Argentina y Venezuela: La fiesta terminó

Cuando la crisis del euro estaba en su apogeo, se volvió común para las economías europeas en apuros insistir en que no eran casos desesperados como Grecia. Cualesquiera que fueran sus males, declaraban, los de Grecia eran de una clase totalmente diferente. En Latinoamérica, el indeseable título de caso desesperado tiene dos contendientes: Argentina y Venezuela.

 

Ambos han estado viviendo como reyes durante años, repartiendo despreocupadamente las utilidades de un irrepetible auge de mercaderías básicas; petróleo en Venezuela, soya en Argentina. 

 

Ambos han estado usando una combinación de intervenciones del banco central y controles administrativos para evitar que caigan sus tipos de cambio sobrevaluados y suba la inflación. Ambos enfrentan ahora las consecuencias.

 

La inflación alta es un problema compartido. La tasa de Argentina, impulsada por las relajadas políticas fiscal y monetaria, se sitúa extraoficialmente en 28 por ciento. El tipo de cambio oficial de Argentina está sobrevaluado como resultado, vendiéndose en 70 por ciento más dólares por peso que el tipo de cambio “azul” informal a mediados de enero.

 

Los precios de Venezuela están subiendo aún más rápidamente. El año pasado, durante una torpe transición política tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el Banco Central intensificó la impresión de dinero para financiar el gasto público, elevando la inflación a 56.2 por ciento. Un dólar se vende entre 75 y 80 bolívares en el mercado negro, hasta siete veces el tipo de cambio oficial.

 

Ambos países tienen arsenales menguantes con los cuales defender sus monedas sobrevaluadas. 

 

Las reservas de oro y divisas extranjeras de Venezuela, que se situaban en casi 30,000 millones de dólares a fines de 2012, se habían reducido a poco más de 21,000 millones de dólares la semana pasada. Solo alrededor de 2,000 millones de dólares de esa cantidad está en activos líquidos. 

 

Ecoanalítica, una firma de investigación, estima que el gobierno también puede echar mano de unos 13,000 millones de dólares de fondos opacos fuera del presupuesto. Las reservas de Argentina también han estado bajando.

 

Algo tenía que ceder, y a fines de enero lo hizo. Primero Argentina permitió que se desplomara el peso, en más de 15% en la semana que inició el 20 de enero, y luego anunció una relajación de la prohibición del gobierno sobre la compra de divisas para propósitos de ahorro. 

 

Los argentinos que ganan más de 900 dólares mensuales ahora tienen permitido cambiar 20% de su salario a dólares al tipo de cambio oficial, en tanto que reciban la autorización de la AFIP, la agencia fiscal de Argentina. Los dólares son transferidos a sus cuentas bancarias, no liberados en efectivo, y se les aplica una comisión del 20% si son retirados antes de un año. Si eso suena complicado, sigue siendo más barato que comprar dólares en el mercado ilegal.

 

El objetivo del gobierno parece ser cerrar la brecha entre los tipos de cambio oficial y azul, aliviando la necesidad de gastar más de esas preciosas reservas para apuntalar el tipo de cambio oficial. 

 

Aunque la diferencia se ha reducido un poco, el temor de que la devaluación llevará solo a una inflación aún mayor explica la continuación de la alta demanda de dólares, incluso al tipo de cambio menos favorable. 

 

También lo hace el hecho de que sólo un tercio de los trabajadores argentinos cumplan el umbral de ingresos declarados para comprar dólares, según un análisis de IARAF, un grupo de análisis basado en Córdoba.

 

Guido Sandleris de la Universidad Torcuato di Tella dice que el plan está condenado al fracaso a menos que el gobierno se vuelva más abierto sobre sus intenciones y adopte un conjunto de políticas genuinamente restrictivas para combatir la inflación. 

 

Aunque el Banco Central elevó una de sus tasas de interés en seis puntos porcentuales, las tasas siguen por debajo de la inflación, dando a los argentinos pocas razones para apegarse al peso.

