:quality(75)/media/dinero/images/2014/04/telecom30414g.jpg)
CIUDAD DE MÉXICO.- Iniciaron ayer los foros de análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el Senado de la República, donde dos temas surgieron para debatirse en el primer día: multas y control de datos que conlleven a la inseguridad.
Eduardo Ruiz Vega, representante de la CIRT, expuso que la nueva ley deberá brindar reglas claras y objetivas que redunden en certeza jurídica “para todos los que participamos en este dinámico sector de la economía nacional”, y añadió que el fomento a una competencia justa y equitativa derivará, sin duda alguna, en una mayor inversión en infraestructura de comunicación y, con ello, en beneficios palpables para la sociedad y el país en su conjunto.
Manifestó que la iniciativa de ley reglamentaria en telecomunicaciones y radiodifusión “debe tomar en cuenta la realidad que vive la radiodifusión de nuestro país”, pues al imponer sanciones con base en el nivel de ingresos, podrían obstaculizar la libertad de expresión y de información.
Durante el primer día también participaron Víctor Gutiérrez, presidente de la Canieti y José Antonio García, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, entre otros.
Entre los representantes industriales se manifestó preocupación por las medidas que propone la regulación secundaria en materia de seguridad, al permitir que los concesionarios entreguen información sobre las comunicaciones de sus clientes de telefonía a los ministerios públicos, algo que, pidieron, se debe afinar.
Piden ley secundaria flexible
La iniciativa de ley reglamentaria en telecomunicaciones y radiodifusión “no toma en cuenta la realidad que vive la radiodifusión de nuestro país”, al imponer sanciones con base en el nivel de ingresos desproporcionales frente a las telecomunicaciones, que incluso obstaculizarán la libertad de expresión y de información, advirtió Eduardo Ruiz Vega, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Al participar en el Foro de Análisis sobre las Leyes Secundarias en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que organiza el Senado de la República, Ruiz Vega exteriorizó la preocupación de la industria no sólo por la fórmula para el cálculo de las sanciones, sino que se advierten mayores riesgos en su aplicación por la naturaleza y de la condición con las que se prestan los servicios de radiodifusión.
Menor castigo
El representante de la CIRT comentó que “no está por demás señalar, señores senadores, que un pilar de la reforma constitucional consiste en ensanchar el ámbito de las libertades de expresión e información de los mexicanos. En este orden de ideas, consideramos, respetuosamente, que los criterios desproporcionales para sancionar a los medios radiodifundidos, deben ser vistos como un escollo contrario al ejercicio de esas libertades”.
Dijo que la industria considera necesario que en la regulación secundaria se incluyan normas flexibles para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones técnicas que permitan a todas las emisoras de radio AM migren a la banda de FM.
Asimismo, el representante de la CIRT señaló que se establezcan mecanismo que impidan que las emisoras públicas y sociales puedan comercializar sus espacios y que se incorporen medidas que garanticen las prórrogas de las concesiones y se eviten criterios de la autoridad.
Reunión
Durante el primer día del foro también participaron Víctor Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti); José Antonio García Herrera, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable; Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, así como los analistas Raúl Trejo Delarbre y Ernesto Piedras.
Entre los representantes industriales se manifestó especial preocupación por las medidas que propone la regulación secundaria en materia de seguridad, las cuales pueden resultar contraproducentes al permitir que los concesionarios entreguen información sobre las comunicaciones de sus clientes de telefonía a los ministerios públicos.
Costos
Asimismo, indicaron que cumplir con el mandato de almacenar información por dos años generará altos costos, lo cual repercutiría en la tarifa de los servicios de telecomunicaciones.
García Herrera, dijo que también preocupa que se proponga una sobrerregulación de los contenidos, misma que se pretende extenderla a la televisión de paga, lo cual aseguró que limitará la libertad de expresión.
Destacó que las sanciones son excesivas al representar hasta cinco por ciento de los ingresos.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión es una institución autónoma, de interés público con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro integrada por personas físicas que han obtenido del gobierno federal un título de concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión.
Tiene más de mil doscientas emisoras de radio y televisión afiliadas voluntariamente con presencia en todo el país.
