Bancos excluidos de ley concursal y quiebras bajo la Ley de Instituciones de Crédito

Una de las novedades de la Reforma Financiera es que crea un marco regulatorio específico de liquidación judicial para la banca en la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), lo que exenta al sector de la aplicación de la Ley de Concurso Mercantil.

De acuerdo con la reforma a la LIC, la extinción del capital de una institución bancaria múltiple, esto es que sus activos no sean suficientes para cubrir sus pasivos, será causal de revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple.

Con lo anterior se dará paso al proceso de liquidación judicial bancaria en el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jaime González Aguadé, es la autoridad facultada para verificar que se ha extinguido el capital y revocar las autorizaciones.

Dicho organismo deberá informar a su vez al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que comanda Lorenzo Meade, sobre la extinción precisamente del capital, quien podrá solicitar a un juez federal de distrito que se declare la liquidación judicial de la institución.

El IPAB también podrá actuar como liquidador y llevará el proceso de reconocimiento de créditos. A diferencia de la ley concursal, la liquidación de un banco no prevé una etapa de conciliación.

Una vez que el juez emita sentencia declarando la liquidación judicial, el IPAB podrá cobrar lo que se deba a la institución de banca múltiple, enajenar sus activos, pagar o transferir pasivos, liquidar a los accionistas y realizar demás acciones de liquidación.

El IPAB llevará a cabo el procedimiento de reconocimiento de créditos. Para el pago de las operaciones a cargo del banco, el IPAB deberá considerar en primer lugar los créditos con garantías o gravamen real e inmediatamente después los créditos laborales.

Posteriormente los créditos que tengan un privilegio especial según la ley que los rija, seguido de los créditos derivados de los depósitos, préstamos y créditos que haya recibido o aceptado la institución, y hasta el final créditos que se desprendan de obligaciones subordinadas preferentes y no preferentes.

Heather a GEO

Le platicaba ayer de la incorporación de Homex, de Eustaquio de Nicolás, al tren de la reestructuración ordenada de pasivos con comité de bancos y bonistas.

La Secretaría de Hacienda vía el subsecretario Fernando Aportela venía pugnando porque privilegiara al resto y no sólo a un grupo, particularmente a Inbursa, de Carlos Slim. La intención es que junto con URBI y GEO logren llevar a buen puerto un concurso mercantil con acuerdo previo.

La más adelantada es esta última de Luis Orvañanos. Tras la publicación de la Ley de Concursos Mercantiles modificada ya se están terminando de adecuar los documentos a esta legislación.

La firma de la reestructuración está programada para la última semana de enero o primera de febrero. Incluso le adelanto que trascendió el nombre de Thomas Heather como posible conciliador. Se trata de un afamado abogado corporativo socio de Ritch Mueller que conoce bien el caso. Antes tendría que renunciar a la representación de un grupo de tenedores de una bursatilización de maquinaria.

Eucario revierte

Resulta que este martes el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal otorgó amparo y protección a Grupo Anderson’s contra la sentencia de nulidad del laudo arbitral que Operadora Anderson’s, la de David Krouham, había conseguido del Juez Décimo de lo Civil de la misma Ciudad de México.

Lo anterior implica que queda firme el fallo del Centro Mexicano de Arbitraje que resolvió desde abril de 2012 que el titular de las marcas Carlos n’ Charlie’s y Señor Frog’s es Grupo Anderson’s, que capitanea Eucario González Lizardi, y por lo mismo son legales los contratos con Grupo Serigráfico, de Guillermo Rodríguez Macouzet.

Es de esperarse que tras dicha resolución los agraviados por la ofensiva legal que Krouham operó a finales de 2013 vía su abogado, Igor Trujillo, emprendan acciones civiles y penales por piratería contra Operadora Anderson’s, lo que impactará a los restaurantes que maneja en México, Estados Unidos y el Caribe.

CKDs de Brilla

El proceso que se retomó prácticamente desde la primera semana hábil de 2014 es la colocación del CKD de Brilla Group y de Grupo IGS, las firmas de David Brillembourg y Antonio Ruiz Galindo, respectivamente.

Van por 400 millones de dólares para adquirir unos diez hoteles. Ya tienen tres cartas de intención suscritas con igual número de operadores hoteleros que representaría una entrada inmediata de entre 300 y 350 millones de dólares. En los últimos días se han sostenido reuniones con representantes de afores como Profuturo de Eduardo Silva, Banorte XXI de Tonatiuh Rodríguez, Principal de Ramón Pando y apenas esta semana Sura de Enrique Solórzano.

El CKD se cree que pudiera salir a finales de marzo o principios de abril. Actinver de Héctor Madero es el estructurador y Carlos Aiza, de Creel García-Cuéllar, el asesor legal.

Toluca con TUA

También el aeropuerto de Toluca acaba de ajustar la TUA, pero sólo para aviación general. A partir de la semana pasada cobra una tarifa única de dos mil 250 pesos por cada aterrizaje, con la que se busca dar mayor transparencia.

Antes era de 350 pero por persona, lo cual era muy complicado computar porque al tratarse de aeronaves privadas para los operadores de hangares era un caos registrarlas. Se estima que esa terminal tiene al año unas 80 mil operaciones de aviación general. Por lo que hace a la TUA de aviación comercial también viene un ajuste al alza.

Actualmente tienen una tarifa autorizada de 187 pesos para vuelos nacionales y 222 para internacionales. OHL, que preside José Andrés de Oteyza, posee 49% de la terminal; ASA, que dirige Gilberto López Meyer, otro 25%, y el gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, 26% restante.

MSD se depura

Donde acaba de concluir una limpia fue en Merck Sharp & Dohme. A finales de octubre le reporté la salida de Timothy Daveler de la dirección general, tras una auditoría que efectuó la oficina matriz. Parece que se contrató a Deloitte, la firma que lleva aquí Francisco Pérez Cisneros.

Resulta que el canal distribuidor estaba sobre inventariado con más de 60 días y los números no coincidían con la facturación real.

A ello agregue deudas con grupos como Casa Saba, de Manuel y Alberto Saba, que comprometieron todavía más las finanzas de la subsidiaria que recién asumió John Markels. Además de Daveler salieron a finales de diciembre los directores de Finanzas y de Operaciones con Gobierno, amén de algunos responsables de unidades de negocio.