¿“Asignación” de Puerto Escondido, Loreto, BCS?

Uno de los destinos que pretende reimpulsar la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, es el de Loreto en Baja California, y aunque tiene muchas deficiencias el destino, comenzando por la deteriorada infraestructura y escasa conectividad, la semana pasada, Fonatur, que dirige Héctor Gómez Barraza, realizó una ambiciosa licitación que incluye varios terrenos y una viejísima instalación marina.

Es ambiciosa porque los parámetros que se fijaron son más propios de un destino maduro y muy bien conectado, y no como el de Loreto, al que arriban 21 mil pasajeros al año.

Hoy la oferta es de 700 habitaciones; la mitad, con el hotel que se quedó Carlos Slim de la dación en pago de Eustaquio de Nicolás en Napoló, y otro del Grupo Villa, a quien tampoco le ha sido fácil lidiar con el activismo bloqueador de los delegados regulatorios más otros hotelitos de no más de 15 habitaciones y algunos bed and breakfast.

Sume oferta de vivienda de vacaciones no vendida y se traduce en un destino en el que la ocupación hotelera ronda entre 26% y 30% en promedio por año y, según el Datatur, con estancia promedio de no más de dos días.

En 2012 y 2013 el tráfico promedio de pasajeros fue solamente de aproximadamente 21 mil. Mientras que en Los Cabos el promedio fue de un millón 450 mil y en La Paz el promedio fue de 260 mil pasajeros.

Fíjese usted que a la reunión de aclaraciones sólo asistió JEP Inmobiliaria, que representa Enrique Salcedo, filial de un grupo de desarrolladores de Jalisco, que ha invertido alrededor de 400 millones de pesos de recursos propios, arriesgando su patrimonio, pero a quienes les cambió el panorama cuando, cada vez que avanzaban, se tardaban un año en poder sacar otra licencia, y a pesar de que le compraron a Bancomext y a Fonatur, sus lotes carecen de servicios, incluyendo electricidad y agua, y a eso sume el que Profepa les “clausuró“ el año pasado dizque por acabar con especies endémicas y árboles, cuando no hay nada.

Los Salcedo han intentado platicar con Claudia Ruiz, pues advierten que desde el momento en que Eustaquio de Nicolás llegó a Loreto, todo el proceso que caminaba lento, pero lo hacía, se volvió tortuoso y hostigante para que cedan la concesión de una elipse de agua que fue otorgada por la API de Baja California Sur en 2011, y en la que iban a construir una marina.

Digamos que esa ha sido la manzana de la discordia, y ahora los tratan como si fueran especuladores de tierra, en lugar de inversionistas.

La primera propiedad que compraron fue a finales de 2005, y desarrollaron un proyecto de construcción de 66 casas, cada una con su propio muelle privado, así como un hotel boutique y un club de playa, pero al atravesarse la crisis las aerolíneas dejaron de volar y decidieron poner en stand by el proyecto original y, al mismo tiempo, fueron trabajando en permisos y comprando otras propiedades a Fonatur.

Entre 2005 y 2014 Fonatur ha tenido cinco directores y algunos conversaron con el área comercial para que les vendiera un lote de cuatro mil metros frente a la Elipse para que JEP pudiera solicitar la concesión a la API y luego continuar la construcción de casas y, en su momento, un hotel.

Ahora, el hecho de que Fonatur haya convocado con un proyecto tan ambicioso y grandes inversiones tiene dos lecturas.

La de Fonatur, que argumenta que quiere propiciar una expansión del destino y convocar a inversionistas que se vean obligados a construir en un lapso (les da dos años) y no a especular con los precios, y la del inversionista, que fue el único que se presentó el jueves y que baraja la posibilidad de que Fonatur la declare desierta para luego “asignar sin licitar“ a quien se le antoje.

Yo creo que a la secretaria Ruiz Massieu seguro le resultará rarísimo que en un lugar donde sólo se han aparecido los Salcedo ahora pida Fonatur semejante compromiso de inversión, y en un lapso absurdamente corto. Obviamente no iba a haber tomadores.

Además, no se vale que traten de quitarle sus concesiones a los Salcedo y de hostigarlos con ese fin pretextando supuestos daños al medio ambiente. No se les dieron las concesiones a cambio de compromisos y ahora hay toda una maquinación para obligarlos a ceder sus derechos.

Por cierto, han hecho bastante más que maquetas y comprar reserva territorial: pagaron los derechos de la marina, construyeron una marina y también pagaron los derechos del fondeo en la bahía. También están dispuestos a comprometerse a construir un edificio, pero no es realista lo que les están pidiendo, por la magnitud de la inversión y por el plazo perentorio. Sean los Salcedo o cualquier otro, es evidente que nadie iba a tomar semejante reto.

Ahora, si hay más registrados a la junta del jueves a la que asistieron 20 personas de Fonatur, sólo acudieron los representantes de JEP Inmobiliaria y eliminaron las obligaciones de construcción de tres de los nueve lotes que conforman la licitación (ya que estos ya están construidos; son donde está construida la marina de Fonatur). El resto de los lotes quedó igual, con pago de contado, obligaciones de construcción y reserva de dominio: uno con el hotel de 60 cuartos y los otros con uso de suelo habitacional mixto (condos/comercial), pero incluso hoy, y considerando la afluencia de yates y veleros a la zona, lo que se justifica es la construcción de la marina y una torre de departamentos y, conforme madure el destino, aumentar la oferta de condos con marina.

De Fondos a Fondo

La intención del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, de impulsar la reindustrialización del estado, incluye el restablecimiento de la cadena productiva del henequén, aprovechando el hecho de que las fibras orgánicas están de moda en el gusto del consumidor global y nacional, y también la integración de un fondo de inversión que el año pasado destinó 20 millones de pesos a aportar entre 5% y 10% del monto de capital con el que las empresas se establezcan en Yucatán, además de estímulos impositivos, etc.

En cinco años el fondo ha apoyado la instalación de 12 empresas, que han generado cinco mil empleos y, como el capital que aporta el fondo, de acuerdo con las reglas de operación, aumenta en función del número de empleos que generan y la infraestructura que construyen.