Cajas de ahorro, una papa caliente para la CNBV

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que las cajas de ahorro o sociedades de ahorro y crédito popular se registren ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y puedan seguir operando bajo la figura de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socap).

El plazo de esta prórroga condicionada se estableció en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, desde agosto de 2009, lo que implica que las cajas de ahorro tuvieron un plazo más que amplio para regularizare.

El objetivo tanto del Congreso como de las autoridades es proteger a los ahorradores de menores ingresos para evitar quebrantos como el de la caja El Arbolito, donde resultaron afectados miles de ahorradores de varios estados de la República.

Faltan menos de tres meses para que concluya el plazo. La CNBV, que preside Jaime González Aguadé, ha enfatizado que no habrá prórrogas adicionales pero todavía hay un elevado número de Socaps que no tienen su registro, lo que implica que de no obtener la autorización de la CNBV, no podrán seguir captando recursos del público a partir del 1º de abril y estarán obligadas a dejar de operar o fusionarse a una Socap autorizada.

Estamos hablando de un universo de 600 cajas de ahorro, aunque por un absurdo de la ley sólo se tienen que registrar las Socaps con activos superiores a 2.5 millones de Udis. El absurdo es que habrá cajas de ahorro que opten por no registrarse y manejar una o más Socaps con activos menores a 2.5 millones de Udis y aunque no son las más grandes del país siguen representado un riesgo para los ahorradores porque operarán sin regulación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la CNBV,  330 cajas de ahorro o Socaps básicas que manejan activos menores a 2.5 millones de Udis y de las 269 restantes poco más de la tercera parte —132— ya se registraron o están en proceso de trámite.

Si las 139 restantes que se ubican en su mayoría en Oaxaca, Chiapas y Jalisco no se registran antes del 31 de marzo caerían en la ilegalidad y no es un problema menor porque tienen más de un millón de socios con activos superiores a tres mil 500 millones de pesos y  tendrían que dejar de operar y regresarles el dinero a los ahorradores y estamos hablando de cerca de tres mil 500 millones de pesos.

46 Socaps sin evaluar

Un problema adicional es que hay 46 Socaps que ni siquiera han iniciado su trámite de registro y no están evaluadas. De estas 46 hay 39 que están clasificadas como categoría D y el plazo vence antes porque a partir del 1 de febrero ya no podrán captar ahorro ni realizar operaciones con el público. En el caso de que entren en un proceso de disolución y no tengan medios para regresar los ahorros entrarían los recursos de Fipago que serían sin embargo insuficientes porque hay mil 500 millones de pesos.

Como se comprende, es una auténtica papa caliente para González Aguadé, quien regresó esta semana de la reunión de Basilea y de inmediato se enfocó a cumplir con la apretada agenda de la nueva regulación —más de 200 circulares— por la Reforma Financiera.

Pemex reactiva producción de fertilizantes

Esta ha sido una buena semana para Emilio Lozoya, director general de Pemex. Por un lado, ayer realizó una colocación de bonos —la más alta en la historia de la empresa— por cuatro mil millones de dólares de los cuales tres mil millones vencerán en 2045. Y otra prueba del gran atractivo que ha despertado la Reforma Energética es que la demanda fue inusitadamente alta: de diez a uno.

Además, ésta es una muy buena noticia para el campo, Pemex anuncio ayer que reanudará la producción de fertilizantes después de que compró los activos de Agro Nitrogenados y con una inversión de 475 millones de dólares se reactivará la producción de 990 mil toneladas anuales de urea en Pajaritos, Veracruz, a partir del año próximo.

Y se dice fácil, pero México dejó de producir fertilizantes desde hace más de una década y la producción en Pajaritos representará más de 70% de la demanda nacional por lo que se sustituirán importaciones por más de 400 millones de dólares anuales.

Avala SCJN ley de geocalización

La Suprema Corte, por mayoría de ocho votos contra tres, falló en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pretendía que se declarara inconstitucional las normas que facultan la geo localización en tiempo real de un teléfono celular sin orden previa de un juez.

Aunque hay muchos críticos de esta medida por el temor de que las autoridades la apliquen en forma discrecional, será una herramienta muy eficaz sobre todo en casos en que se investiguen secuestros o extorsiones.