David Páramo

Análisis superior

David Páramo

13 Mar, 2014

Manteniendo el horizonte (II)

Si bien es cierto que desde la privatización de Teléfonos de México no se había dado un conjunto de hechos tan relevantes para el sector de las telecomunicaciones como la determinación de preponderancia a los grupos preponderantes de las empresas relacionadas con Televisa y Telmex, también es un hecho que no se trata de un trabajo terminado.

Debe verse como un gran segundo paso, pero aún falta un larguísimo camino para romper con inercias y cotos de poder que crecieron irrefrenablemente durante más de dos décadas.

Las preocupaciones de algunos agentes económicos en su mayoría son comprensibles; sin embargo, parecería que algunas otras se están dirigiendo mal y eso podría generar problemas y decepciones en el futuro.

Así, es necesario entender que el IFT llegó tan lejos como podía y que algunos de los temas que le son calificados como faltantes, omisiones o incluso protección a los preponderantes no necesariamente les corresponden puesto que están en manos de los legisladores que, como dirían los clásicos, son el primer regulador del país.

Hay temas que han llamado mucho la atención como la discriminación on net-off net. Se ha desatado un gran debate en torno a si fue una omisión, protección al preponderante, si podrían corregir el camino o quién sabe cuántas cosas más.

Evidentemente se trata de una práctica indebida que genera el efecto comunidad a través del cual se desplaza indebidamente al resto de los competidores en detrimento de los consumidores quienes terminan quedando a merced de prácticas nocivas como las ventas atadas y sobreprecios cuando el mercado ha sido depredado por el preponderante.

Sin embargo, esta práctica ya había sido prohibida por la Cofetel desde 1998 sin que se tomaran medidas de apremio para evitarla. Lejos de eso, el efecto comunidad creció hasta convertirse en una forma de hacer negocio para el preponderante.

El organismo que encabeza Gabriel Contreras llegó hasta el máximo punto dentro de sus facultades y, ahora, la pelota regresó al terreno de los legisladores.

Podrá tener razón Javier Lozano cuando dice que el plazo para la regulación secundaria en las telecomunicaciones, que venció el 9 de diciembre, era imposible; sin embargo, han pasado tres meses sin que se comience formalmente la discusión sobre este tema.

Los más optimistas dicen que los legisladores deben hacer que el plazo valga la pena y que es necesario esperar. Otros más estamos convencidos de que se requiere un gran trabajo a través del cual se pongan por encima los derechos de los consumidores como ha sido el motivo de todas las reformas financieras emprendidas por la administración de Enrique Peña Nieto.

Competencia

La justa molestia por el incumplimiento del plazo autoimpuesto por los legisladores ha tendido una suerte de niebla sobre las competencias. Como el IFT tomó determinaciones hay quienes, incluso entre los legisladores, creen que todos los temas tenían que ser resueltos por un organismo que tiene entre sus atribuciones no sólo la administración de las leyes secundarias a la reforma de las telecomunicaciones (que todavía no existen) sino también la regulación secundaria a la Reforma de las Telecomunicaciones.

No debe olvidarse que el legislador decidió que la reforma a la competencia sería administrada por la Comisión Federal de Competencia Económica y en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación por el IFT, es decir, una sola ley administrada por dos entidades.

Temas como el bloqueo de teléfonos o aparatos exclusivos del preponderante; las prácticas monopólicas disfrazadas de facturación y cobranza; el bill and keep, así como muchas otras acciones indebidas deben ser atendidas primero en las leyes secundarias a la Ley Federal de Competencia Económica y de las Telecomunicaciones.

Legisladores

El espíritu que anima a todas las reformas estructurales del país en materia económica es generar una mayor competencia e incluso de ahí que el Presidente haya decidido presentar primero la ley secundaria a la Reforma a la Competencia Económica.

México es un país en el que los monopolios son comunes en casi todas las áreas de la economía y donde las prácticas en contra de los consumidores son tan frecuentes que parecerían socialmente aceptadas.

Los cambios promovidos por Peña Nieto y el Congreso de la Unión ponen al país ante una oportunidad verdaderamente única para dirigirnos hacia un nuevo paradigma a través del cual los consumidores tengan un poder real.

Las regulaciones secundarias a la competencia económica y las telecomunicaciones, lamentablemente pendientes, deben ser vistas como un paso definitivo en el camino que otros ya están andando.

Es momento de que los legisladores den el siguiente paso sobre el camino correcto que ya iniciaron. Es el tiempo correcto para que en el sector de las telecomunicaciones se pongan los derechos de los consumidores por encima del que puedan tener las empresas.

Los gobiernos deben servir a las mayorías y, obviamente, no son las empresas sino las personas.

Depredadores

La decisión del Gobierno de la Ciudad de México de suspender las operaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo es una decisión que pone los reflectores nuevamente sobre la corrupción e ineficiencia de la administración de Marcelo Ebrard, así como el contubernio con empresas favoritas como es el caso de ICA, la cual lleva muchos años involucrada en acciones que, de tan dudosas, ya se encuentran en la zona de la ilegalidad.

Se tiene que analizar el asunto en dos perspectivas diferentes: La primera es la decisión técnica de suspender la operación para hacer los arreglos necesarios y cortar las pérdidas y daños potenciales. La segunda es realizar investigaciones para determinar quiénes son los responsables de un proyecto que costó mucho más de lo que se había planteado y que, evidentemente, se hizo de una manera pésima donde mucho tiene que ver la empresa de la familia Quintana, que durante los últimos años se ha ido alejando vergonzosamente de los ideales de sus fundadores.

Desde este momento le podemos adelantar que los costos que tendrá para la cada vez más desprestigiada ICA podría incluso ponerlo en el camino del concurso mercantil y la quiebra.

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