Maricarmen Cortés

Desde el piso de remates

Maricarmen Cortés

7 Ene, 2014

AICM avanza con firma de contratos en T1

Alfonso Sarabia, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), continúa con la firma de contratos de los 740 locales comerciales de la Terminal 1, pese a la oposición de la empresa Fumisa, la que acusa al gobierno mexicano de violar el Estado de derecho, de no respetar sus obligaciones contractuales y hasta de confundir a la opinión pública.

Para la SCT no hay confusión alguna. El contrato con Fumisa venció el pasado 31 de diciembre y a partir del día primero de enero inició la firma de los nuevos contratos. Estamos hablando en total de 740 locales y 317 contratos y de acuerdo con Alfonso Sarabia, se tiene ya un avance de 75% y se espera concluir con la totalidad de los contratos bajo las mismas condiciones, en los próximos días.

Fumisa intenta por todos los medios legales revertir esta firma de contratos y mantener el control del arrendamiento de los locales comerciales y su argumento de defensa es que el 31 de diciembre no vencía —como sostiene AICM— el contrato sino la fecha de revisión de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que estaba garantizada en 12.82% en términos reales.

Lo primero que habría que cuestionar es por qué el gobierno mexicano firmó hace 20 años un contrato en que se otorgaba una garantía de retorno de 12.82% real que es en verdad muy alta y más cuando estamos hablando del arrendamiento de la zona comercial del principal aeropuerto de México que es desde luego terreno federal.

Debería sorprender que una empresa privada se enfrente al gobierno mexicano en forma tan abierta, porque aún si Fumisa tuviera razón jurídica sólo lograría prorrogar unos años más su concesión que de ninguna manera será renovada a 20 años como pretendía el Fondo Advent, el principal socio de Fumisa, antes de que su abogado, Jorge Gastélum, comprara a través de Tenedora K, las acciones de la holding de Mexicana de Aviación en sólo mil pesitos.

Fumisa, que dirige Rufo Pérez Pliego, asegura que ya demostró ante tribunales que su TIR fue de 5.01% en periodo de 1991 a junio de 2011, pero no da a conocer su TIR de 2011 a 2013.

El AICM otorgó un plazo de 90 días a Fumisa para que determine su TIR, pero seguirá con el proceso de firma de contratos con locatarios porque asegura que la determinación y validación de la TIR no altera la vigencia del contrato.

Estamos hablando desde luego de un negocio muy jugoso más de mil 300 millones de pesos al año porque la T1 recibe diariamente más de 150 mil personas entre pasajeros, familiares y trabajadores.

Chico Pardo, con el pie derecho

Y quien inició el año bien fue Fernando Chico Pardo, presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), que maneja entre otros aeropuertos al de Cancún porque ya la SCT aprobó el Programa Maestro de Desarrollo para todas sus concesiones en México, para el periodo 2014 a 2028.

En este programa se aprueban ya los factores de eficiencia y tarifas máximas por unidad de trabajo, que equivale a un pasajero o 100 kilos de carga, lo que le permitirá a la empresas una mejor planeación para los próximos 14 años, aunque las aerolíneas siguen quejándose de los elevados costos de los aeropuertos en México.

Otra buena noticia para Chico Pardo, quien en el sexenio pasado presentó un amparo en contra de la licitación del nuevo aeropuerto de la Riviera Maya, es que entre las prioridades de la SCT está el ferrocarril transpeninsular que irá de Mérida a la Riviera Maya, pero no está contemplada la construcción de otro aeropuerto en la región por lo que ASUR no tendrá que enfrentar una mayor competencia.

Control de venta de alcohol etílico y metanol

Una muy buena noticia para la industria es que ya se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo del Consejo de Salubridad General para controlar la venta de alcohol etílico y metanol, que sin lugar a dudas será una de las medidas más eficiente de la Cofepris y de la Secretaría de Salud para combatir la venta de bebidas adulteradas.

La Cofepris, que encabeza Mikel Arriola, tendrá mayores mecanismos para darle seguimiento a la comercialización de alcohol etílico y metanol ya que tendrá que registrarse desde su producción e importación, lo que permitirá detectar su desvío al comercio ilegal que en los últimos tres años se incrementó en un alarmante 333% con un total de 373 mil 880 litros en el periodo 2011-2013 y las sanciones se elevaron en 733%.

Desde luego queda prohibida la venta al público excepto en envases menores de un litro y las empresas tienen un plazo de 30 días para inscribirse en el nuevo Registro de Producción y venta de alcohol etílico y metanol. Sin lugar a dudas es una muy buena noticia.

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