IFT, con recursos para su operación

CIUDAD DE  MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó al Senado que el fortalecimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que garantice la competencia en este sector tendrá un costo de dos mil 769 millones 800 mil pesos.

En un oficio enviado por el presidente Enrique Peña Nieto como parte del paquete de leyes y reformas en materia de telecomunicaciones, precisa que 719 millones 300 mil pesos estarán destinados a los salarios del personal del Instituto, mientras que dos mil 50 millones 500 mil pesos a los gastos que implicará su labor de supervisión y vigilancia.

“El impacto presupuestario derivado de la conformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Sistema Público de Radiocomunicación de México se cubrirá con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a dichos organismos”, explicó Jaime Hernández Martínez, director general de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda.

“No tiene impacto en los programas aprobados de la dependencia ni sus entidades, que continuarán conforme a lo programado; no habrá afectación a su presupuesto”, añadió.

Recordó que la iniciativa incluye nuevas atribuciones para el IFT “en materia de aplicación de sanciones, fortalecimiento de mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, así como actividades para garantizar la competencia”.

La discusión

El oficio de la SHCP acompaña el paquete de dos nuevas leyes, cambios a otras 10 y al Código Penal Federal, que ayer entró de manera oficial a comisiones del Senado para procesarla con una dinámica de comunicación y transparencia amplia.

“La Mesa Directiva estará cerca de los presidentes de las comisiones para emitir y publicar en sus páginas de internet cuál va a ser la mecánica del desahogo de las audiencias públicas sobre los diferentes temas y el debate”, explicó el presidente del Senado, Raúl Cervantes.

La propuesta establece que el IFT vigilará de manera trimestral y sancionará el incumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica que le hubiese impuesto a los agentes económicos preponderantes.

La iniciativa tiene el propósito de otorgarle al IFT las herramientas jurídicas para que mantenga el control de los agentes preponderantes y fomente la competencia, entre otros temas.

Debe garantizarse el servicio

El subsecretario de Comunicaciones de la SCT, José Ignacio Peralta, aclaró que la facultad del gobierno sobre cualquier empresa del sector, más que para apropiarse es para obligar al Estado a rescatarlas en caso de quiebra o problemas operativos, a fin de garantizar la continuidad del servicio.

Entrevistado por Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el funcionario explicó que “lo anterior fue un acuerdo surgido del Pacto por México, y tiene que ver con el hecho de que las telecomunicaciones y la radiodifusión se consideran servicios públicos de interés general; esto más que dar un derecho al Estado, genera una obligación”.

Expuso que si alguna empresa tiene algún problema económico, pudiera estar al borde de una quiebra o tuviera problemas operativos, el Estado debe hacer algo para garantizar el servicio en beneficio de los mexicanos.

Por otro lado confirmó que a más tardar el 31 de diciembre de 2015 debe quedar concluido el apagón analógico. “Nosotros estamos trabajando con los sectores de bajos recursos que serán los receptores, pero los transmisores deben trabajar con sus propios recursos. El tema de la competencia quedará en manos de un órgano regulador”, aseguró el funcionario.

Entrevistado también por Francisco Zea para Grupo Imagen Multimedia, Peralta dijo que “esta iniciativa cumple al pie de la letra con el espíritu y la filosofía de la reforma constitucional y creemos también firmemente que esta es la ley que necesita México para poder cumplir con los objetivos de política pública”.

Sobre la publicidad disfrazada de información dentro de los noticiarios y la supervisión de los contenidos que estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, y no bajo competencia del IFT, dijo que son diferentes visiones de construcción de una política pública.

Aseguró que en la propuesta la Secretaría de Gobernación juega un papel importante para regular el tema de los contenidos con base en una norma muy clara sobre todo generando una coordinación con el órgano regulador.