Infierno en penitenciarías de Brasil

En los últimos 20 años, la población de Brasil ha crecido en 30% mientras que las de sus prisiones y celdas policiales casi se ha quintuplicado, a 550,000
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Las penitenciarías brasileñas solo tienen espacio para alrededor de 300,000 personas. Foto: Especial
Las penitenciarías brasileñas solo tienen espacio para alrededor de 300,000 personas. Foto: Especial
Pies calzados con chancletas pasean por el piso de concreto húmedo. Con cada paso, el agua se enrojece hasta que la cámara se detiene en los cuerpos de tres prisioneros. Cabezas decapitadas yacen encima de dos de los cadáveres.
 
El video fue filmado en Pedrinhas, el mayor complejo carcelario en el estado norteño de Maranhao en Brasil, y publicado el 7 de enero por el periódico Folha de Sao Paulo. Las imágenes han hecho que muchos brasileños se den cuenta del infierno que se vive en sus prisiones.
 
Desde enero de 2013, al menos 218 reos han sido asesinados en 14 de los 27 estados de Brasil; los otros tres no revelan cifras. Docenas más han muerto en circunstancias sospechosas.
 
El grave hacinamiento es la raíz del problema. En los últimos 20 años, la población de Brasil ha crecido en 30% mientras que las de sus prisiones y celdas policiales casi se ha quintuplicado, a 550,000. Esa cifra es la cuarta más grande del mundo, detrás solamente de Estados Unidos, China y Rusia.
 
Oficialmente, las penitenciarías brasileñas tienen espacio para alrededor de 300,000 personas. Hay fondos federales para gastar en la construcción de prisiones extra, que en gran medida son operadas por los estados, pero solo pueden fluir después de que un proyecto es aprobado por una ciudad. Éstas son anfitriones renuentes, temerosas de que las penitenciarías atraigan el crimen cuando los prisioneros sean liberados y además desvíen recursos de otras obras públicas.
 
“Todos quieren hospitales y escuelas”, dice Antonio Ferreira Pinto, un ex secretario de seguridad en el estado de Sao Paulo. “Nadie quiere una prisión”.
 
El gasto en las prisiones federales cayó en 2012.
 
Brasil necesita celdas par albergar a criminales genuinos –  la tasa de asesinatos de la nación se mantuvo en 24.3 por cada 100,000 habitantes en 2012, más de seis veces más alta que la de Chile – pero realmente necesita menos presos. Lucía Nader de Conectas, un grupo defensor de los derechos humanos, atribuye un aumento en los prisioneros desde 2006 a una ley que despenalizó la posesión de drogas para uso personal pero endureció las penas para el tráfico. La distinción entre los dos se deja al agente que ejecuta el arresto.
 
“Un yuppie de piel clara que fume mariguana en la playa es un usuario y se le deja en paz”, dice Nader. “Un residente de piel oscura en una barriada que encienda un porro en la calle es un vendedor y mandado a la cárcel”.
 
Desde la introducción de la ley, el número de personas retenidas por traficar ha aumentado de 33,000 en 2005 a 138,000 en 2012.
 
Esta inundación de reos provoca dos cuellos de botella, dice Julita Lemgruber, una ex directora del departamento de prisiones de Río de Janeiro y ahora académica de la Universidad Cándido Mendes en la ciudad. A la “entrada”, 41% de todos los prisioneros languidecen en detención previa al juicio. 
 
Lemgruber y sus colegas encontraron que la mitad de los alrededor de 5,000 detenidos previo a juicio en Río, cuyos casos llegaron al tribunal en 2012, terminaron no recibiendo sentencias carcelarias. A la “salida”, mientras tanto, los convictos no se benefician de las leyes teóricamente de clase mundial de Brasil sobre la libertad condicional y las sentencias alternativas como el servicio comunitario.
 
Una escasez de asesoría legal para los prisioneros ayuda a explicar ambos cuellos de botella. La mayoría de los detenidos no pueden permitirse pagar abogados, y los defensores públicos escasean. El gobierno federal ha prometido enviar a un grupo de abogados para revisar el atraso de casos en Maranhao. 
 
No está claro cómo ayudará eso a las prisiones en otras partes, y quizá no estén a la altura del trabajo: Por cada fiscal público en el principal tribunal criminal de Sao Paulo, hay 2,500 casos pendientes.
 
Con demasiados prisioneros entrando y no suficientes saliendo, hay un infierno en medio. Teóricamente, las prisiones de Brasil son un modelo de modernidad. En la práctica, dice Marcos Fuchs del Instituto Pro Bono, otro grupo defensor de los derechos humanos, son medievales. 
 
En una penitenciaría de Sao Paulo que él visitó, 62 personas estaban hacinadas en una celda con cabida para 12, tomando turnos para dormir en el piso o reclinados contra una pared.
 
Según cifras oficiales, medio millón de reos recibieron atención de 367 médicos en 2012. Quince ginecólogos atendieron a 32 presas, muchas de las cuales usan pan para restañar el sangrado menstrual.
 
Pandillas criminales han llenado el vacío dejado por el estado. A cambio de lealtad y una cuota de membresía, las pandillas ofrecen protección, introducen a las familias para las visitas, aportan suministros – incluidas toallas femeninas – e incluso pagan abogados. También mantienen el orden, al menos hasta que surge un grupo rival. Un desafío a una pandilla establecida parece haber estado detrás de la violencia en Pedrinhas.
 
El código criminal de Brasil no incluye la pena de muerte ni la cadena perpetua. En teoría, cada reo saldrá de nuevo al mundo exterior. Sin embargo, lo hacen vejados, carentes de habilidades y aislados por la sociedad que tiene una actitud punitiva hacia los criminales. Eso eleva las tasas de reincidencia a más del 60 por ciento y comienza el horrible círculo de nuevo.
 
#kgb

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