Relación presupuesto y seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

En ese mismo sentido, Thomas Hobbes, en su Leviatán, señala que “el único modo de erigir un poder común que pueda defender a los hombres de la invasión de extraños y de las injurias entre ellos mismos, dándoles seguridad que les permita alimentarse con el fruto de su trabajo y con los productos de la tierra, y llevar así una vida satisfecha, es el de conferir toda su fuerza y todo su poder individual a un solo hombre o a una asamblea de hombres”. Es decir, que la función de seguridad recae en quiénes integran al Estado.

Para apoyar al Ejecutivo Federal en su función de proveer seguridad pública a la población, los Gobiernos Estatales y Municipales reciben aportaciones de la federación con las que forman, capacitan y mantienen a sus propios cuerpos de seguridad para preservar el orden. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dichas participaciones son canalizadas principalmente a través de dos vehículos:

El primero es a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y el segundo a través del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun). El FASP son recursos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se transfieren a las haciendas públicas de los Estados y del DF. El Subsemun recibe recursos directamente de la Secretaría de Gobernación. Si bien cada uno de estos vehículos cuenta con reglas de operación y fines específicos, en general persiguen la profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, el mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones y el desarrollo de políticas públicas para la prevención social, así como el establecimiento y mejoramiento de una red nacional de telecomunicación de seguridad, entre otros.

Para 2014, los recursos asignados al FASP ascendieron a 7,921.6 millones de pesos, 7.4% más a los asignados en el último año de gobierno del sexenio pasado. Por su parte, los asignados al Subsemun ascendieron a 4,733 millones, 6.3% de incremento respecto a 2012. Cabe mencionar que en el PEF 2014 también se contemplan recursos para gasto en seguridad pública en las entidades federativas mediante dos vías: a) 2,688.4 millones mediante el otorgamiento de subsidios a los estados para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y b) 2,595 millones para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

De manera complementaria a las aportaciones que reciben los gobiernos locales, el Gobierno Federal ha destinado importantes recursos para combatir al crimen a nivel central. Con base en un estudio elaborado por la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, el gasto en seguridad pública de 2006 a 2014 se triplicó al pasar de más de 50,900 millones de pesos a más de 153,900 millones de pesos. Sin embargo, este mismo estudio arroja un dato interesante que permite dilucidar por dónde van las fallas de la asignación de recursos para el gasto en seguridad ya que cerca del 86% se ha destinado a gasto corriente y el restante 14% a gasto de inversión para la compra de equipamiento de los cuerpos policiales, nuevas tecnologías para combatir el crimen, etc. Es decir, pareciera que la estrategia se basó en creer que con redoblar el número de efectivos bastaría para reestablecer nuevamente el orden, lo cual hoy sabemos, no es la mejor de las medidas.

Como vemos, más allá de discutir si los recursos son suficientes o no, es innegable que los esfuerzos por incrementar el gasto en seguridad con la intención de reducir los índices delictivos se han realizado. Sin embargo, las estadísticas sobre la severa crisis de seguridad que ha vivido nuestro país desde hace ya varios años, han fortalecido la hipótesis de que más gasto en seguridad no necesariamente implica una reducción en el número de crímenes cometidos, por lo que la ecuación de la delincuencia puede estar más explicada por otros elementos que no necesariamente son de índole económico, por ejemplo, la impunidad. Como referencia, durante 2012 se cometieron 2,270 delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y únicamente en el 0.8% de los crímenes se logró la captura de los responsables y se dictó sentencia condenatoria.

De igual forma, los constantes ejemplos de corrupción de los cuerpos policiales en entidades como el Estado de México y Michoacán apuntan también a que la crisis de seguridad no se debe exclusivamente a una falta de presupuesto en los gobiernos locales (con sus excepciones) sino a una ausencia de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, faltando, como lo enuncié al principio de este escrito, al artículo 21 de nuestra Carta Magna.