Oda a la intrascendencia

Durante los últimos días los “opinadores” oficiales del sector de las telecomunicaciones han vuelto a generar otra tormenta en un vaso de agua, de ésas que tanto les gustan por la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de posponer la segunda fase del apagón analógico siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Para algunos ha sido el pretexto ideal en su campaña de golpeteo en contra del instituto que preside Gabriel Contreras. Les acusan de abdicar a favor de la SCT y una gran cantidad de barbaridades, que tienen como objetivo generar la impresión de que los comisionados del IFT no están a la altura.

Como hemos señalado en otras ocasiones, la mayoría de estos “expertos” no pasaron el examen para ocupar los cargos y, por lo tanto, no tienen calidad moral para cuestionar a quienes están mejor dotados que ellos.

Según ellos, los siete comisionados del IFT se sumaron a la conspiración del gobierno, según el cual el gobierno plantea una contrarreforma según la cual busca anular la Reforma a las Telecomunicaciones. Es evidente que eso sólo existe en su cabeza, que es una de las muchas fantasías que tanto daño le han hecho al sector de las telecomunicaciones.

Las leyes secundarias, que no han sido aprobadas por los legisladores, van en el mismo sentido que la reforma constitucional, de ahí que sea totalmente falsa esta conspiración.

Otra de las mentiras que han crecido a raíz de esta decisión es asegurar que no se cumplirá con el apagón analógico antes del último día de 2015, porque se decidió postergar la segunda fase.

Aquí es necesario hacer una serie de puntualizaciones.

Primera. Si se mueve el calendario de una fase ¿de dónde sacan que esto retrasaría todo? Quizá tratan de verlo como el inútil e indecente Mony Sacha de Swaan, quien fracasó rotundamente con la prueba de Tijuana, tuvo que ser rescatado por el gobierno federal y ahora lo presume como un “éxito” de su gestión.

Se trata de un ajuste que tiene que ver directamente con la posibilidad de que las personas, especialmente la de menores recursos, puedan tener acceso a internet. Se aplica un esquema en el cual se prefiere romper con las zonas geográficas, sino de coberturas.

Segundo. El tiempo es suficiente como para establecer nuevos parámetros de operación que, sin duda, beneficiarán más a las personas. Como le hemos explicado, la SCT decidió usar el cambio a la llamada Televisión Digital Terrestre como una herramienta de cumplir con un avance sustancial al internet, el cual es otro mandato de la dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza.

Complicaciones

Si se ven los reportes financieros de Televisa, Azteca e incluso América Móvil resulta que podrían surgir graves dudas sobre la reforma constitucional a las telecomunicaciones. Las tres firmas se vieron fuertemente afectadas en sus resultados al cierre del primer trimestre.

Hay quienes se preguntan con seriedad si realmente se está buscando impulsar la economía con esta reforma constitucional. Si se daña a empresas que, sea como sea, son grandes generadores de empleo y multiplicadores económicos habría que esperar a que otras se vieran beneficiadas, que nuevos competidores o los que se han visto limitados durante décadas tuvieran una muy importante recuperación en sus estados financieros, algo que tampoco sucedió.

Así que, valdría la pena preguntarse si se trata de una caída derivada de la reforma constitucional a las telecomunicaciones en sí misma o sólo se han podido aplicar algunas medidas nocivas para las tres empresas más grandes del sector que no derivan en beneficios objetivos.

Las afectaciones a las dos principales televisoras del país y el grupo preponderante en telefonía fija, móvil e internet tienen su origen en las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, a falta de una reglamentación secundaria, son estériles.

Es plausible la intención de sacar a los que están en una posición de privilegio, pero si después se generan condiciones de mayor competencia a favor de los consumidores.

La falta de regulación secundaria inhibe inversiones de otras empresas de telefonía fija y móvil porque no se conocen con claridad cuáles son las reglas del juego. Algo similar sucede con las licitaciones de cadenas de televisión abierta, puesto que si bien se dio un gran paso al disminuir el precio de entrada, también quedan una gran cantidad de lagunas que generan controversias entre los posibles interesados.

La pregunta que subyace es: ¿la reforma constitucional está mal hecha? Tiene defectos que, curiosamente trataron de cargarle al presidente Enrique Peña Nieto tipejos como el senador mala paga Javier Corral y su séquito de idiotas útiles; sin embargo, va claramente en el sentido correcto, porque pone a los consumidores en el centro de la regulación.

Los efectos positivos de la reforma no han llegado por la profunda irresponsabilidad de los legisladores, que no cumplieron el plazo del 9 de diciembre y siguen sin tener una regulación secundaria por las tácticas dilatorias de los perredistas amantes de los monopolios y de los panistas perdidos en sus caprichos.

Energía

Hay versiones según las cuales Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador están viendo cómo se roban la bandera de la Reforma Energética y la lucha en contra de uno de los cambios más importantes del país y a favor de los consumidores.

El primero siente que es el único que puede “defender” al petróleo, porque el junior cree que puede interpretar los designios de su padre. Reiteramos, suponiendo sin conceder, que la privatización petrolera hubiera sido una gran medida, eso fue hace prácticamente hace un siglo y no responde a la realidad nacional.

El otro, AMLO, sólo trata de encontrar un modo de mantenerse vigente en su obsesión de ser nuevamente candidato a la Presidencia de la República.

Ambos pelean por idiotas útiles como Alfonso Cuarón, quien ya olvidó que es director de cine y no experto en el sector energético como para exigir un debate. Seamos claros, los legisladores aprobaron la reforma constitucional y ahora trabajan en leyes secundarias, la cual debe ser una discusión de expertos a favor de la mayoría de los mexicanos.