La titánica tarea de promover reformas estructurales

La necesidad de efectuar urgentes reformas estructurales —largamente postergadas por divergencias políticas en años anteriores— ha llevado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a acordar profundas modificaciones constitucionales, con todo y sus leyes secundarias; una tarea titánica de negociación política que apenas inició y lleva avances importantes, pero que aún está en proceso.

El rápido crecimiento de la población, que se ha duplicado en los últimos 40 años, ha llevado a México a alcanzar los 115 millones de habitantes, preponderantemente jóvenes, con la problemática que eso ha generado, obligando a importantes modificaciones legislativas, económicas y financieras.

Se suman a ello los recientes avances tecnológicos en materia energética, que harán de México uno de los países de más alta producción de hidrocarburos, debido a los descubrimientos recientes de las potencialidades mexicanas, por las “lutitas petrolíferas”, que abundan en nuestro país.

Pero por otro lado, enfrentamos la escasez de agua, espacio, tierras agrícolas fértiles, bienes naturales, recursos financieros con necesidades urgentes a satisfacer, como son la educación de millones de niñas y niños, y la construcción de infraestructuras diversas, como viviendas para familias que se forman con una gran rapidez. Todo lo anterior es una manifestación del tamaño de los retos y de la grandeza y potencialidades de nuestro país.

Pero para poder enfrentar el futuro con las respuestas que demandan los mexicanos, tenemos necesidad de adecuar nuestra capacidad legal y económica de actuar. De ahí las acciones que se están tomando.

En 2012–2013, se hicieron modificaciones constitucionales y de leyes secundarias en materia de educación. Igualmente, en 2013–2014, se iniciaron acciones constitucionales y de leyes secundarias, concluyéndose algunas, para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública; igual que ocurrió con la Reforma Financiera y la Reforma Hacendaria, que aún están en proceso de concluirse sus etapas secundarias.

Luego, en 2013–2014, se actuó sobre la reformas constitucionales en telecomunicación y radiodifusión, con avances importantes en sus respectivas leyes secundarias, igual que ocurrió con la reforma constitucional en materia de competencia económica.

Se están dando también avances importantes en la Reforma Electoral, en la consulta popular y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Igualmente, estamos a mes y medio que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso y, con ello, se cumpla el lapso de 120 días que establece la Reforma Energética para que el Poder Legislativo apruebe las leyes secundarias en la materia, según dicen los miembros del Senado de la República.

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna Groub, planteó recientemente que los 21 artículos transitorios de la reforma en cuestión implican “un nuevo modelo energético global, que no se limita al sector petróleo o eléctrico”, ya que también contempla aspectos relacionados con el ambiente y la seguridad.

Refirió que el paquete de leyes secundarias “contempla 29 ordenamientos de alta especialidad” y se mostró confiado en que el gobierno federal enviará una iniciativa “muy profesional a partir de la cual los senadores podrán tomar decisiones importantes para que el país avance”.

Al respecto, destacó que “en esa reforma constitucional, hubo una mayoría de dos terceras partes que quiso cambio y, con esa mayoría, podemos seguir realizando el cambio en la legislación secundaria”.

De acuerdo con el documento que elaboró el senador Penchyna, La Reforma Energética, los siguientes pasos, son siete los fundamentos del nuevo modelo energético mexicano: 1) que los recursos son propiedad de la nación; 2) el Estado es el rector de la política energética; 3) hay la existencia de vigorosas empresas productivas del Estado; 4) se cuenta con un sector abierto a la competencia; 5) la renta petrolera debe ser vista como palanca de estabilidad y desarrollo; 6) que es necesario actuar con responsabilidad a favor de la sustentabilidad del medio ambiente; y 7) que hay que actuar con transparencia y mejores prácticas.

Finalmente, concluye “sobre la intención de los partidos de izquierda de revertir la Reforma Energética mediante una consulta popular; hay que entender que se trata de una reforma blindada para garantizar certeza jurídica”.

Por lo tanto, “la consulta popular no aplica a reformas constitucionales. La única vía que existe para modificar el texto a cualquier artículo de la Constitución es mediante un nuevo procedimiento de reforma constitucional”, señaló.

*Presidente de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, A.C.

Twitter: @acanovelez