Sofomes, ¿son un problema para el sistema?

La negativa del grupo de Bancos “B” a servir financieramente a las entidades de créditos como sofomes, sociedades anónimas, las llamadas empresas de nómina, cajas solidarias, sofipos, etc., con el pretexto de que constituyen un riesgo de reputación, porque se consideran figuras de baja capacidad de cumplimiento en controles de lavado de dinero, puede conformar en realidad el primer caso de violación a la Ley Federal de Competencia Económica.

Si lo analiza, no sólo para Alejandra Palacios y la Cofece se configura un caso de discriminación de mercado, sino para la Condusef, que preside Mario Di Costanzo, pues la reforma financiera recientemente promulgada, le dota de capacidades claras para emitir recomendaciones de cumplimiento obligatorio para evitar la discriminación  para la celebración de operaciones activas y pasivas de clientes/usuarios en el sistema y, si hay violación, imponer multas al respecto.

Lo que me llama la atención es que la práctica de no aceptar cierto tipo de clientes “empresariales” o intermediarios financieros la realiza Banamex, de Javier Arrigunaga, o Santander, de Marcos Martínez de tiempo atrás, y HSBC de Luis Peña, Scotia de Troy Wright y Banorte, lo están haciendo desde finales del año pasado y, BBVA Bancomer de Vicente Rodero, pero tampoco en el Bansefi, que dirige Jorge Stefan, sea poco sensible a la problemática que le han llevado los intermediarios que forman parte de la red de la gente.

Ahora, la CNBV que preside Jaime González Aguadé, tiene por ley, la responsabilidad de la supervisión y vigilancia de las organizaciones auxiliares del crédito, de sofipos y sofomes esto es, los procedimientos de antilavado de dinero y su sanción no pueden quedar en manos de ningún contador o empresa de auditoría, para obligar a un usuario de la banca a obtener un servicio financiero.

En dado caso si estos bancos tienen una “razonable sospecha” lo tienen que informar a la CNBV, pues la “obligación de dictamen” es una muy mala idea, ya que pone en entredicho la capacidad institucional del supervisor, algo grave porque aún cuando la firma dictamine a una empresa financiera que cumple, tampoco le garantiza en el tiempo que no le metan un gol. 

Mire, en el sistema hay poco más de cuatro mil 500 entidades financieras que no son “intensivamente” reguladas, sin embargo, la reforma a la LOAC, si incorpora la alternativa para que estas instituciones sean, por voluntad, reguladas y ello les obligará a cumplir con requisitos contables, de balance y de riesgos distintos.

Hoy en día, aproximadamente 10% de ese universo, cumple con todas las palomitas y los reportes a la CNBV, lo que da cuenta de que tal vez se requiera una depuración, pero las micro financieras, las sofomes, cajas, etc., son hoy por hoy, empresas que en conjunto forman parte del sistema financiero mexicano que requieren interconectarse con las redes de pago.

Esto último, es crucial para los bancos “B”, pues aún cuando se argumenta que la decisión se tomó para evitar que en Estados Unidos les fueran a emitir un aviso de incumplimiento, esto debieran platicarlo con las autoridades mexicanas, porque en mi humilde opinión, lo que están haciendo es discriminar usuarios, están impidiendo la interconexión del sistema, y de pilón se olvidan de que el sistema financiero debe permanecer interconectado (al menos eso lo debe garantizar el Banco de México, que gobierna Agustín Carstens), y estos intermediarios, cubren a un universo de clientes a los que los grandotes y extranjeros no sirven.

Por último, sólo un tema sobre la mesa. Este sistema opera con subsidiarias y no con sucursales, y la rectoría del sistema está en manos de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Luis Videgaray, quien por cierto, ayer estuvo en Nueva York, y se reunió con el presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, y el tema de la preocupación sobre la supervisión de sofomes parece que fue un tema no prioritario en la agenda de ambos.

Y en cambio, hay preocupación porque estos intermediarios discriminados, son un medio de dispersión de financiamiento de Pronafim, de Elenitza Canavati, o de Inadem, de Enrique Jacob y, otros programas de financiamiento social que en su gran mayoría, no son ni con mucho atendidos por los Bancos “B”.

¿Se imagina en la evaluación que realizará la CNBV sobre las obligaciones de intermediación de estos bancos de red?

¡Creo que se llevarían una buena multa!

De Fondos a Fondo

Los resultados financieros de América Móvil, que dirige Daniel Hajj, muestran un crecimiento de 15.7% anual, y aumentan el retortijón de muchos que esperan en la decisión de preponderancia, una nivelación de los flujos de rentabilidad o ingresos a favor de otros participantes del sector.

AMX tiene en México 27.2% de su base de clientes móviles y aún sin TV, tiene 32.3% de las base de líneas fijas de la compañía, pues aún a pesar del impresionante crecimiento que tuvo Brasil o la expansión de su operación en Estados Unidos (como Operador Virtual Móvil), México es su principal mercado.

Lo que es muy difícil de conocer a detalle, qué tanto de su EBITDA o de su utilidad neta se genera en México, porque al final de cuenta, los servicios de voz y no de datos, son los que en su operación consolidada explican aproximadamente 55% de los ingresos de la compañía, en tanto que servicios de datos (fijo y móvil) 36.3% y los servicios integrales de video, 9.2 por ciento.

Después de casi dos años sin sesionar y luego de que en septiembre del año pasado se decidió conservarla como una instancia de coordinación entre sector público, privado, social y organizaciones, este miércoles se realiza la XXII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Vivienda, que preside el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín.

El Consejo está integrado por dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como por institutos de vivienda, el sector privado y especialistas en diversas áreas relacionadas con el desarrollo urbano y vivienda, y tras su instalación se comenzarán a firmar los convenios de desarrollo urbano con estados y municipios, considerando la reorganización y la regularización de las zonas metropolitanas bajo la nueva agenda urbana y la de zonas rurales.