Alicia Salgado

Cuenta corriente

Alicia Salgado

14 Feb, 2014

Cadena de valor, tema crítico para energía

Aunque el paquete de la Reforma Energética está casi terminado, aún se analiza si se emite una nueva ley o se modifican algunas reglamentarias, para asegurar que la reforma obligue no sólo a Pemex o a la CFE como empresas del Estado, sino a todos los inversionistas nacionales o extranjeros del sector, a asociarse con empresas mexicanas en forma y proporción tal, que asegure una buena integración en la cadena de valor de la industria energética del capital nacional.

Esta propuesta la ha impulsado y la cabildea la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe), que preside Erik Legorreta; con la Secretaría de Energía, que lleva Pedro Joaquín Coldwell; con Pemex, que dirige Emilio Lozoya y, los grupos parlamentarios del Congreso, pero especialmente, el del PRI, representado por el senador David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía y, Héctor Larios, del PAN y presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, además del senador Armando Ríos Piter , del PRD, y coordinador económico de la bancada.

La obligación de incluir en los procesos de contratación de Pemex un porcentaje mínimo de contenido nacional ya se encuentra legislada en la fracción X del artículo 53 de la Ley de Petróleos Mexicanos y en el artículo décimo tercero transitorio de esa ley se determina que dicho contenido debe llegar a 25 por ciento.

Pero más allá, a los estrategas de competitividad del gabinete económico, que encabeza Luis Videgaray, y en especial a Economía, de Ildefonso Guajardo, este tema les parece fundamental para resolver los atorones de la negociación del TPP.

Ahora ¿qué se propone? Que ese porcentaje sea efectivamente obligatorio y, tratándose de empresas del Estado (acorde nombre y tratamiento al capítulo de empresas del Estado que se negocia en el TPP), que cuando un inversionista externo o nacional subcontrate a otras empresas para prestar servicios especializados específicos, se establezca un sistema de  supervisión de pagos de la empresa ganadora de una licitación o inversionista hacia quienes está subcontratando para ejecutar la obra.

Hay una realidad. Las empresas que dan servicios y proveen a Pemex, debido a la especialización y la experiencia con la que cuentan, si cuentan con esquemas adecuados que se inscriban en la Reforma Energética, pueden transformarse en inversionistas y operadores de servicios directos de esta industria y generar una mayor cadena de valor para las sociedad mexicana. Bueno. Siempre puede surgir un negrote en el arroz, como Oceanografía, la empresa cuyo accionista mayoritario es Amado Yáñez Osuna y, no sólo está inhabilitada y está siendo investigada, junto a su asociada Caja Libertad, por posibles prácticas de venta ilegal de combustible y lavado de dinero.

Regresando a la propuesta de la Amipe, lo que se busca es garantizar que las empresas mexicanas puedan asociarse con las empresas extranjeras interesadas en el sector energético, en un esquema que no frene los proyectos, pero tampoco limite —como ya le comenté— a los industriales mexicanos a un papel de eternos subcontratistas.

Según el diagnóstico de la Amipe, en este nuevo mercado de energéticos y sobre todo en yacimientos de gas shale, campos maduros, yacimientos de aguas profundas, las empresas globales siempre se presentan como las que traen el know how y un esquema de financiamiento que en tasa, plazo o estructura, no tiene comparación con los que tiene la industria nacional. Ahí será clave que los bancos entreguen los anticipos en 30 días y no en 60 o 180 días como hoy lo hacen las filiales extranjeras que operan en México.

En suma. Se propone una suerte de acción afirmativa temporal, para que la industria mexicana logra el desarrollo tecnológico y de capital humano necesario para competir en este nuevo esquema. Sobre todas las cosas, trascender del “contenido nacional” a la coinversión nacional.

Por lo que he sabido, la decisión es crear una ley completa de contenido y proveeduría nacional, que además incluirá sanciones severas a quienes no respeten y validen el límite mediante fideicomisos neutros y esas cosas, no sólo con sanciones pecuniarias sino revocación de permisos. ¡Bien por el tiempo que se tomen para crear industria en México!

De Fondos a Fondo

Al menos el presidente Enrique Peña, no sólo salió en la portada de la revista Time sino que dio claridad respecto a que la próxima semana enviará al Congreso la Ley Federal de Competencia Económica bajo la cual se regirá la Cofece, que encabeza Alejandra Palacios.

También espere, por la forma en que ha ido evolucionando la golpiza en medios para el IFT, que preside Gabriel Contreras, que ya se presente el paquete de iniciativas que dé cumplimiento a la constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, paquete que incluye una propuesta de reforma al calendario inserto en los transitorios de la reforma a la Constitución que está promulgada, para que el Congreso considere su modificación y amplíe los tiempos que han quedado o rebasados o apretados.

Mire. El escándalo que se ha desatado supone de todo, hasta corrupción. ¿Por que? Por que con una reforma constitucional promulgada que determina que el IFT es la única autoridad encargada de regular los temas de telecomunicaciones y radiodifusión, le llegue un juez del DF a ordenar al órgano constitucional que le pare y, de pilón decirle, que no tiene facultad para determinar las reglas de must offer y must carrier.

Primera: creo que le falta un buen abogado al IFT, segunda se le nota la inexperiencia y, tercero, se pierde de vista que en el tema del uso de la programación abierta o señal radiodifundida por servicios de televisión restringida, hay un punto delgado en el que la reforma constitucional no fue tan clara en sus transitorios: los derechos de autor y el pago por los mismos, mas cuando en este negocio ¡el contenido es el rey!, y de éste no sólo depende la audiencia sino el ingreso publicitario.

Y para colofón: como el IFT es órgano constitucional autónomo y por ende no es otro poder, el único que puede controvertir la decisión del juez civil del DF que le dio la razón a Televisa, de Emilio Azcárraga, en un litigio que inició antes de que la reforma constitucional fuera promulgada (conflicto espacial), ahora lo tiene que representar la PGR a petición de la Consejería Jurídica.

O sea, el órgano constitucional autónomo se dobló ante el juez local y ahora hay que ir al Supremo Tribunal a defender la autonomía.

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