¿Quién presiona al IFT?

Cuando parecía que el sector de las telecomunicaciones caminaba por el rumbo de la instrumentación de políticas correctas, productos de la reforma constitucional aprobada el año pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo una serie de afirmaciones ante los legisladores del PRI y del Partido Verde que despertaron mucho más que molestia y preocupación dentro del sector.

Gerardo Ruiz Esparza dijo:

“Evidentemente el procedimiento (establecer normas de preponderancia y dominancia) se inició y aun cuando no existe reglamentación específica que regule estos procedimientos, sí un plazo fatal establecido en la Constitución por el Congreso de la Unión para su cumplimiento, el cual fenecerá el 9 de marzo.

“En mi opinión, sería conveniente encontrar un mecanismo, desde luego legislativo, para que el Instituto Federal de las Telecomunicaciones no se vea presionado por esa fecha límite fijada en la Constitución y realice procedimientos sin que exista una ley orgánica de la reforma constitucional”.

Sería difícil de justificar políticamente que el secretario de Hacienda hiciera opiniones similares sobre las funciones constitucionales que se le dieron al Servicio de Administración Tributaria o a cualquiera de los órganos supervisores del sector financiero.

Peor aún, cuando el IFT fue constituido como un organismo autónomo, es decir, no dependiente de la SCT, que ya no es más su superior jerárquico. Así, sería como si el titular de las finanzas públicas opinara sobre la capacidad de cumplimiento o no de las normas del Banco de México o que la Secretaría de Gobernación hiciera algo parecido con el Instituto Federal Electoral.

Vamos, es como si el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, opinara que el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica no podrá cumplir con la meta de tener un estudio sobre la competencia del sector financiero que, apenas, comienzan a realizar.

Colateral

El IFT a través de su presidente Gabriel Contreras y algunos otros de sus comisionados como Fernando Borjón en el sentido de que sí podrían cumplir con la obligación constitucional usando el marco jurídico vigente y, como reconoce el propio Ruiz Esparza, ya se inició. Algunos suponían que estaban cerca de emitir resoluciones.

Así las cosas, la opinión del titular de la SCT descalifica a un organismo autónomo, lo que debe ser visto como inaceptable por todos los participantes del sector de las telecomunicaciones.

Supongamos sin conceder que efectivamente el IFT no podrá cumplir con las obligaciones constitucionales. Debería ser el pleno de este instituto el que lo hiciera público o directamente le pidiera más tiempo a los legisladores.

Sordera

Desde noviembre del año pasado señalamos en esta columna que había dos posibilidades sobre la Reforma a las Telecomunicaciones.

Que el gobierno había cedido a los iluminados del Pacto por México esta reforma constitucional a cambio de las demás y no habían revisado cabalmente muchas de las locuras que terminaron aprobado por mayoría los legisladores. La segunda es que simple y sencillamente el gobierno hizo mal su trabajo en esta reforma y no calcularon bien los tiempos.

No pueden decir que no hubo advertencias en el Congreso. Senadores como Javier Lozano, Ernesto Cordero y algunos otros dijeron que los tiempos fijados tanto para contar con la regulación secundaria y tampoco para que un organismo nuevo tuviera determinaciones tan relevantes para uno de los sectores más importantes de la economía.

Fueron los propios panistas como “Gustavito” Madero, Juan Molinar, Santiago Creel, Javier Corral y algunos otros que prácticamente acusaron de traidores a la patria a sus correligionarios simplemente porque querían legislar con base en su obligación.

El 9 de diciembre quedó claro que se habían precipitado con los tiempos, puesto que no pudieron cumplir con la obligación constitucional de tener lista la regulación secundaria. Menudearon los pretextos, aun cuando el más socorrido fue que tenían una gran carga legislativa. ¿A poco los legisladores priistas no sabían la agenda legislativa de Enrique Peña Nieto y de su partido?

Tal vez en ese momento hubiera sido una gran oportunidad para que los legisladores reconocieran el incumplimiento a la Constitución y, a partir de ahí, le dieran una prórroga al IFT para realizar su trabajo. Sin embargo, no lo hicieron.

Presionadores

Así las cosas, hay que preguntarse quién o quiénes presionan al IFT como opinó el titular de la SCT.

Una lectura simple sería decir que son las empresas que están directa o indirectamente vinculadas con los procesos que está realizando el IFT. Sin embargo, creer esto es un error garrafal, puesto que ninguna empresa fijó estos plazos. Si se revisan las opiniones que se emitieron, todas coincidían en que los plazos constitucionales eran demasiado cortos.

Otra podría ser que son quienes desean que existan reglas claras para poder tomar decisiones de negocios. Sin embargo, ellos son los mismos que están implicados en el punto anterior y, por lo tanto, ya fueron descartados.

Quienes ejercieron esta presión sobre el IFT fueron, por orden de aparición, el Pacto por México, los legisladores y la SCT.

Los iluminados del desaparecido pacto fueron quienes propusieron los tiempos excesivamente cortos y los legisladores que no tuvieron capacidad de escuchar las advertencias y la SCT que no ha presentado aún su propuesta de regulación secundaria.

Ruiz Esparza dijo que ya tienen un borrador preliminar que incluye 11 ordenamientos de ley. Curiosamente, a finales del año pasado se habían hecho afirmaciones similares e incluso se consideraba que ya lo tenía el Pacto por México que murió con la reforma energética.

Hace unas semanas el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Lozano Alarcón, dijo que se estaba trabajando en la regulación y rápidamente fue atacado diciendo que su trabajo era ocioso porque no había una propuesta de la SCT.

Se llegó a especular que incluso el Presidente usaría la iniciativa preferente para tener las leyes secundarias que, según parece, no las han podido terminar.

La propuesta de salida de Ruiz Esparza es verdaderamente complicada, puesto que para modificar los plazos se tendría que hacer una reforma constitucional, lo que resulta verdaderamente complicado y difícil de operar.

Así las cosas, lo más probable es que como ocurrió con las leyes secundarias no se cumpla el plazo y no pase absolutamente nada en apariencia aun cuando se haga un año irreparable a la ejecución de las reformas.