David Páramo

Análisis superior

David Páramo

2 Abr, 2014

Sean serios, por favor

Cuando era niño, Teléfonos de México era una paraestatal tan grande como ineficiente. Una casa que tenía teléfono aumentaba el precio de su renta, puesto que las líneas eran escasas y pasaban más de seis meses para que fueran conectadas.

Entre que se descolgaba el teléfono y se sabía si la llamada se conectaría pasaban, por lo menos, 45 segundos.

Vamos, eran tan malos que su publicidad oficial decía que el teléfono era para acortar distancias no alargar llamadas, una publicidad que sería equivalente a que este diario pidiera a los lectores que no lo compraran.

Como no había competencia, tampoco incentivos para su modernización. Una de las pocas cosas buenas que tuvo el sismo de 1985 fue que destruyó la central más antigua del mundo y Telmex tuvo que modernizarse.

La privatización, a principios de la década de los noventa, fue sin lugar a dudas un gran paso. Ciertamente se dio una mejora en la calidad del servicio; sin embargo, el país no logró dar el siguiente paso: No sólo privatizar, sino generar competencia.

La competencia, sin lugar a dudas, es el principal incentivo para dar más y mejores servicios en términos de calidad y precio.

Los errores de diseño que se cometieron en la creación de autoridades como la Comisión Federal de Telecomunicaciones a la que nunca se pudo deslindar de la ventanilla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como una serie de errores legislativos, permitieron un estado de cosas en el que la competencia no ha podido florecer. Mientras que en la década de los setenta se establecieron normas en prácticamente todo el mundo para las empresas monopólicas de comunicaciones, en México a penas se inicia con este camino.

A partir de la privatización la empresa fue tomando una posición monopólica con prácticas toleradas por diversas autoridades que simple y sencillamente han impedido que los consumidores tengan acceso a los mejores servicios en telecomunicaciones.

De acuerdo con la OCDE esta falta de competencia equivale a 1.8 del PIB o por decirlo de otra manera, de acuerdo con el plan energético del gobierno de Enrique Peña Nieto la reforma aprobada el año pasado representará 1% del PIB en 2018. Eso da una idea de la importancia de la Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones y las leyes secundarias, que comenzarán a debatirse a partir de hoy en el Senado de la República.

El grupo de iluminados del rencor asegura no explicarse las prisas que tienen el gobierno y los legisladores para llevar adelante esta reforma. Como están hoy las cosas en el sector de las telecomunicaciones, los únicos que se benefician son los que tienen una posición preponderante en contra de los consumidores. Los que tratan de retrasar las reformas y sus leyes secundarias están a favor de un puñado de mexicanos. Curiosamente hay medios de comunicación de izquierda que están metidos a la defensa de un monopolio y no a favor de las mayorías que supuestamente deberían ser su corazón.

Quienes tratan de descalificar esta discusión afirman que hay un acuerdo entre el PRD y el PAN para oponerse a esta Reforma, lo cual es total y absolutamente falso. En esos dos partidos políticos hay por lo menos división de opiniones.

Importancia

La reforma constitucional aprobada por la mayoría del Congreso es el paso más importante desde la privatización de Telmex en la década de los noventa.

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, suele decir que las decisiones tomadas por este instituto son lo primero relevante y con implicación inmediata desde la privatización de la telefónica.

A pesar de los amparos presentados por Telmex en contra de la resolución, las decisiones tomadas por el pleno del IFT son firmes y tienen aplicación inmediata. Ahí está la disminución de las tarifas de interconexión, que van en contra del efecto comunidad que ha desplazado a los competidores en la telefonía móvil. Hoy los consumidores tendrán que disponer menos recursos para tener acceso a este servicio.

Discusión

La Reforma Constitucional a las Telecomunicaciones y las regulaciones secundarias que puso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a consideración de los legisladores son la consolidación de un paso fundamental que tiene dos piernas: pone a los consumidores en el centro de la regulación y busca que todas las acciones sean en beneficio de las personas, y la segunda es que establece reglas asimétricas en las cuales se reconoce la diferencia de tamaños.

Esto permitirá el desarrollo de otras empresas a favor de los consumidores, en un país donde los servicios son malos, caros y escasos.

En lugar de las ridículas descalificaciones de los iluminados por el rencor, quienes guiados por fantasías, rencores personales, ambiciones desmedidas o, de plano, una gran corrupción han propalado una gran cantidad de mentiras.

Tienen una campaña tan absurda como permanente al decir que se trata de la ley Televisa 2 y a partir de ahí construyen una serie de conspiraciones según las cuales el Presidente traiciona a quién sabe quiénes, que las leyes secundarias van en contra de la Constitución y que en realidad se trata de una contrarreforma. Puras patrañas.

Nadie ha dicho que las leyes secundarias sean perfectas, como tampoco lo fue la reforma constitucional; sin embargo, tienen dos puntos fundamentales que son mucho más que suficientes.

En lugar de dinamitar el paquete de leyes secundarias, el país requiere una discusión mucho más seria e informada. En la cual se conozca qué intereses representa cada uno de los que opinan y su calificación para hablar sobre los temas.

Hoy comienzan los foros de análisis donde se conocerán por lo menos 50 voces que, ojalá estén informadas y documentadas. Los mexicanos requerimos un sector de las telecomunicaciones que no sea un lastre para el país, que exista una competencia efectiva y eficiente que permita cruzar la brecha digital, puesto que hoy los servicios de telecomunicaciones sean a la altura del país que aspiramos.

Hay urgencia, mucha, de transformar el país en un sector que representa un valor de más de 35 mil millones de dólares y en aumento. 

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