Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

17 Dic, 2013

¡Libre paso al ferrocarril!

Con eso de que las megareformas estructurales capturaron toda la atención, algunas de carácter sectorial, pasó casi de noche la aprobación de la Iniciativa suscrita por los diputados Abel Guerra Garza y Fernando Alfredo Maldonado Hernández (PRI) el 13 de noviembre de 2013, y a la que se sumó la diputada Esther Quintana Salinas (PAN), para reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El dictamen salió de la Comisión de Transporte que preside el diputado Juan Carlos Muñoz y fue avalado en el Pleno sin mayor escándalo y luego transitó por el Senado de la República sin mayor problema, al grado de que el 12 de diciembre se dispensó la lectura del dictamen que venía de regreso y se envió al Ejecutivo para su publicación.

¿Y por qué es trascendente? Porque forma parte de una negociación más amplia que busca abaratar el precio del transporte de mercancías y también de personas, al establecerse en la ley la garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación.

Y eso quiere decir que, como esas vías son del Estado, éste tendrá la facultad clara para introducir medidas regulatorias que generen condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera (ahora sólo KCSM, que dirige José Zozaya, y Ferromex, que dirige Alfredo Casar, además del ineficiente Ferrocarril del Istmo que opera el Chiapas Mayab y dirige Gustavo Baca) y en los servicios auxiliares que presta, y bien podría incorporar a nuevas empresas que quieran coinvertir en el tendido de redes transversales o regionales.

Hoy, uno de los grandes dramas nacionales es que sólo 26% de la carga de bienes y mercancías se transporta por ferrocarril y, por los costos y cláusulas de los contratos, las grandes corporaciones han generado sus propias redes de transporte con tracto camiones doblemente articulados, en lugar de que ocurra como en países desarrollados y emergentes avanzados, donde la ecuación es inversa.

Según han documentado las empresas de ConMéxico, que encabeza Jaime Zabludovsky, y la Concamin de Francisco Funtanet, la tarifa de carga que aplican los tres principales concesionarios, aumentó entre cuatro y hasta ocho veces en los últimos 12 años, por arriba de la inflación acumulada que ha sido de 61.6 por ciento.

Para que pueda lograrse el objetivo de bajar tarifas y hacer eficiente el sistema ferroviario e incentivar su modernización, se atribuye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza, “la facultad para garantizar la interconexión en las vías férreas cuando sean vías generales de comunicación; establecer las condiciones y contraprestaciones en los casos en que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, y establecer bases de regulación tarifaria cuando no existan condiciones de competencia efectiva”.

De hecho, no hace sino llevar a ley lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definiera por ahí de 2008 al resolver los amparos en materia de derechos de paso y tarifas unitarias, pero al estar asentado en la reglamentaria pueden determinar que todas las tarifas que apliquen los concesionarios y permisionarios se registren ante la secretaría para su puesta en vigor y colocarse en lugar visible en las terminales en que presten servicios, así como por medios electrónicos y por medio de internet.

Y seguro que los concesionarios dirán que ya lo hacen, pero lo que no hacen es mostrar sus contratos, porque de lo que se quejan en realidad es que además de caro y lento, el cliente es el que paga la ineficiencia del transporte, porque si éste entrega tarde la mercancía, le cobran extra, pero si la recibe tarde o en mal estado, la apechuga. De ese tamaño es la realidad de un duopolio que parece que ya no llegó para quedarse solo.

Por eso la SCT va a dictar las bases de regulación tarifaria por sí o a petición de parte afectada, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que preside Alejandra Palacios, cuando considere que las tarifas registradas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables y que no existe competencia efectiva o se den prácticas monopólicas relativas o absolutas.

Por lo pronto, la regulación de tarifas por derechos de paso y de arrastre entre concesionarios, tarifas de interconexión razonables, tendrán que ir de la mano de obligaciones de inversión en construcción de infraestructura para mejorar cargas y velocidad de traslado de las mismas, o la definición de condiciones de entrada de concesionarios nuevos que puedan utilizarla mediante el pago de una contraprestación.

Por cierto, el dueño de la Concesión Chiapas-Mayab, Viabilis Holdings de Pedro Topete, no ha presentado aún al “socio estratégico operador de ferrocarriles” a la subsecretaría de Transporte, de Carlos Almada, para que se resuelva de una vez por todas la incertidumbre que ha pesado en este ferrocarril, que opera en las condiciones más lamentables del mundo.

De Fondos a Fondo

La Universidad Anáhuac, que preside el rector Jesús Quirce Andrés, ha encargado al despacho de abogados Cutting Edge la organización de todos los eventos para la celebración del 50 aniversario de la universidad, el que tendrá lugar a partir de febrero de 2014. Esta firma de abogados la preside Jesús Rodríguez Dávalos, muy conocido en el ámbito energético. En particular, los servicios de organización de eventos y promoción de temas deportivos (representación de equipos de futbol, de deportistas y de artistas diversos) caen bajo la responsabilidad de Jaime Calpe, Patricio Mier y Jonathan Davis Arakelian. Se trata de la misma firma, por cierto, que recién organizó en Puebla la 25 edición del Torneo de la Amistad, el cual es el evento deportivo intercolegial más grande de América Latina y que este año convocó a más de seis mil 500 jóvenes deportistas de entre seis y 18 años de todo el país, participando en diversos deportes. Para 2014 la sede será a fines de año en Monterrey; la sede necesita ser una ciudad con la infraestructura suficiente para satisfacer una demanda del orden de seis mil cuartos de hotel.

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