¿Desintermediación o deficiencia de supervisión?

Cuentan que el miércoles pasado, durante la comida de la Asociación de Bancos de México que preside Javier Arrigunaga, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, “habló fuerte” y de hecho algunos consideran que “lanzó una advertencia” al banco que le quede el saco, pues les dijo que no se tolerará que por decisiones unilaterales cierren o cancelen cuentas a las sofomes, sofoles o intermediarios que se encuentren supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside Jaime González Aguadé.

El tema es que no hay un listado claro de esta autoridad correspondiente a las sofomes no reguladas, o a las entidades auxiliares del crédito reguladas o no reguladas, que muestre públicamente qué entidades se encuentran en pleno cumplimiento en Procedimientos de Lavado de Dinero (PDL) o Financiamiento al Terrorismo (FT).

Y sin embargo, un día sí y otro también, desde la administración pública, se filtra información que pudiera estar involucrando a algunas de las Organizaciones Auxiliares de Crédito en investigaciones de lavado de dinero.

 Ahí tiene el caso de Oceanografía y su relación con Caja Libertad (una sofipo que a veces aparece como micro financiera y otras veces como sofom con sede en Querétaro), cuyo principal socio es aparentemente Armando Yáñez, dueño del equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, y a quien ligan con los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún.

¿Entre filtraciones o no, se puede imaginar qué puede ocurrir en los bancos que le dieron crédito a Oceanografía en el tiempo en que prestó servicios regulares a Pemex? La inhabilitación de que fue objeto implica que no podrá seguir prestando servicios y han variado sustancialmente los servicios contra los que se reservó el crédito en condiciones normales y, aun cuando no media sentencia judicial, el daño reputacional está hecho.

Si después se determina que no pagaron la fianza correctamente o que están involucrados en algún tema de lavado de dinero, la pregunta que surge entre quienes extendieron crédito a Oceanografía es si eventualmente la Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. estará cumpliendo con los requisitos de PDL y FT, porque en ningún portal, medio de información transparente o sistema de aviso se hace explícito el cumplimiento, y se presume vínculo patrimonial, como también se ha filtrado en el caso.

Evidentemente no somos expertos, pero ninguna autoridad, auditor autorizado o autoridad judicial puede asegurar que una entidad, empresa o individuo pueda ser utilizado o convencido de involucrarse en actividades ilícitas, de evadir el pago de impuestos o el ocultar ingresos derivados de actos de corrupción.

Pero sí se podría avanzar dando a conocer el grado de cumplimiento en materia de PDL y FT —en opinión de la autoridad facultada— de  las empresas que se dedican a las micro finanzas personales, préstamos prendarios, préstamos de nómina, préstamos empresariales, cajas, sofipos. Eso justificaría el que se sancionara a una entidad financiera por discriminar en la tarea de intermediación, o por negar servicios.

Mire, es tal el grado de incertidumbre respecto de estas empresas, que el listado de la Condusef, que preside Mario di Costanzo, es una de las 382 sofomes ENR que registraban a noviembre de 2013 (último dato de actualización hasta que desapareció el listado de la página, que sólo muestra la leyenda de error al revelar el estatus de operación de las sofomes ENR) las custro palomitas de Sipres, Reca, Reco y Reune. Esto implica que cerca de diez por ciento cumplen; de las demás, nadie sabe si existen o no.

El problema que están enfrentando estas sociedades de microcrédito o microfinanzas que han sido rechazadas o cuyo servicio bancario presente y futuro se está condicionando a la realización de una auditoría con una firma seleccionada, debe ser resuelto por las entidades de supervisión financiera, particularmente por la CNBV y, hay que subrayarlo, la Unidad de Inteligencia Financiera que lleva Alberto Bazbaz Sacal y tal vez el ejemplo de la Cofepris de Mikel Arreola, de utilizar terceros autorizados para auditar podría ser una buena salida para este tipo de controversias.

Los dos lados en conflicto tienen razón.

De Fondos a  Fondo

La segunda fecha revelada por el presidente Enrique Peña Nieto el jueves pasado fue la de la entrega el próximo miércoles (es probable que al Senado de la República) de la Ley Federal de Competencia Económica.

La atención está centrada en la forma en que se defina la separación en ley del procedimiento de investigación del que se sigue en forma de juicio y la participación específica que debieran tener los comisionados ponentes en esta última parte del juicio.

El otro elemento crítico tiene que ver con la capacidad que se le dota a la CFCE, cuyo pleno preside Alejandra Palacios, para determinar cuáles son los insumos esenciales y los mercados prioritarios, pues hay quien a estas alturas piensa que podría ser una herramienta de control político y un arma tentadora para fijar precios.

Será clave revisar a detalle el tema, pero el que eventualmente la CFCE investigue mercados como el de la tortilla y se determine quién es responsable de que la tonelada de maíz blanco se venda a 50% de su valor y el precio del kilo de tortilla no baje de 12 pesos para las amas de casa sería de un gran beneficio para la cadena y para el consumidor. Aunque, claro, alguien dirá que pretenden fijar precios mientras otros sabemos que pretenden conservar subsidios.

Por último. En la primera semana de marzo llegará el paquete de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues se está definiendo con toda claridad técnica y legal la forma en que se van a acotar las preponderancias.