Darío Celis

Tiempo de negocios

Darío Celis

31 Mar, 2014

Otro revés para Slim: le niegan la Atizapan-Atlacomulco y OHL ganón del gobierno

Para nadie es un secreto que tras el cambio de gobierno los principales agentes económicos viven una auténtica lucha por posicionarse de la mejor manera. Los llamados poderes fácticos mantienen una cruenta lucha por alargar su statu quo y conservar sus derechos adquiridos.

El ejemplo más claro se observa en el ámbito de las telecomunicaciones, infraestructura y energía: donde preponderantes como Televisa, de Emilio Azcárraga, y Carso, de Carlos Slim, cabildean para cerrarse mutuamente el paso. El gran árbitro es la Presidencia de la República.

En su primer año de gobierno Enrique Peña ha sabido administrar la animadversión de estos monopolios, dándoles entrada a unos negocios y vetándolos en otros. A la par, empuja un nuevo grupo de contratistas afines. El caso más elocuente es lo que sucede en Pemex.

Por lo pronto, este viernes el gobierno peñista adjudicó a OHL, la constructora que le hizo las obras de infraestructura más importantes de su administración en el Estado de México, la autopista Atizapán-Atlacomulco. Le había adelantado que la competencia con Slim era cerrada.

El 18 de marzo se abrieron las ofertas económicas y, de tres contendientes, sólo pasaron la empresa que capitanea aquí José Andrés de Oteyza e IDEAL. Al final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, dejó fuera a Coconal, de Héctor Ovalle.

Le platiqué en más de una ocasión que la Atizapán-Atlacomulco tiene 74 kilómetros. Implicará una inversión de unos nueve mil 350 millones de pesos. Su costo de obra andará por los cinco mil 900 millones y se espera un aforo de aproximadamente diez mil vehículos diarios.

En eso de las mejores contraprestaciones económicas a la SCT, IDEAL superó en todo a OHL, pero ni así ganaron. Los pupilos de Slim ofrecieron al gobierno federal un pago inicial que no incluye IVA por 610 millones 265 mil 777 pesos, contra uno de OHL por 530 millones de pesos.

Además, un costo de obra sin IVA por seis mil millones 699 mil 946 pesos, contra cinco mil millones 859 mil 939 pesos de OHL. Y un componente relevante: un capital de riesgo sin IVA de cinco mil millones 375 mil 219 pesos, contra uno de OHL por tres mil millones 94 mil 909 pesos.

Pero en el factor más importante, que es la tarifa por vehículo estándar y que en última instancia es lo que pagará el usuario por usar la vía, otra vez IDEAL superó a OHL: 140.60 pesos contra 148 pesos. Es decir, la gente tendrá que erogar un sobreprecio de ocho pesos.

¿Alguna duda de que OHL siga siendo beneficiaria del grupo Estado de México? La SCT entregó el mismo viernes a IDEAL las razones por las que consideró que su oferta resultó técnica y financieramente insolvente. ¿Será que se están curando en salud por lo de la Línea 12 del Metro?

Bien harían Ruiz Esparza y su gente en darlas a conocer públicamente.

P&G presiona

Fíjese que hace unos días renunciaron a Procter & Gamble, la multinacional que preside aquí Tomás Varela, un grupo de ejecutivos de primer nivel que se sumaron a Genomma Lab. La firma mexicana de Rodrigo Herrera, con presencia ya en más de 15 países, ofreció mejores condiciones laborales. Un tema de oferta y demanda en un mercado que, se supone, es abierto. Pero lamentablemente la reacción de la transnacional estadunidense no fue la más ética. Se sabe que hubo represalias incluso institucionales de utilizar toda su influencia ante la propia Secretaría de Salud para bloquear a Genomma Lab, con la que compite en los segmentos de productos para el cuidado y belleza. Y es que la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y de Relaciones Externas, Claudia Alicia Herreramoro Juan, resulta que es hija de la secretaria Mercedes Juan. Este escenario genera suspicacias debido a que se trata de una empresa global que se caracteriza por competir en todo el mundo. Además, seguramente la secretaria de Salud ni ha de estar enterada de esta situación, ya que se ha caracterizado por su honestidad y profesionalismo en el servicio público.

Yáñez integra

La noticia es que Amado Yáñez Osuna ya armó su equipo legal. Como le adelanté la semana pasada, uno es el fiscalista José Contreras, socio del despacho Contreras y Janeiro Abogados. También apunte a Fernando Martínez de Velasco, un avezado profesional especializado en litigio mercantil y civil, socio de García Velasco, Martínez de Velasco y De Luca. El todavía presidente de Oceanografía contrató ya a Roberto García como penalista. Este litigante trabajó 20 años en el bufete de Julio Esponda, Alberto Zinser y Fernando Gómez Mont. No hace mucho se independizó. Los tres abogados y sus respectivos equipos no la van a tener fácil. A Yáñez le cayó todo el peso del Estado. Va a ser un caso similar a los de Carlos Cabal y Jorge Lankenau.

Revés a Casita

Con la novedad de que un Tribunal Colegiado acaba de ordenar a los acreedores de Su Casita la restitución de Miguel Ángel Dávila como síndico de la quiebra de esta sofom. Fue designado a cargo del proceso en diciembre de 2012 por el Ifecom, que dirige Griselda Nieblas, pero fue destituido por los tenedores de Certificados Bursátiles de la serie SUCASITA 11 y otros prestamistas, como el banco holandés FMO, que representa a fondeadores alemanes, amén de BBVA-Bancomer, de Vicente Rodero, Banorte, de Alejandro Valenzuela, y la Sociedad Hipotecaria Federal, de Alberto Cano Vélez, quienes impusieron a Francisco Carrillo Gamboa. Dávila se amparó argumentando derechos humanos y su recurso ya prosperó.

Credifiel apoya

Credifiel, que dirige Leonel Cravioto, se acaba de sumar al programa de refinanciamiento de créditos de nómina para apoyo de los trabajadores afiliados al SNTE, anunciado en noviembre pasado por la SHCP de Luis Videgaray. Para este año se le tiene destinado un presupuesto de cinco mil millones de pesos. Se trata de la firma de un convenio de colaboración entre Credifiel y el Bansefi de Jorge Estefan Chidiac, para que los docentes que así lo decidan puedan liquidar sus créditos. Credifiel, adicionalmente, desde 2011 tiene como uno de sus accionistas a Crédito Real, de Ángel Romanos, otro fundador de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina, de Gustavo Martín del Campo, y que maneja una cartera superior a los 14 mil millones de pesos.

Bluecrest cierra

Después de cinco años de un encarnizado litigio, el fondo inglés Bluecrest puso fin al conflicto en contra de Entretenimiento de México (Emex), de Juan José y Arturo Rojas Cardona, dueños de los Casinos Palmas, y cuya deuda ascendió a 80 millones de dólares. La operación fue gracias a la venta de sus derechos litigiosos a una sociedad llamada Eisenmann Partners, de la que los Rojas también serían socios. Con ello Bluecrest cierra sus operaciones en México, a donde llegó en 2006 para financiar esta aventura que terminó llevando a concurso mercantil a Emex.

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