Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

20 Ene, 2014

Preponderancia: desafío institucional para IFT

Al notificar las OPR  para de Televisa, que encabeza Emilio Azcárraga, y de América Movil, que lleva Daniel Hajj, en las que se les notifica de la preponderancia, Georgina Kary Santiago Gatica, la jefa de la Unidad de Competencia Económica y quien era directora general de Mercados Regulados en la extinta CFC, es evidente que no inventaron el hilo negro, pero la misma notificación le apunta a cada una de las empresas las consecuencias exactas que “podrían” tener (yo diría que tendrán) en el momento en el que se les declare preponderantes.

Como usted sabe, Televisa se amparó y aunque con las modificaciones a la Ley de Amparo no es esperable que se otorgue una suspensión a la investigación iniciada, en realidad pareciera que lo que se busca es “medirle el agua a los camotes”, esto es: probar los nuevos ordenamientos, más, cuando aún no se tiene vigente la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la OPR fue notificada atendiendo lo que establece la reforma constitucional en sus artículos transitorios.

Hay dos elementos bajo los cuales podría darse una revisión de criterios: el hecho de que la preponderancia la tendrían, de acuerdo con el calendario fijado en los transitorios de la Constitución, que estar declarando el 9 de marzo próximo. Ello supone que el 9 de diciembre el sector regulado habría contado con la ley secundaria.

Sin embargo, como el presidente comisionado del IFT, Gabriel Contreras Saldívar, dijo el pasado 4 de diciembre: los procedimientos para determinar la preponderancia se fijaron considerando “las leyes vigentes (radiodifusión y telecomunicaciones) en los aspectos que no se oponen al mandato constitucional”.

La forma de notificación y el contenido de la misma les detallaron a las empresas las consecuencias de must offer, must carry, desagregación de red, compartición de infraestructura y calidad de servicio exigible a cada red preponderante.

En ningún caso hay una propuesta de “división o fraccionamiento de redes” (y qué bueno, porque seguramente tienen presente el fracaso de la política de fraccionamiento que ejecutó el regulador de competencia al dividir a AT&T y sólo logró en diez años que la industria se volviera a consolidar), pero incluyen algunas que hasta los más pintados dudarán, porque la red de televisión o cablevisión tendrá que ofrecer servicios, detalle de información en los estados de cuenta aun de contratos de prepago, eliminación de ventas atadas y sanciones pecuniarias para los consumidores por incumplimiento o falla de servicio.

Lo mismo sucedería en el caso de la red Telmex-Telcel. Aunque Telefónica, y especialmente Francisco Gil, presidente de la empresa en México, ha insistido en la aplicación de tarifas asimétricas para interconexión, el gran dilema que parece surgir es que, si se le baja más la tarifa, se usa más la red para el tráfico, y la capacidad espectral de la misma acusa tal saturación que tendría que asignarse mayor espectro y eliminar los topes que impuso la CFC para modificar criterios, a fin de que quien tiene espectro lo use y quien no lo use lo devuelva.

Por ejemplo, en el caso de los prepagos y medidas dirigidas a los clientes, lo interesante es que tendrían que entregar estados de cuenta con saldos detallados y, bueno, no sólo sería un tema para el registro de celulares, sino para todos los operadores, porque no creo que esta medida sólo se aplique al preponderante. Telefónica, Iusacell y Unefon tendrían que hacerlo.

Entre las cosas que llaman la atención está la contratación de paquetes básicos y la contratación de planes de prepago con celular y sin celular, detallados, separados los conceptos y sin posibilidad de encriptar aparatos de última milla.

Ahora, los dos procedimientos notificados a las empresas se acompañan de otro general, cuyo periodo de investigación se fijó para realizarse entre 30 y 120 días hábiles (concluye hacia principios de mayo), que incluye diez mercados con su impacto nacional e “internacional” en materia de  telefonía fija, móvil, acceso a internet de banda ancha, enlaces dedicados, interconexión, televisión restringida, televisión abierta, publicidad en medios de comunicación y concentración en materia de contenidos audiovisuales y de audio.

En el caso de contenidos, todas las redes fijas y móviles, las de cable y las de espectro, tendrán que aceptar el paso de contenidos a tarifas fijas, y los canales que sean radiodifundidos por televisión abierta también tendrán que ser incluidos en las redes de cable a precios adecuados y sin empaquetar.

En fin, lo único cierto del proceso iniciado es el grado de incertidumbre que tienen ambas industrias, porque los que son indiciados administrativamente como preponderantes intuyen el resultado y mejor se abstienen de invertir, y los que compiten contra ellos desconocen cómo quedarán las reglas finales como para aumentar su apuesta en México. Internacionales no tienen ningún interés de venir a México, y nacionales, el gran problema que siguen teniendo es que sus canicas (capital) son escasas para apuntalarse sin ayuda regulatoria.

De Fondos a Fondo

En la ruta hacia Davos, Guillermo Ortiz, presidente de Grupo Financiero Banorte, y Alejandro Valenzuela, presidente ejecutivo del mismo grupo, seguramente aprovecharán el momento para presentar la Oferta Pública Inicial de VivaAerobus, que arranca road show hacia el 3 de febrero y estaría realizando su colocación global hacia los últimos días del mes.

En el caso del MRO, que dirige Fernando Perfecto —ex dirigente de los pilotos—, usted sabe que la juez Edith Alarcón notificó a Alfonso Sarabia, director del AICM, para que asuma la administración y se responsabilice de su operación y los tres sindicatos (ASPA de Carlos Morineau, ASSA de Ricardo del Valle y SNTASSS de Miguel Ángel Yúdico) están esperando que se les convoque para la constitución del fideicomiso al que, se supone, afectarán acciones y flujos derivados de los contratos del MRO, para constituir el patrimonio que permita dar salida al conflicto laboral de Mexicana. Creo que, como van las cosas, las “otras quiebras” del proceso tendrán resolución antes de que concluya febrero.

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