Acuerdo final Fumisa-AICM

Alfonso Sarabia ha tenido que recorrer un camino verdaderamente largo para corregir los desórdenes y desmanes que dejó su antecesor en la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Héctor Velázquez, otro de esos conocidos del expresidente Felipe Calderón que fueron puestos en un cargo para el que simplemente no tenían capacidad.

Uno de los asuntos más complejos que “heredó” fue la disputa legal entre el AICM y Fumisa, dirigida por Ruffo Pérez Pliego, por el control de las áreas comerciales, de oficinas, pasillos telescópicos y uno de los estacionamientos de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino.

En esta columna señalamos que la mejor estrategia que podría seguir Sarabia era la de negociación y de un diálogo correcto, puesto que la serie de juicios y contrajuicios no sólo retrasaría más la solución que ambas partes estaban buscando sino que, además, implicaría un costo innecesario.

Las partes, fuera de los tribunales, mantuvieron una excelente negociación que les permitió llegar a un acuerdo a través del cual no únicamente se terminan los juicios, pues el convenio fue elevado a nivel de sentencia ejecutoria por el Juzgado 67 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sino que además logra que las partes tengan una salida en la cual ambas señalan que fue uno de esos acuerdos ganar-ganar.

La nueva administración del AICM contará con recursos suficientes para el mantenimiento y modernización de la terminal aérea. Fumisa, por su parte, obtuvo rendimientos adecuados por la inversión y el trabajo que durante la vida del contrato. Adicionalmente, no existe ningún veto o impedimento para que esta empresa participe en negocios futuros con ninguna institución pública o privada.

Se trata de uno de esos acuerdos que sólo demuestra que cuando hay voluntad y capacidad todas las partes resultan ganadoras.

Cero

Tanto en la reforma constitucional a las telecomunicaciones, como la legislación enviada por el Presidente de la República y el proyecto que elaboró la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, encabezada por Javier Lozano, establecen la obligación de exigir al preponderante a que cobre cero por la interconexión en sus redes.

Han surgido una gran cantidad de opinadores, de los que luego dicen que no son expertos en el tema o no revelan su conflicto de interés, que ven como ruinosa esta determinación, puesto que el preponderante dejaría de invertir en México y se llevaría sus recursos al extranjero (cosa que hace incluso antes de la reforma) por lo que se vería afectada la red. De hecho, diversos funcionarios de Telmex han señalado que no aceptarán de ninguna manera “regalar su infraestructura”.

Muchas de estas voces hablan desde el desconocimiento o sólo escuchando un discurso que se ha repetido excesivamente durante muchos años hasta convertirse en un paradigma que no es cuestionable, al menos eso piensan.

Otros más repiten, sin acudir a la fuente real, que hay documentos de la OCDE que se oponen a la tarifa cero, cuando en realidad este organismo ha señalado que en el caso de México sí se justifica por la elevada concentración de un solo agente económico.

En ningún país del mundo hay una empresa telefónica que tenga una concentración de 80% como sucede en nuestro país y de ahí que se deban aplicar medidas extraordinarias como las que implementó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con base en las atribuciones que le dio la reforma constitucional.

No debe hacerse ninguna comparación con mercados internacionales que han tenido una dinámica diferente, de ahí que se deban tomar medidas audaces y correctas para lograr un mejor sector.

Fundamento

Si se analizan las decisiones tomadas en el Pacto por México que derivaron en la reforma constitucional hay una lectura, cierta, sobre lo que realmente se debe entender. La llamada tarifa cero beneficia, por encima de todo, a los consumidores.

El corazón de esta reforma constitucional y sus leyes secundarias, así como de todas las reformas económicas aprobadas el año pasado y que siguen esperando una legislación secundaria es, precisamente, generar una mayor competencia por la vía de hacer mucho más parejo el suelo para todos los participantes.

Reconocer la diferencia que hay entre la infraestructura producto de la privatización y la que han podido desarrollar otras empresas, así como la manera en que los consumidores son afectados en sus intereses por esta situación que no puede ser comprendida por funcionarios menores de la UIT que, incluso, se oponen a las mejores prácticas internacionales y a lo que el preponderante ha exigido en otros países del mundo donde no tiene una posición de privilegio.

En lugar de perder el tiempo en la obviedad de analizar quién es el perdedor o seguir sus amenazas es indispensable tener claro que con la tarifa cero ganan los consumidores. La tarifa de interconexión propuesta en las leyes secundarias tiene como objetivo que los consumidores no paguen más por realizar llamadas hacia otras compañías, que no sean marginados dentro de una red y no de otra.

La tarifa de interconexión cero para el preponderante busca generar competencia, disminuir la concentración en los términos que ha sugerido la OCDE y eso beneficia a la economía en su conjunto, puesto que se dará una mayor competitividad a favor de todos los mexicanos.

La tarifa cero para el preponderante es uno de los pilares fundamentales tanto de la reforma constitucional como de las leyes secundarias, pues beneficia a los consumidores, a las empresas por medio de una mayor competencia y por lo tanto al país en su conjunto.

Sucios

Hay medios que han decidido establecer una guerra sucia en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, en particular, en contra de su presidente en algo que demuestra tanto su mala leche como su incapacidad para reconocer que por primera vez en la historia se trata de un órgano verdaderamente colegiado en el cual todos los comisionados tienen voz y voto.

Le acusan de incumplir con la obligación de establecer los requisitos para la concesión única y hasta les establecen plazos muy forzados cuando la realidad, pura y llana, es que como señaló el IFT no podrán tomar esa determinación en tanto no haya legislación secundaria.

Curiosamente esos mismos medios son los que fomentan a los grupos como el del senador mala paga Javier Corral que tratan de bloquear la reforma a favor del preponderante.