 

En el frente fiscal, el gobierno necesita reducir los subsidios y seguir firme ante las demandas de aumentos salariales de los trabajadores. Miguel Kiguel de Econviews, una firma consultora, dice que los aumentos salariales que serán negociados en marzo y abril deben permanecer en menos de 30 por ciento para que sirvan como un ancla antiinflacionaria. Eso será difícil dados los pródigos aumentos salariales concedidos a policías en huelga el año pasado.

 

No es claro si el gobierno está dispuesto a anteponer la prudencia a la política. El día en que su gobierno permitió que el deslizamiento del peso se convirtiera en un desplome, la Presidente Cristina Fernández anunció un plan para financiar la educación de los desempleados de entre 18 y 24 años de edad que pudiera costar 11,000 millones de pesos. 

 

Su única referencia a la caída de la moneda fue un tuit acusando a los bancos de ayudar a  inversionistas favorecidos a especular sobre el peso. Hay algunas personas, escribió, que “quieren hacernos comer sopa de nuevo, pero esta vez con tenedor”.

 

Al menos la liberalización parcial de los controles monetarios de Argentina es un paso vacilante hacia la normalidad. Venezuela, donde la situación es incluso más peligrosa, se encamina en la otra dirección. 

 

El 22 de enero, el gobierno dio a conocer nuevas reglas según las cuales un tipo de cambio más alto para transacciones no esenciales se establece semanalmente; se ubicó en 11.36 bolívares por dólar esta semana. El tipo de cambio antiguo de 6.30 aún aplica para las importaciones gubernamentales y los artículos básicos como alimentos y medicinas, así que las reservas seguirán cayendo mientras el gobierno defiende a la moneda.

 

Venezuela se está quedando sin dólares para pagar sus cuentas. Aunque los pagos a sus acreedores financieros de alrededor de 5,000 millones de dólares este año no parecen estar en riesgo, los atrasos del país sobre la deuda no financiera se ubican en más de 10 veces esa cifra. 

 

Estos incluyen más de 3,000 millones de dólares adeudados a aerolíneas extranjeras por boletos vendidos en bolívares, y alrededor de 9,000 millones de dólares en importaciones del sector privado que no han sido pagados debido a la escasez de dólares.

 

“Bajo el actual modelo económico, y con esta política económica”, dice Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, “esto parece impagable”.

 

Los efectos ya son evidentes. Las aerolíneas extranjeras han impuesto estrictas restricciones a las ventas de boletos, y algunas los han suspendido totalmente. Muchos medicamentos y refacciones para equipo médico no están disponibles. Las autopartes, incluso acumuladores, son cada vez más difíciles de encontrar, y los periódicos están cerrando por falta de papel.

 

La mayor firma privada del país, Empresas Polar, que hace muchos productos alimenticios básicos, está pasando apuros para producir algunos artículos. En una declaración, Polar afirmó que el gobierno le adeuda 463 millones de dólares y que la producción está “en riesgo” porque los proveedores extranjeros de materias primas y empaques amenazan con suspender los envíos.

 

El gobierno culpa de la crisis a las empresas privadas y al uso “irresponsable” de las divisas duras por parte de los venezolanos comunes. Ha ordenado drásticos recortes en las dotaciones de dólares para los viajeros, especialmente los que se dirigen a destinos populares como Miami. Las remesas a parientes en el extranjero también han sido recortadas. En un intento por frenar la inflación desmedida, el gobierno promulgó una nueva ley que restringe las utilidades de las compañías al 30 por ciento de los costos. Largas sentencias de cárcel esperan a los transgresores.

 

Sin una gran inyección de dólares de parte de la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, que aporta 96 por ciento de los ingresos internacionales, la contracción continuará. Mejores condiciones para los inversionistas extranjeros en la industria petrolera aportaría el muy necesario efectivo e impulsaría la estancada producción, pero, a menos que el gobierno abandone su antipatía hacia el capital privado, la perspectiva de nueva inversión es sombría. Solo es probable que la escasez de productos empeore.

 

 

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