Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

11 Feb, 2014

¿Rebelión de sofomes y sofoles?

Aunque la problemática viene desde el primer semestre de 2013, le cuento que el cierre de cuentas bancarias a sofomes, sofipos, sociedades anónimas que dan crédito, por parte de los bancos comerciales de red, está resultando una fuente de conflicto en la que trata de intermediar tanto la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Narciso Campos; la CNBV, que preside Jaime González, y la Condusef, que comanda Mario Di Costanzo.

El problema, que tiene preocupadas y debo decir, enojadas a las autoridades financieras de México, es que los bancos de red que tomaron la decisión de cerrar las cuentas de dispersión y chequeras de las intermediarias financieras, se derivó de la preocupación que han expresado autoridades financieras en Estados Unidos (OCC, FINRA y Departamento de Justicia), a las matrices o filiales de los bancos que operan en México, de que intermediarios como las sofomes no reguladas y las sociedades anónimas pueden facilitar el lavado de dinero.

Éste no es un problema que sea tratado en la Asociación de Bancos de México, que preside Javier Arrigunaga, porque sólo compete a los integrantes del Grupo B, integrado por Banamex, que encabeza el mismo Arrigunaga; Bancomer, que preside Luis Robles; Santander, que comanda Marcos Martínez; Banorte, que lleva Alejandro Valenzuela; HSBC, que dirige Luis Peña, y ScotiaBank, que encabeza Troy Wrigth.

Ahí por ejemplo está Inbursa de Marco Slim, pero no le involucra el tema, como a ninguno de los bancos del Grupo A, que preside Daniel Becker, o del grupo internacional, que encabeza Héctor Grisi.

¿Qué tienen en común los bancos que han decidido actuar en consecuencia? Que concentran más de 90% de las sucursales bancarias del país y 85% de los corresponsales bancarios del país, redes fundamentales para lograr la dispersión de recursos, la recepción de pagos y eventualmente, la facilitación de transferencias.

Y la segunda coincidencia: que tienen subsidiarias o matrices en Estados Unidos. O sea, que ninguno de ellos quiere estar bajo la lupa de  la autoridad anti lavado en Estados Unidos, pues a tres de ellos, ya les ha costado un buen.

Entre que son peras o manzanas, Banamex nunca aceptó abrir cuentas a estos intermediarios para dispersión o recepción de pagos, Santander las cerró hace dos años y  Scotia, Banorte, HSBC y Bancomer si las operaban.

El año pasado, el primero en mandar una carta en la que se le pedía a las empresas de intermediación que fueran dictaminadas por uno de cuatro despachos que les ponían enfrente respecto a sus prácticas de lavado de dinero, fue Scotia. Sin embargo, le dio para atrás a la decisión por un tiempo, no canceló cuentas, y ahora regresó al tema.

El segundo que lo hizo fue HSBC. En noviembre les envió una carta diciendo que tenían que cerrar sus cuentas y entregar chequeras en 30 días, porque daban por terminada la relación. Para enero, la mayoría de las cuentas están canceladas.

El cuarto fue Banorte y por último Bancomer, sin embargo, el banco de Vicente Rodero ha decidido mantenerlas siempre y cuando las empresas se dictaminen con uno de diez despachos de auditoría especializados en materia de lavado de dinero. La idea es poder darle servicio a estos intermediarios, pero también cubrirse de un incumplimiento.

Ante la problemática, Prodesarrollo en primer lugar, pero ahora otro grupo de sofomes, se han unido para pedir a Condusef que les defienda por ser usuarios de servicios financieros y, la bomba le ha caído en lo personal a Di Costanzo.

¿Pero si me pregunta en el fondo por qué los bancos están haciendo esto?, pues porque la autoridad norteamericana no tiene la seguidad de que la CNBV que hoy es la que supervisa en materia de lavado de dinero a todos los que antes revisaba el SAT, tenga la capacidad real para asegurarse que en esos intermediarios no hay lavado de dinero. Los bancos parecen el instrumento, las sofomes el chivo expiatorio y, este es un tema para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La queja es que el costo de la auditoría puede ir de 20 mil a 35 mil pesos, y hay asociados que están más preocupados que otros. En Prodesarrollo, que dirige Claudia Revilla, es donde se está presentando la mayor cancelación de cuentas, con poco más de 100 afectadas.

La Condusef y CNBV saben que para una auditoría como ésa no se puede contratar a cualquier contador, en la UIFI de Bazbaz se conoce esta problemática y, han estado conversando para que la CNBV determine cuáles firmas contables pueden hacer la auditoría y llegar a un acuerdo con ellas. Si ése fuera el caso, la carga de la prueba recaería en la autoridad de supervisión y, si hubiese error cometido por el despacho, el responsable último sería ese supervisor.

Donde hay preocupación: ConUnión de Ernesto Moya no tiene problema porque están regulados, Prodesarrollo tiene cerca de 40 casos; Amfe, que preside Alejandro Martí Bolaños Cacho, el director de Providence, sólo ha registrado dos casos de cierre; Amsofac de José Luis Pozos, y donde tienen sofomes, empresas de crédito, factoraje, arrendadoras, empresas de nómina y afines. Ahí es donde se ha concentrado el grueso de las cancelaciones y,  finalmente Asofom, que preside  Lamberto Corral, de 165 socios, sólo a tres se les ha avisado del cierre.

De Fondos a Fondo

Ayer en el Senado se avaló la minuta pendiente para reformar los tipos penales del lavado de dinero inscritos en la modificación en el artículo 400 bis del Código Penal, y de financiamiento al terrorismo,  en los artículos 139 y 148 bis respectivamente.

Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos lo tenían en el calendario de prioridades, que puso sobre la mesa el grupo parlamentario del PRI en el Senado, encabezado por Emilio Gamboa. Incluye reforma a los códigos Penal Federal, Fiscal de la Federación y Federal de Procedimientos Penales y, con eso se da pleno cumplimiento a GAFI. ¿Entonces, por qué los americanos no confían?, ¿Será que de la reforma del marco legal a la implementación hay dudas?

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