Cadena de mentiras

La prensa que protege al dominante de las telecomunicaciones lanzó un nuevo reto en contra de las autoridades el miércoles pasado. Ahora el objetivo fue el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, como antes lo han sido la Presidencia de la Republica, empresas competidoras, legisladores y cualquiera que no está dispuesto a tragarse sus mentiras.

En algo que, con la mejor de las voluntades, podría calificarse como lamentable periodismo o que los fanáticos de las conspiraciones podrían calificar como una acción concertada, se repitieron básicamente dos mentiras:

Primera. Que el IFT había incumplido “el plazo constitucional” para anunciar las bases de licitación de lo que podrían ser la tercera y cuarta cadena de televisión abierta del país.

A partir de ahí construyeron cualquier cantidad de telarañas en las cuales hablaban de la debilidad del instituto, que preside Gabriel Contreras, hasta llegar a decir que Televisa los había doblado.

La base de estas “investigaciones” periodísticas era que el comunicado de prensa en el cual se informaba sobre las resoluciones del pleno salió a las 2:00 de la mañana del miércoles. En el propio texto queda claro que se refieren al pleno que se realizó un día antes.

Ahora bien. La primera mentira es que no existía tal obligación constitucional. En ninguna parte de la Constitución dice que el IFT tendría que poner las bases a más tardar el 15 de abril.

El plazo, que fue cubierto en tiempo y forma por el instituto, fue fijado por ellos mismos, es decir, ellos establecieron
la fecha y la cumplieron.

Segunda. Dijeron, en otro arranque de periodismo digno de la prensa del corazón, que la decisión no había sido por unanimidad. No faltaron los que aseguraron que esto sólo mostraba que había división en el pleno.

Sus “argumentos” eran que habían votado “sólo” seis de los siete comisionados y que eso mostraba división en el pleno. A partir de ahí hicieron otra cadenita de mentiras hablando sobre supuestas debilidades de la decisión y una supuesta debilidad en un IFT que ha sido particularmente sólido.

Lo que no se enteraron o no les convino saberlo y menos informarlo al público es que la comisionada María Elena Estavillo no asistió al pleno porque estaba fuera del país, representando al IFT en una reunión internacional de reguladores de las telecomunicaciones.

Los seis comisionados que asistieron votaron por unanimidad por una resolución que, desde muchos puntos de vista es la correcta, ya que disminuyen a la mitad el precio de entrada sobre el sugerido por la Secretaría de Hacienda.

Esta medida permite a los interesados destinar una mayor cantidad de recursos hacia la producción que, al final del día, es mucho más importante que el precio del Estado para generar competencia.

Reto

Quienes se esconden a través de supuestos organismos de la sociedad civil o tratan de armar sus ridículos Frentes en Defensa de las Telecomunicaciones o algo así, en el fondo están al servicio del preponderante en las telecomunicaciones en un abierto reto al Estado y las instituciones.

Creen, de un modo u otro, que existen monopolios buenos y, afectos a los iconos, hay empresarios monopólicos generosos, algo así como señores feudales y que se deben convertir en una versión del “tata”, pero ahora de la iniciativa privada.

Estos grupos tienen como figuras visibles a Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha confesado no ser experto en comunicaciones, (en que sí) pero que está seguro de que lo elaborado por expertos dentro del gobierno y la iniciativa privada está mal porque simplemente a él le parece.

Sin embargo, tiene a un hombre muchísimo más patético en Javier Corral. El senador mala paga le miente abiertamente a los ciudadanos al no revelar lo que, en el menos malo de los casos, es un conflicto de interés con Televisa, empresa que hace más de diez años trata de cobrarle por servicios que contrató y se ha negado a pagar con cualquier cantidad de mentiras.

Más allá, escribe manifiestos lamentables en los cuales dice que lanzaron su frente con mil 500 personas sentadas. Independientemente de que esta cantidad es ridícula comparada con su intención de crear una cadena humana entre Los Pinos y Televisa, como prometió para el próximo sábado (alguna vez Andrés Manuel López Obrador trató de hacer una cadena humana y con 10,000 personas cubrió menos de 800 metros, es decir, Corral y sus orates necesitarían algo así como un millón de personas. Sólo Malcom X lo hizo para algo verdaderamente importante).

Estos individuos son sólo el frente de un grupo de interés que abiertamente está enfrentado con las instituciones del Estado mexicano y, en particular, con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se trata de aquellos quienes creen que el haber comprado un monopolio del Estado les da derecho a no competir o no querer que se cambien las reglas del juego que durante décadas les han beneficiado no sólo en contra de sus competidores sino de todos los mexicanos.

Sin embargo, han topado con una pared que, según parece, no podrán derribar.

El Presidente de la República sabe que para transformar a la nación y crecer como ha sido una deuda desde hace tres décadas es necesario romper moldes.

Ejemplos hay muchos. De entrada, la forma en la que le gobierno impulso la Reforma Hacendaria a pesar de la abierta oposición de la iniciativa privada que, todavía hoy, sigue buscando que se hagan cambios a pesar del compromiso del gobierno de no modificar nada durante el resto de esta administración.

La forma en que se enfrentó a los corruptos sindicatos de la educación a favor de una reforma que, sin duda, beneficiará a los niños y contribuirá a crear un país mucho más prospero.

Quienes abiertamente desde el PRD ahora pretenden que la discusión de las reformas Energética y de Telecomunicaciones se posponga hasta septiembre lo hacen no sólo por mezquindad política sino para seguir favoreciendo al monopolio de las telecomunicaciones.

Esperan que la prórroga les abra espacio para que las presiones de su patrón termine doblando si no al Presidente de la Republica sí a los legisladores suficientes para convertir en letra muerta a las dos reformas estructurales más importantes del país.