiera, es que “cada quien cuida su parcela” y algunos que dizque acusan “perfil bajo”, en realidad son muy buenos para dar golpes bajos.

Fíjese que por tercera vez el SAT, que encabeza Aristóteles Núñez, extendió el plazo en el que las empresas que realizan “actividades vulnerables” se den de alta y registren, además de que presenten los avisos de operaciones relevantes e informes a la autoridad fiscal, según la Ley de Prevención de Lavado de Dinero que entró en vigor a mediados de este año.

La última extensión, según la comunicación del SAT, se debió a “ajustes en el sistema del portal de Lavado de Dinero” y establece que ahora será hasta el 17 de enero de 2014 cuando venza el plazo.

Según el SAT, al 12 de diciembre del 2013, se han registrado 25 mil 14 personas con actividades vulnerables (juegos y casinos, agentes aduanales, fedatarios, distribuidores automotrices, corredores de inmuebles, joyerías, emisores de vales de despensa y tarjetas de prepago, etc.), y se han recibido diez mil 287 avisos e informes “en cero”.

Y la pregunta “¿No son demasiado pocas para el tamaño del problema que se presume?”, e igual, el que los informes se hayan presentado “en cero”, fue porque se fijó un umbral demasiado alto y las lagunas de ley permiten enterar algunas operaciones como pagos fraccionados, de manera que ninguna venta de residencia o traslado de mercancía resulta “relevante”.