Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

17 Feb, 2014

Seadrill, reto en Maximino I y con Pemex mil 800 mdd para cinco nuevas plataformas

La noruega Seadrill se convirtió en el principal contratista de plataformas para la extracción en aguas ultraprofundas de la nueva administración de Pemex. No fueron cuatro, sino cinco unidades las que suministrarán por espacio, al parecer, de 30 años.

El contrato, en el que se estrenan como principales operadores de Emilio Lozoya Austin, Froylán Gracia Galicia y Arturo Henríquez Autrey, coordinador Ejecutivo de la Dirección General y Director de Procura y Abastecimiento de Pemex, respectivamente, fue por asignación directa.

Pemex pagará a Seadrill aproximadamente mil 800 millones de dólares por las cinco plataformas sumergibles, con las cuales la paraestatal buscará atajar la declinación en la producción de crudo mediante la extracción en la cuenca de El Perdido, frente a Tamaulipas.

A sólo 25 millas al sur de la frontera marítima de Estados Unidos y a unos dos mil 923 metros de profundidad está el que es considerado el pozo más profundo costa afuera jamás perforado por Pemex y también el más desafiante hasta ahora para Seadrill.

Este emporio, que Pemex convenció para que no entrara asociado con ningún grupo mexicano al negocio de la exploración, instalará sus cinco plataformas en los yacimientos descubiertos de Supremus I y Maximino I, considerado este último la “joya de la corona”.

Seadrill aportará las plataformas West Defender, West Intrepid, West Valiente, West Oberon y las plataformas autoelevadoras Prospector 3. El objetivo de Pemex es explorar una cuenca que puede tener hasta diez mil millones de barriles de reservas potenciales.

Este contrato corona los esfuerzos que Seadrill viene realizando desde hace más de año y medio con la nueva administración de Pemex. Es un revés para otros contratistas tradicionales como Grupo R, de Ramiro Garza, e incluso Oro Negro, de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo.

Otros que se quedaron en el intento por adjudicarse este megacontrato fueron Perforadora México de Germán Larrea; CICSA, de Carlos Slim Helú; Grupo Protexa, de Humberto Lobo, y Perforadora Latina, de Antonio del Valle Ruiz.

GEO definirá

Esta semana es definitoria para GEO, de Luis Orvañanos.

Se espera que de una vez por todas bonistas y bancos definan y firmen el acuerdo para reestructurar los cerca de 17 mil millones de pesos de pasivos que arrastra la desarrolladora de vivienda, o bien la propia compañía haga la solicitud voluntaria del proceso de concurso mercantil.

Hay coincidencia en que la posición de los primeros, agrupados en un comité liderado por Luxor, PIMCO, Ashmor y Caspian, es muy intransigente y riesgosa.

Banorte, de Alejandro Valenzuela; HSBC, de Luis Peña; Inbursa, de Carlos Slim; BBVA-Bancomer, de Vicente Rodero; Santander, de Marcos Martínez, y Banamex-Citi, de Javier Arrigunaga, no están dispuestos a incurrir en responsabilidades por las excesivas peticiones de los bondholders, que hasta ahora no han metido ningún peso ni se han comprometido gran cosa.

Blinda la SCT

Le comentaba que hay indicios de que la SCT ya seleccionó a BBVA para fungir como el asesor financiero internacional del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

El banco español de Francisco González se une a la estadunidense MITRE y a la inglesa Arup, que tienen a su cargo el diseño del proyecto ejecutivo. Apunte también a otros despachos legales que están muy cerca de Gerardo Ruiz Esparza.

Uno es Vázquez Nava Consultores y Abogados, de la ex contralora del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava, y quien fuera su brazo derecho en la ya desaparecida Secodam, Javier Casas Guzmán. Ambos están asesorando al gobierno en todo lo relativo al tema regulatorio y administrativo de esta megaobra.

CMIC de visita

Y ya que hablamos de infraestructura, este viernes el secretario de Hacienda recibió a integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), encabezados por su presidente nacional, Luis Zárate.

En Palacio Nacional anduvieron Alonso Quintana, de Grupo ICA; Héctor Ovalle, de Coconal; Federico Martínez, de Tradeco, e Hipólito Gerard, de GIA, entre otros. Se habló desde el famoso Pacto de Estabilidad Fiscal que los constructores están dispuestos a apoyar, hasta el pago de obra pública que acusa ya signos de retraso.

Luis Videgaray fue enfático al señalar a los empresarios de la construcción que los recursos ya salieron de la SHCP y que ninguna dependencia puede pretextar falta de fondos para cumplir con el pago a proveedores.

JLL con FUNO

Otra operación que Jones Lang LaSalle (JLL) concretó apenas en diciembre fue la venta de un paquete de ocho inmuebles a Fibra UNO, la de Moisés El-Mann.

La transacción fue por 185.5 millones de dólares e involucró siete edificios corporativos en la Ciudad de México, en los corredores de Reforma e Insurgentes Sur, y uno más en Avenida las Américas, en Guadalajara. En total significaron unos 79 mil metros cuadrados de oficinas rentables.

La operación estuvo liderada por Rodolfo Albin y Mauricio Lozano-Parkman, vicepresidentes senior del área de Mercados de Capital de JLL, con la asesoría de Félix Sánchez Soler, vicepresidente ejecutivo.

TACA: 30 mdd

Le platicaba de las gestiones adelantadas para la venta de AeroUnión, de Francisco Pertierra.

El comprador sería Grupo Avianca-TACA, de Fabio Villegas, en una transacción que rondaría los 30 millones de dólares. Al parecer habría cierta premura para cerrar la operación. Y es que AeroUnión perdería su valor de cara a la apertura de los cielos a los servicios de aerotransporte.

La compañía opera con tres aviones que tienen una edad promedio de 27 años, los cuales consumen 25% más combustible que sus principales competidores, lo que encarece las tarifas en perjuicio de varios sectores económicos que usan este medio para movilizar mercancías.

La SHCP rastrea

Tras la captura de Héctor Villarreal, operador financiero del gobierno de Coahuila, que en aquel tiempo encabezaba Humberto Moreira, las autoridades hacendarias bajo el mando de Luis Videgaray tienen en la mira a varios funcionarios que actualmente realizan prácticas que están fuera de la ley.

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