El que se salva

En el verdadero desorden en que se encuentra el sector de las telecomunicaciones tras la reforma constitucional que no ha aterrizado por falta de leyes secundarias, la única instancia que se salva es el Instituto Federal de las Telecomunicaciones.

Mientras que el gobierno y los legisladores han incumplido con la obligación que ellos mismos se plantearon, de tener lista antes del 9 de diciembre del año pasado y han ocupado su tiempo en inventar pretextos, el instituto presidido por Gabriel Contreras ha sido una isla de institucionalidad.

Ante la avalancha de hechos que se han dado y la fuerte disputa entre las empresas es necesario hacer algunas definiciones, volver a los básicos.

Primero. La Reforma a las Telecomunicaciones tiene como principal objetivo terminar con las prácticas monopólicas que se presentan en ese sector y el de radiodifusión, para permitir un mayor y mejor acceso a las tecnologías de la información a más mexicanos.

Segundo. Esta reforma fue aprobada casi por unanimidad, puesto que recoge una buena parte de las aspiraciones de los mexicanos. Sólo no están de acuerdo quienes se ven dañados en la posición dominante que han gozado.

Tercero. El problema no es generado por las empresas que con argumentos o sin ellos tratan de preservar sus derechos o, en su defecto, interpretar el sentido de la reforma constitucional.

Por supuesto, tampoco son culpables los miembros del pleno del IFT, puesto que ellos son los únicos que han cumplido con la misión que les fue entregada en la reforma constitucional.

Incluso en contra de la posición de la SCT, cuyo titular pidió a los legisladores del PRI y PVEM que buscaran la manera de modificar la Constitución, han sostenido que cumplirán con la obligación de tener el estudio de preponderancia y dominancia antes del 9 de marzo.

Mostraron una gran institucionalidad al suspender la decisión de must carry-must offer ante la notificación del juez 32 de lo civil y pedir al Poder Ejecutivo que presentara una controversia constitucional como ayer mismo se hizo.

Aquí es importante destacar que buscan proteger el sentido de la Reforma Constitucional en el sentido de que el IFT es quien debe tomar determinaciones sobre la retransmisión de señales.

Es un hecho que más allá de suspender la votación en el pleno por el impedimento judicial, también se debe considerar que hay comisionados que están abiertamente a favor de tomar una resolución integral, es decir, resolver el tema de preponderancia antes o al mismo tiempo que el must carry-must offer.

Culpables

Cuarto. Los únicos culpables de la convulsa situación que atraviesa el sector de las telecomunicaciones son el gobierno y los legisladores quienes, además, parecen los más interesados en dañar la fortaleza institucional de un organismo autónomo como el IFT.

La Reforma a las Telecomunicaciones se promulgó el 10 de junio del año pasado y en ella se establecía la obligación constitucional de que a más tardar el 9 de diciembre estaría lista la regulación secundaria.

Gobierno y legisladores dicen que no cumplieron por la gran carga legislativa que tenían en aquel momento con todas las reformas constitucionales que se evaluaron el periodo pasado en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, ya pasaron dos meses sin que el Poder Ejecutivo mandara su propuesta de regulación secundaria. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, dice que tienen borradores. El subsecretario del ramo, Ignacio Peralta, dice que ya la tienen lista pero que esperan el momento político oportuno.

Mucho se ha hablado en torno del proceso parlamentario en el cual los legisladores han venido desahogando dictámenes que ya tenían en comisiones. Ayer mismo el presidente, Enrique Peña Nieto, dijo en el marco del aniversario 130 de Banamex que podría enviar la legislación secundaria al sector financiero la próxima semana, lo que abre la puerta a pensar que ya comenzarán a llegar iniciativas secundarias, siendo las más urgentes la energética y la de telecomunicaciones.

Si hubieran cumplido con la obligación autoimpuesta de tener la regulación secundaria hace ya más de dos meses, el gobierno federal no tendría que reaccionar ante la decisión de un juez presentando una Reforma Constitucional, puesto que todo el andamiaje jurídico estaría bien definido.Es fácil suponer que el juez tuvo elementos jurídicos para dar su fallo que tienen un impacto mayor en el corazón de la Reforma a las Telecomunicaciones y Competencia Económica. También debe verse como lógica la reacción del gobierno federal que hace mucho más que cumplir con la solicitud del IFT, sale en la defensa de una reforma estructural que hoy debería estar dando resultados a favor de la mayoría de los mexicanos y no tantos problemas.

Quinto. A prácticamente nadie le conviene que el IFT se debilite por la falta de una regulación secundaria. La inmensa mayoría de las empresas del sector han pedido durante muchísimos años un regulador fuerte y autónomo que tenga capacidad (los amigos del lugar común dirían dientes) para luchar en contra de las prácticas monopólicas que no sólo dañan la inversión en el sector, sino para las personas que o no tienen acceso a los mejores servicios de telecomunicaciones o tienen que pagar precios muy elevados derivados de las prácticas de los dominantes.

La Reforma a las Telecomunicaciones, en su espíritu, elimina problemas de décadas en el sector como el de la doble ventanilla, al hacer al IFT un organismo autónomo. Le da fuerza a sus determinaciones y, por lo tanto, es esencial su defensa.

Las indefiniciones tienden a debilitar al IFT que, con los elementos que tiene a su alcance, ha tratado de cumplir con su misión.

Sería bueno que el gobierno de Peña Nieto comprendiera que mucho más allá de los cálculos legislativos, para transformar a México se requieren acciones decisivas que comienzan con las reformas estructurales, ya aprobadas, pero que siguen con las leyes secundarias, las cuales deben ser aplicadas en tiempo y forma, puesto que de lo contrario se daña la efectividad de las reformas estructurales para transformar al país.

La controversia constitucional debe ser la llave que abra la puerta de las leyes secundarias para ejecutar lo que hoy son aspiraciones.