Gastón Azcárraga, de empresario a prófugo de la ley

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo.- Gastón Azcárraga, actualmente buscado por la Interpol, tras ser acusado de lavado de dinero durante su gestión al frente de Mexicana de Aviación, fue uno de los empresarios más poderosos del país y sus negocios tuvieron un periodo de bonanza durante las administraciones del PAN.

En 2005, Azcárraga fue elegido por los 40 empresarios más prominentes del país, adheridos al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), como el nuevo líder de ese organismo para el periodo 2005-2007, en sustitución de Antonio del Valle.

En aquellos años era uno de los invitados más frecuentes en la comitiva que acompañaba al entonces presidente Vicente Fox en las giras internacionales, como “promotor” de sus negocios y de la inversión en México.

El ex propietario de Mexicana fue uno de los 100 empresarios más ricos y poderosos del país.

A principios de la década de los noventa tomó las riendas de Grupo Posadas y fue consejero de ING México, de Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR), Apasco y BBVA Bancomer.

Proveniente de una de las familias de empresarios más sobresalientes de México y heredero de Grupo Posadas, Gastón Azcárraga se ubicó en 1998 en el número 42 de la lista de millonarios de este país, con una fortuna superior a los cuatro mil 540 millones de pesos y un año después se coló al lugar 38, al tener activos que sumaban más de siete mil 600 millones de pesos.

Negocio redondo

Junto con un grupo de inversionistas, incluidos Gigante e Ixe, Gastón Azcárraga adquirió en 2005 Mexicana de Aviación en una operación por alrededor de 165 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), el mismo día en el que compró 95 por ciento de las acciones de Mexicana vendió 65 por ciento de ellas y la transferencia a personas físicas y diversas empresas le generó una ganancia de 140 millones de dólares.

Para junio de 2006, Mexicana formó el Fideicomiso 589, para contar con un plan de remuneraciones para sus empleados, por lo que se tomaron 198 millones de pesos y se transfirieron a una cuenta a nombre del instrumento financiero.

Según la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga, en esa fecha también se autorizó la venta de acciones de Grupo Mexicana a personas que no eran empleados de la aerolínea o de alguna de sus subsidiarias y, un año después de haberse constituido el fideicomiso, se detectó que el objetivo para el cual fue creado no se cumplió, de tal manera que se benefició de recursos extraídos de la compañía.

Tras estas investigaciones, la PGR solicitó la orden de aprehensión en contra del empresario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es considerado un fugitivo internacional, pues la Interpol emitió las alertas para su localización y detención en los 190 países que pertenecen a esta policía global.

Cabe señalar que desde 2011, los sindicatos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra presentaron al menos 12 denuncias contra Gastón Azcárraga.

La cacería inició en 2010

El 26 de agosto de 2010, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, dio luz verde a los directivos de los cuatro grupos aeroportuarios del país para demandar al ex presidente del Consejo de Administración de Grupo Mexicana, Gastón Azcárraga, así como al ex director de la empresa, Manuel Borja, por el impago de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) por un monto de 100 millones de pesos.

Los quejosos fueron el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que encabezaba el exsubsecretario de Transporte, Humberto Treviño; GAP, que dirigía Jorge Sales; Grupo Aeroportuario del Sureste, que presidía Fernando Chico Pardo, y OMA, que comandaba Bernardo Quintana Isaac.

Según fuentes cercanas a los procesos legales, “esta persecución parecía destinada a ocultar el interés del gobierno federal”, que era “impulsar” a inversionistas que le fueran afines en términos políticos y económicos, en vísperas de las elecciones de 2011 y 2012”.

Fuentes cercanas a la negociación sugirieron que los entonces titulares de la STPS y SCT hicieron una estrategia para, a través de Ixe, favorecer a Hildebrando Zavala, cuñado del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.