Las leyes y sus sanciones en salarios mínimos: Paradigmas

CIUDAD DE MÉXICO.- En días pasados, el portal Animal Político reportó que se multarán a las escuelas que vendan comida chatarra. La multa máxima es de 5,000 salarios mínimos. Eso significa que en la ciudad de México, la multa ascendería a 336,450 pesos. En caso de reincidencia, la escuela tendría que pagar hasta 10,000 salarios mínimos, o sea la enorme cantidad de 672,900 pesos. La tercera es una solución definitiva aunque no irreversible: revocar el reconocimiento de validez oficial de estudios. Esta ley es tan sólo un ejemplo de algo bastante común en la justicia mexicana: las multas y sanciones monetarias están denominadas en salarios mínimos.

Ahora, en una república federal (como lo es México) seria plausible que cada estado legisle un salario mínimo específico y que la Federación determinase a su vez el piso de dichos salarios mínimos. En México no es así. Lo que hay en el caso mexicano es que años atrás se decidió dividir al país en dos zonas (A y B), a la par de que la  determinación del salario mínimo y sus incrementos son competencia del gobierno federal. Como ya decíamos, las leyes, tanto federales como locales, establecen  multas según el salario mínimo vigente –publicado cada inicio de año en el Diario Oficial de la Federación-.

Entonces, tenemos una distorsión. Por un lado en algunas zonas del país el salario mínimo es de 67.29 pesos diarios y en otras de 63.77 pesos diarios. Violar la misma ley federal en la zona A es más costoso que violar la ley en la zona B. En estricto sentido, la ley no se aplica igual para todos.

Regresemos al ejemplo de las escuelas. Mientras en la ciudad de México la multa máxima puede llegar a ser 672,900 pesos, en Michoacán será de 637,700 pesos. Me conviene violar la ley en Michoacán. No solo eso; en la zona A -en términos generales- existe un mayor desarrollo institucional que la zona B. Por lo tanto, si en Michoacán violo la ley es improbable que me multen y si me multan, pagare menos que en la zona A.

Esta es tan sólo una de las distorsiones que existen en el entramado legal mexicano. En su conjunto, este tipo de vacíos legales generan lo que podría ser considerado un “Manual para violar la ley” (cuya aplicación hemos visto en varios casos de corrupción en México) semejante al que describo a continuación

1. Si va a violar la ley, procure que su delito maximice su ganancia

2. Localice sus actividades delictivas en los municipios de la zona B. Ahí, las autoridades no tienen las capacidades para capturarlo in fraganti y los ministerios públicos y jueces son ineficaces o corruptos. Además, en el peor de los escenarios –que es que lo capturen y no pueda corromper- tendrá que pagar una multa menor que en la zona A por el mismo delito.

3. Procure hacer el menor ruido posible. Es decir; cometa su delito sin llamar la atención y afecte al menor número de personas posibles. Esto con el objetivo de que las autoridades federales –que si tienen capacidades y son más eficaces en comparación con las autoridades locales- no se interesen en capturarlo

4. Si lo capturan, contrate a un buen abogado. Eso aumentará los costos de sus operaciones criminales, pero podrá salir en libertad.

Si las autoridades locales están interesadas en otorgar seguridad a sus ciudadanos, bien podrían hacer que los costos del cumplimiento de la ley sean mayores que sus beneficios esperados. Para ello, grosso modo, además de mejorar a policías, ministerios públicos y jueces, se vuelve imprescindible hacer coherente el marco legal, de tal forma que no sea posible crear “Manuales” como el descrito líneas arriba. 

*gl