“Inviable anular Reforma Fiscal”

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma hacendaria propuesta por la Secretaría de Hacienda y aprobada por el Congreso de la Unión para 2014, es consistente con disposiciones fiscales previas, que también han sido impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que el máximo tribunal del país ha declarado constitucionales, “por lo que la posibilidad de que prosperen las acciones de inconstitucionalidad y amparos presentados por legisladores y empresas contra la nueva política impositiva del gobierno federal es limitada”, afirmó el subsecretario de ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher.

En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, aseguró que la Secretaría de Hacienda y los legisladores cuidaron en todo momento que tanto el proyecto de Reforma Hacendaria, como las modificaciones realizadas al mismo por el Congreso de la Unión, fueran consistentes con el marco constitucional vigente.

Constitucional

“Nosotros (la SHCP), con respecto a la iniciativa original, y los legisladores, con respecto a los cambios que realizaron en el Congreso de la Unión, cuidamos en todo momento que las disposiciones fueran consistentes con nuestro marco constitucional. Obviamente la decisión final es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al momento en que nosotros diseñamos la propuesta original de reforma, y después cuando los legisladores realizaron las modificaciones, en todo momento se tuvo cuidado de que los cambios que se hicieran procurasen ser constitucionales.

“En ese sentido, la SCJN podrá tener distintas consideraciones, pero siempre cuidamos en todo momento que lo que se estaba proponiendo fuera consistente con la jurisprudencia, que ya se ha observado con decisiones previas de la Corte y con lo que ya ha encontrado que es constitucional en nuestro marco tributario. En ese sentido, creemos que la probabilidad de que prospere algún tipo de amparos sería limitada”, sostuvo el funcionario federal.

Con esas palabras, el funcionario expresó la firme convicción de Hacienda de que la reforma aprobada es constitucional, y de que por ese motivo no prosperarán las acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados ante la SCJN, ni los amparos que promuevan las empresas ante los Juzgados de Distrito. No obstante, dijo que es la SCJN quien tiene la última palabra.

Recaudación sin problemas

En otros temas, afirmó que los decretos publicados a finales del año pasado, mediante los que Hacienda otorga facilidades administrativas y estímulos fiscales a maquiladoras, importadores de jugos y turismo de exportación, entre otros, no tendrán un impacto negativo en la recaudación del gobierno.

Al respecto, explicó que las medidas que se incluyen en los decretos publicados a finales del año pasado ya existían, y simple y sencillamente se actualizaron para que sean congruentes con las modificaciones realizadas a las diversas leyes y ordenamientos que fueron aprobados.

A manera de ejemplo, comentó que la deducibilidad de colegiaturas existe desde 2011, pero como estaba referenciada a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que abrogó el Congreso para luego aprobar una nueva que entró en vigor el 1 de enero de este año, entonces había que expedir un decreto para ratificar dicha deducibilidad pero ahora referenciada a la nueva norma.

“Muchas de las facilidades que se están incluyendo en los decretos son facilidades que ya existían y que necesitan actualizarse, dadas las modificaciones que se hicieron en el contexto de la reforma y que nunca fueron tema de discusión en la misma”.

Dicho de otro modo, “no es que la reforma hubiera decidido, por ejemplo, que se iba a eliminar la deducibilidad de colegiaturas, y que de repente, en base a un decreto, el Ejecutivo está cambiando lo que se decidió en el Congreso. No, en la reforma nunca se planteó eliminar la deducibilidad de colegiaturas.

“En ese contexto es que realmente estos decretos que se sacan a finales del año pasado no van a tener ningún efecto con respecto a la recaudación que estaba prevista para 2014”, dijo.

Claridad en las medidas

El combate que emprenderá el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la planeación fiscal agresiva que implementan las empresas, particularmente las trasnacionales, deberá realizarse de manera transparente y con pruebas claras que demuestren que no se trata sólo de una medida mediática, advirtieron analistas.

Recientemente el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, dijo que tienen vigiladas a 270 empresas por posiblemente utilizar este tipo de prácticas para pagar menos impuestos al gravar utilidades en otros países.

Para Oliver Ambía López, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, el mantener vigiladas las operaciones de las grandes empresas es positivo, porque indica que las autoridades están cumpliendo con las funciones que le corresponden.

Sin embargo, consideró que el SAT deberá ser muy cuidadoso al momento de multar a una empresa por este tipo de prácticas, porque México tiene firmados varios tratados cuyo fin es evitar la doble tributación.

“Las compañías, si se asesoraron bien desde el punto de vista legalfiscal, pueden hacer una planeación agresiva sin violar las leyes. Están cumpliendo y, al mismo tiempo, pagando menores impuestos”, explicó.

En este sentido, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recomendó a las autoridades actuar con “pruebas claras” y que no exista discrecionalidad.

Estimó que sería prudente tomar en cuenta la opinión de la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes para evitar problemas legales.