Qué pasa si no…

En las últimas entregas de esta columna he sostenido que las normas de preponderancia y posteriormente de dominancia que aplicará el Instituto Federal de Telecomunicaciones a varias de las empresas del sector, que irán en línea con el planteamiento general del gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto.

Esta administración ha impulsado una de las series más relevantes de reformas constitucionales sobre el sector económico, que tienen como común denominador generar una mayor competencia por la vía de eliminar privilegios a quienes han tenido una posición favorecida, sin importar qué tan grande sea la molestia que despiertan entre algunos ni lo salvaje que pueda resultar su reacción.

El gobierno, comenzando por sí mismo, cedió el monopolio petrolero (que además era un gran mito nacional) para mejorar la competitividad del país por la vía de tener más energéticos y a un menor costo. No le importó lo que algunos califican como costo político, cualquier cosa que eso sea, ni la molestia de sectores que sienten que el espíritu del Tata Lázaro Cárdenas fue violado.

El impulso de reformas como la financiera, fiscal, de competencia económica e incluso laboral muestran esa línea dominante de acción: romper barreras que parecían imposibles y terminar con las zonas de confort que unos han gozado en contra de la mayoría de los mexicanos.

Hace unos años hubiera sido impensable creer que empresas fuertes del sector  de las telecomunicaciones fueran obligados a vender sus activos para disminuir la preponderancia a través de normas adecuadas de dominancia en contra de las compañías y que no fueran las empresas las que determinaran hacia dónde debería ir la regulación.

Algunas, inclusive, claramente están intentando hacer que la regulación vaya por la ruta que a ellos les conviene, es decir, disminuyendo su tamaño en lo que les sobra y quedándose con aquella parte que a ellos no sólo les permita mantener las elevadas utilidades, sino que les permita mantener dominados a los competidores y que no puedan crecer.

Es, en este sentido, que es un tanto innecesario el debate sobre la desincorporación de activos que han hecho. Algunos lo han interpretado como un reto al gobierno federal; otros más, como una violación a su título de concesión y hay otros quienes simple y sencillamente creen que poco o nada tiene que ver con la decisión que deberá anunciar el IFT.

El reto

Las reformas estructurales dependen en gran medida de sus reglas secundarias que, a no dudar, son las que dan forma a las líneas planteadas por el gobierno y los legisladores.

Permítame una figura. Una reforma estructural es tomar la decisión de entrenar para correr un maratón. Las reglas secundarias son inscribirse a un gimnasio, contratar un entrenador, asistir a un nutriólogo y seguir durante un largo tiempo una rutina de entrenamiento y alimentación. Esperar que al día siguiente que se inscribe alguien a un gimnasio logrará resultados es tan absurdo como creer que el día que se anotan en un deportivo ese día mejoró su condición física.

Así las cosas, bien vale la pena preguntarse qué pasaría si no se hacen bien las leyes secundarias o la toma de decisiones de órganos como la Comisión Federal de Competencia Económica o el IFT no son las correctas.

En la experiencia reciente, quizá vale la pena recordar cuando se creó la Ley Federal de Concursos Mercantiles que suplió a una Ley de Quiebras (una figura de la que se abusó escandalosamente).

En el sector financiero se dijo que ahora sí se sentarían las bases para disminuir el costo de los créditos, puesto que habría plazos ciertos para llegar a un acuerdo entre acreedores y deudores. Sin embargo, la pésima operación del Instituto Federal de Concursos Mercantiles, así como de los jueces que han tenido que ver con concursos mercantiles como el de Mexicana de Aviación demostraron que una excelente ley puede ser tirada a la basura por las malas decisiones que toman quienes la administran.

El IFT sólo tiene una opor-tunidad para cumplir con la Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones. Si determinan buenas normas de preponderancia y fijan reglas de preponderancia adecuadas, estarán en línea con la aspiración de los mexicanos reflejada en los cambios a la ley.

Seamos claros. El fondo de la Reforma a las Telecomunicaciones no es ni debe ser castigar el tamaño de algunas de las compañías locales, sino generar un mercado de las telecomunicaciones verdaderamente competido y que beneficie a la mayoría de los mexicanos.

Si se cumple con este punto, entonces los mexicanos tendremos un mayor y mejor acceso a los servicios que hoy son caros, malos e ineficientes. No se debe perder esta oportunidad única.

De lo contrario, el futuro del IFT será similar al de prácticamente todas las alineaciones que tuvo la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se culpó a los comisionados y se llegó a absurdos como el de 2006, en el que se cambió totalmente el pleno.

La gran diferencia, ventaja si se quiere, es que mientras la Cofetel siempre estuvo dividida en sus comisionados, con problemas de doble ventanilla con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la falta de presupuesto, el IFT es parte de una gran corriente transformadora que no tiene miedo a eliminar cotos de poder a los que algunos ridículos califican como poderes fácticos. Adicionalmente hay unidad entre los comisionados, definición de áreas de influencia con la SCT, así como un presupuesto suficiente.

Si no se tiene el valor o la capacidad de hacer una buena regulación de preponderancia y aplicar leyes de dominancia, el costo será verdaderamente grave para la inmensa mayoría de los mexicanos.

El riesgo de cometer errores o no tener el alcance suficiente podría implicar un gravísimo retroceso, puesto que es clarísimo que una vez que se da una reforma estructural fallida, existe una gran reticencia de los políticos
para corregirla.

Ayer mismo apuntamos en esta columna la necesidad de hacer una reforma laboral a la luz del fracaso que se registró a final del gobierno del presidente Felipe Calderón.