David Páramo

Análisis superior

David Páramo

10 Abr, 2014

#No sean ordinarios

Hoy se pueden contrastar de una manera verdaderamente dramática dos realidades que se viven en el sector de las telecomunicaciones.

Mientras que en el periódico La Jornada se publica un desplegado en el cual puede verse un puño rompiendo una televisión con la leyenda “no más poder” del Frente por la Comunicación Democrática (cualquier cosa que eso sea) y en el que invitan a su asamblea constitutiva el próximo viernes, el Instituto Federal de las Telecomunicaciones emitió un comunicado de prensa en el cual detalla los beneficios para los consumidores de la Reforma a las Telecomunicaciones.

El primero, encabezado por el mala paga Javier Corral, Cárdenas junior y una larga serie de ardidos porque no fueron convocados a los foros, mitoteros profesionales y uno que otro simple abajo firmante como Mony Sacha de Swaan, que sigue queriendo ser el protagonista que jamás logró ser como autoridad, repite una gran cantidad de mentiras.

Dice: “la iniciativa presidencial no promueve la competencia efectiva de los servicios de radiodifusión. Deja intocado al duopolio de la televisión abierta y le permite a Televisa seguir la concentración de frecuencias en televisión de paga”.

Sin detenerse en la pésima redacción hay que establecer algunas mentiras. El duopolio de la televisión abierta sólo existe en su cabeza. La reforma constitucional que aprobaron algunos otros como el senador mala paga se estableció que sólo Televisa es dominante.

Más allá, tanto en la reforma constitucional como en las acciones tomadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones no sólo obligan al preponderante en la radiodifusión a compartir su red y establece límites duros en la televisión de paga. Más allá, se establece la licitación de dos cadenas de televisión cuyo precio de referencia será conocido a más tardar el próximo miércoles.

El desplegado sigue diciendo entre otras mentiras que “pospone la transición a la Televisión Digital Terrestre indispensable para la competencia y pluralidad de la información”.

¿De dónde sacan esa afirmación? Pues de su mala lectura de todo. El plazo establecido en la Constitución es el último día de 2015. Lo que está tratando de hacer el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es que las personas de menores ingresos tengan acceso a una verdadera televisión digital y, además, cumplir con el principio de dotar a los mexicanos de un verdadero acceso a internet.

El trabajo que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, es cumplir con dos metas: el apagón analógico y el acceso a internet para los que menos tienen usando en buena medida la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad.

Dicen que el proceso no permite escuchar a todas las voces, puesto que se plantea que el lunes o martes después de Semana Santa esté dictaminada en comisiones y antes del 25 de abril sea aprobada por el pleno del Senado de la República, lo que daría algunos días para que los diputados hagan lo propio.

¿Cómo pueden defender esta posición si tipos como mala paga Corral fueron los que aprobaron que las leyes secundarias estuvieran listas antes del 9 de diciembre? Ese hecho evidentemente no se dio.

Una de las omisiones más curiosas es que no tocan con el pelo de una declaración es al otro preponderante en las telecomunicaciones. No hablan absolutamente nada del grupo de interés económico en torno a Teléfonos de México y puede inferirse de su texto que creen que a ese grupo económico le impusieron sanciones excesivas.

Se debe establecer, sin lugar a ninguna duda, que se trata de una estrategia facilona a través de la cual quieren centrar el debate en torno a la televisión abierta y operar a favor del otro preponderante. Se trata de una valuación de temas que bien podría considerarse como sospechosamente selectiva.

Luz

Mientras este grupo y sus idiotas útiles tratan de preservar un estado de cosas que sólo le conviene a los monopolios, hay datos duros de las propias autoridades que ellos dicen defender que están demostrando las bondades de la reforma constitucional que se fortalecen con las leyes secundarias que, como hemos insistido, requieren algunos ajustes para enriquecerse no para descalificarse.

El IFT emitió un comunicado con hechos concretos:

Recuerda la obligación que impuso a Telcel de cobrar roaming nacional en su propia red. Desde el punto de vista tecnológico era imposible justificar mantener esta situación que ya daba como servicio Movistar. Se trataba de un cobro monopólico a los consumidores.

Recuerda que también se le prohibió a esta empresa bloquear teléfonos, es decir, cuando el consumidor los pague serán de su propiedad y pueden ser llevados con cualquier otra compañía. Recuerdan que si los servicios fueron contratados antes del 6 de abril, Telcel tiene 90 días para realizar el desbloqueo de una forma gratuita en todos los casos.

En materia de facturación, el IFT establece que Telcel debe entregar facturas a sus clientes en las que separe el concepto de servicio de telecomunicaciones y el correspondiente a otros bienes y servicios, de tal modo que los conceptos puedan ser pagados de una manera diferenciada y que eso no obligue a la cancelación de los dos servicios.

Sobre las ventas condicionadas se prohibió a Telcel condicionar la provisión del servicio a la contratación de otro. Así un consumidor puede tener el servicio de internet en una compañía y el de telefonía en otro.

Una de las prácticas más abusivas que le prohíbe el IFT a Telcel es la dificultad para cancelar las líneas. Así la autoridad exige que se den las mismas facilidades para contratar que para cancelar.

Comparación

Si se hace una comparación entre la posición del frente del senador mala paga Corral y su frente con los hechos concretos que han sido producto de la reforma constitucional, queda claro que mientras ellos pretenden mantener el estatus quo hay otros que están interesados en los consumidores.

Las leyes secundarias no son de ninguna manera una contrarreforma sino, por el contrario, se trata de seguir avanzando sobre el camino trazado por la reforma constitucional.

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