David Páramo

Análisis superior

David Páramo

4 Mar, 2014

Mal karma

Hace un año un grupo de banqueros impidió la postulación de Luis Peña como presidente de la Asociación de Bancos de México con un argumento que, si en aquella época era cuestionable, ahora lo es mucho más.

Decían que no querían exponer a la organización gremial a un riesgo reputacional, porque en aquel entonces HSBC México era parte de una investigación por operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos y que no querían contaminar a la ABM con los riesgos potenciales que podría tener esta indagación que, dicho sea de paso, se trataba de una serie de hechos que fueron advertidos a las autoridades por la propia institución tanto en México como en Estados Unidos.

Si hay que hacer una figura, esta investigación fue el lavado de un calzón en el lavamanos si se le compara con el caso de la filial mexicana de Citigroup con Oceanografía.

Hoy Banamex es parte de una investigación monumental de operaciones ilícitas y lavado de dinero que tiene una gran cantidad de aristas negativas:

Como reconoció el propio banco desde su matriz, el fraude de Oceanografía puede implicar hasta 2% de su capital y les llevó a corregir sus resultados financieros al cierre del último trimestre del año pasado.

Si bien es cierto que la institución advirtió a la autoridad y ha sido parte de la investigación que realizan tanto la Procuraduría General de la República como el FBI de Estados Unidos, lo cierto es que es fácil suponer no sólo que hubo complicidad de funcionarios del banco sino que, es evidente, fallaron los controles de supervisión y auditoría del banco, puesto que no fue sino hasta que se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Superior de la Federación y las sanciones de la Secretaría de la Función Pública que revisaron los contratos que tenían con la empresa encabezada por Amado Yáñez.

De hecho, tendrían que explicar por qué tardaron tanto en darse cuenta de que gran parte de las cuentas que aparecían por cobrar a Pemex, pues realmente no existían.

Hasta el momento sólo se ha visto la primera parte de la historia que no sólo involucra al banco y los contratos indebidos de Pemex, donde evidentemente también hay fallos de control y corrupción, sino también lavado de dinero, robo de combustible que llega hasta Caja Libertad, que ya estaba siendo investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jaime González Aguadé.

En este momento es difícil determinar hasta dónde llegará el quebranto para Banamex y qué tanto fallaron sus controles, lo que implica necesariamente un grave riesgo reputacional para esta institución y sus directivos.

Quienes creen en el karma, aunque sea de una manera light, podrían decir que si los de la ABM querían evitar el riesgo reputacional, éste se les materializó en otro banco y otro presidente. También podrían decir que fue una suerte de venganza cósmica por haber usado un argumento en contra de Peña del que ningún otro directivo de la banca mundial puede sentirse totalmente libre, es decir, que algún delincuente vulnere sus controles.

Sin embargo, hay una pregunta mucho más pertinente: Quienes hablaron del riesgo reputacional en el que según ellos Peña y HSBC podría llevar para la ABM: ¿Usarán la misma vara para medir a Javier Arrigunaga y la reelección al frente del gremio que está por consumarse?

Horas

Hay afirmaciones de Gabriel Contreras que permiten anticipar que las resoluciones que tomará antes del domingo (cuando vence el plazo fijado en la Constitución para hacerlo) serán de fondo y no meramente cosméticas.

El titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró la semana pasada, en una entrevista con el autor de esta columna para Excélsior Televisión, que desde la privatización de Teléfonos de México se han tomado muy pocas acciones desde la autoridad para fomentar la competencia en el sector.

Gran parte de esta inacción se explica por problemas de diseño institucional que coloquialmente se llamó la doble ventanilla entre la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Otra parte se explica por la incapacidad y/o corrupción de funcionarios como Héctor Osuna, Mony Sacha de Swaan o Eduardo Pérez Motta, quienes o no pudieron o no quisieron enfrentar a los monopolios que hay en el sector.

En el IFT hay una conciencia clara de que las resoluciones que habrán de tomar esta misma semana son mucho más que el cumplimiento de un plazo constitucional, sino que determinarán si realmente tendrán capacidad para ser el regulador que requiere el país o serán lo mismo que la Cofetel y la Cofeco, pero con otro nombre.

No hay duda de que la determinación que deberá tomar el IFT implicará un parteaguas para un sector en el que el preponderante tiene participaciones de sector superiores a los cuatro quintos y en el que menos tiene posee dos tercios, que es en banda ancha donde la penetración es ínfima entre la población, entre otras cosas, por problemas de precio.

Si, como se espera, el IFT toma resoluciones de fondo que establezcan por primera vez en la historia regulaciones asimétricas que permitan una competencia plena en el sector de las telecomunicaciones, el país comenzará a crecer de una manera mucho más sana.

Por primera vez desde la privatización de Telmex existen posibilidades reales de que el sector de las telecomunicaciones se convierta en una palanca efectiva de prosperidad para los mexicanos. Habrá que estar pendientes.

Multipropiedad

En un país donde se construyen mitos a fuerza de repetirlos, bien valdría la pena hacerse cuestionamientos.

Hoy prácticamente nadie cuestiona la regla de FIFA que prohíbe la multipropiedad de equipos de futbol porque, según ellos, eso hace más competitivo al futbol sin que hasta el momento se haya presentado ningún caso en tribunales, olvídese de una sentencia, en el que se hable de arreglo de partidos o algo similar en la ahora llamada Liga BBVA Bancomer.

Con el objeto de tener una liga de muchísimos dueños se ha abierto la puerta para una gran cantidad de personajes de muy dudosa reputación, así que más valdría la pena darse cuenta que realmente hay pocos empresarios con capital e interés para estar seriamente en el negocio del futbol profesional, lo que llevaría a recortar el tamaño de la liga o permitir la multipropiedad.

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